Las políticas de Milei, a menos de dos meses de Gobierno

Las políticas económicas de Milei se conocen comúnmente como de shock. Abogan por cambios radicales en las variables económicas a través de la liberalización del mercado. El objetivo es que la producción y el empleo aumenten gradualmente permitiendo que las fuerzas del mercado operen sin restricciones. Anteriormente, en gobiernos que lo precedieron, se promulgaron políticas que regulaban casi todo, como alquileres, tasas de interés, procedimientos de distribución de beneficios laborales y tipos de cambio. En otras palabras, desde el “decretazo” de Milei se han levantado ciertas regulaciones que rigen la economía monetaria y financiera, que es la que coloca dinero en bancos, instituciones financieras y en manos del público en general. Esas regulaciones afectan también a la economía real: la que produce y vende bienes y servicios. Las medidas también fomentan la privatización de empresas estatales.

Las decisiones anunciadas reflejan directamente las promesas electorales del presidente Milei. Son parte de un decreto de emergencia descrito en 366 normas que –en función de las negociaciones con las fuerzas opositoras– pueden ser total o parcialmente revocados.

El tipo de cambio paralelo será volátil en los próximos meses, con altibajos antes de estabilizarse, así como aumentos de precios incontrolablemente altos y pérdidas de empleos a medida que muchas instituciones públicas cierren. Aunque se ampliaran algunos servicios públicos, más de la mitad de la población argentina seguirá empobrecida.

La gran esperanza del Gobierno argentino es que los precios se estabilicen durante el próximo año o dos, (incluido el del dólar, que se convertirá en el medio de cambio oficial); también espera que la producción logre aumentos significativos hasta el punto en que las empresas argentinas puedan competir en el mercado global. Sin embargo, no será fácil. Tampoco reducir la pobreza mediante las medidas fundamentales de liberalización actuales es tarea sencilla y requerirán esfuerzo y tiempo y mucho más que libertad en los mercados. La política libertaria no acepta eso por principio doctrinario.

El concepto de Estado mínimo ejemplifica la filosofía libertaria que impregna el actual Gobierno de Argentina. Esto implica que el Estado se reducirá como resultado de la privatización de las empresas estatales y la eliminación de nueve de los dieciocho ministerios anteriores. Con el mantenimiento temporal de ciertas transferencias a sectores empobrecidos para apoyar el transporte y la alimentación, el Estado de bienestar asumirá su forma más básica. Las reformas de los contratos laborales que eliminan los beneficios laborales siguen la lógica de la misma filosofía libertaria.

El impacto más significativo que anticipo es una mayor congestión social debido a las medidas implementadas. Puede tener un impacto en los mercados si hay bienes disponibles, pero los ingresos son insuficientes para satisfacer el nivel de consumo deseado por la población. El rechazo social tiene el potencial de crear una respuesta poderosa y convulsiva. Si esta llega a puntos críticos, la represión tenderá a empeorar y el Estado puede llegar al autoritarismo, que conduce a formas más severas de represión.

Primero, el presidente Milei emitió un decreto de emergencia que contenía medidas para cambiar importantes ámbitos económicos y sociales e implementarlas sin consultar al Congreso. Si se logra que la inflación se mantenga bajo control –aspecto que no se vislumbra todavía– las consecuencias políticas de las reformas se mitigarán, particularmente si la clase media actúa como freno y respalda las duras medidas de Milei. Anteriormente, distintos congresos dieron tiempo para que se implementaran los programas de los nuevos presidentes. Esta actitud puede fortalecerse o debilitarse en la medida y en proporción de la reacción social a las políticas impulsadas por Milei.

Las políticas encaminadas a liberalizar el comercio, tanto a nivel interno como internacional, ayudarán a Bolivia a cumplir con las obligaciones asociadas con sus exportaciones (en particular, gas y banano). Incluso el hecho de que muchos políticos bolivianos aspiren a las posiciones y discursos radicales de Milei es, en mi opinión, el impacto más significativo que han tenido sus métodos hasta la fecha. Se levantarán las restricciones impuestas por la gendarmería argentina en la frontera con Bolivia. Los precios de los bienes importados legal e ilegalmente en Bolivia, como el vino, el maíz y los alimentos manufacturados, aumentarán, lo que influirá en el consumo de esos productos. Sin embargo, su influencia es insuficiente para tener un impacto discernible en la tasa de inflación de Bolivia.

Las acciones que se toman en Argentina con relación a las empresas estatales son una respuesta a la idea derechista de que, por su naturaleza pública, no tienen potencial para volverse productivas y su privatización debería ser un hecho obvio.

Habrá numerosas violaciones de los derechos humanos en la medida que sus políticas se implementen y si el Gobierno está obligado a desatar una represión extrema. El derecho de propiedad será el más respetado, aunque ello signifique violar otras normas sociales. De todos modos, debería haber una reducción significativa de la corrupción dentro del aparato estatal y de las empresas privadas que se beneficiaron de la codicia de los funcionarios públicos. El sistema de castas no se origina en la imaginación de Milei: está presente en Argentina (y en otros países, incluido Bolivia) y será el enemigo principal en el previsible futuro.