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Economía | 12/12/2025   23:23

|OPINIÓN|Bolivia y su fracasado pacto fiscalIVladimir Ameller|

El pacto fiscal fue un fracaso y no vale la pena repetir la fórmula. El gobierno del Presidente Paz tiene la gran oportunidad de recuperar y fortalecer una autonomía genuina y el tránsito a un régimen federal bajo otro enfoque.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, propuso en campaña electoral un nuevo pacto fiscal. Foto ABI. Archivo.
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Brújula Digital|13|12|25|

Vladimir Ameller 

Durante el período 2015 - 2018, el gobierno de Evo Morales impuso la realización de un pacto fiscal. Este pasará a la historia como la más evidente confusión entre el concepto y el defecto. Paradójicamente, un gobierno ajeno y distante con las autonomías, forzado por las disposiciones finales de la Constitución Política del Estado, organizó uno con la información obtenida tres años después de la realización del Censo Nacional de Población del año 2012.

De bajo perfil y evitando escenarios incómodos para la siempre centralidad manifiesta del Movimiento al Socialismo, el 11 de febrero del año 2015, se presentó la propuesta para cumplir con el mandato constitucional, instrumentalizando al Consejo Nacional de Autonomía (CNA) y definiendo políticamente una composición favorable al propio gobierno para privilegiar la participación de actores de la línea oficialista en el conjunto de los 5 ministros, 5 autoridades indígenas, 5 alcaldes, 9 gobernadores y un representante de la autonomía regional.

Bajo un escenario controlado durante 3 años y 7 meses, con 11 resoluciones del CNA (donde 7 de las 11 fueron para tratar el reglamento del consejo y de debates del pacto fiscal), y bajo una metodología diseñada por el Servicio Estatal de Autonomías, concentrándose en los aspectos accesorios a un verdadero diálogo político. 

A pesar de la amplia y variadas experiencias exitosas en materia de pactos fiscales en el mundo, como las de Guatemala, Chile, Australia, entre otros, tristemente el pacto fiscal boliviano finalizó el 7 de septiembre del año 2018 sin resultados que valga la pena mencionar. 

Hoy, más de 7 años de su conclusión, muy pocos recuerdan que hubo uno, y otros a partir de estas líneas acaban de enterarse. Con escasa fortuna Bolivia tuvo su pacto fiscal sin ninguna consecuencia o medida con efecto en las finanzas públicas y las relaciones fiscales intergubernamentales.

El pacto fiscal fue un fracaso y no vale la pena repetir la fórmula. El gobierno del Presidente Rodrigo Paz tiene la gran oportunidad de recuperar y fortalecer una autonomía genuina y el tránsito a un régimen federal bajo otro enfoque; uno de evaluación inicialmente y luego metodológica y conceptualmente mejor concebido. Especialmente en un momento de dificultades fiscales y financieras del conjunto del Estado y de sus gobiernos autónomos, sin la posibilidad material de identificar recursos adicionales y con la amenaza de seguir administrando exiguos presupuestos para los próximos años.

No es necesario ni vale la pena repetir el error. Otro será el camino si se trata de ponerse de acuerdo sobre los aspectos centrales de una política fiscal y el financiamiento del régimen autonómico que establezca áreas prioritarias, competencias, mejores desempeños y esquemas abiertos de acceso a mayores recursos sobre la base de la responsabilidad, el esfuerzo, la eficiencia y la sostenibilidad fiscal.

El pacto fiscal fallido es otra evidencia del adormecimiento al cual fue sometido el régimen de autonomías y que ahora es objeto de una sobre-expectativa desproporcionada de los actores autonómicos para esperar más recursos que alimenten sus presupuestos, y perpetuar un modelo de gestión pública heredado que muestra señales evidentes de agotamiento y extravío respecto de su génesis.

En materia de descentralización y autonomías, no olvidemos que el bien mayor se trata de cómo organizar al Estado para que aquellos temas que requieren agenda política, agenda de políticas públicas y medidas, de corto y largo plazo; sean para recuperar, esencialmente, que en cada jurisdicción donde exista población demandante, una autoridad del Estado los escuche, atienda, y disponga de las condiciones y capacidades para cubrir las necesidades más apremiantes de la manera más oportuna y eficiente respecto de aquellas provenientes de las decisiones de la plaza Murillo y sus alrededores.



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