Voz ciudadana | 16/01/2025
Las elecciones 2025 pueden ser más íntegras, libres y transparentes
Sandra Verduguez
Lo sucedido en 2024, que derivó en unas elecciones judiciales parciales por el prorroguismo de algunos magistrados del Tribunal Constitucional, nos lleva a pensar que, de aquí en adelante, ningún proceso electoral está libre de manipulación mientras estas cinco personas sigan ejerciendo indebidamente esos cargos. Bolivia está gobernada por jueces inescrupulosos y es deber de la ciudadanía reflexionar sobre los efectos de esta ilegalidad.
Hasta hace poco, las elecciones aún daban la sensación de vivir en democracia y de ser un espacio ciudadano en el que podíamos participar a través del voto. Ahora, con incredulidad y hasta enojo vemos que nuestra participación puede ser utilizada por intereses políticos. Y que no confunda el porcentaje de participación que da el organismo electoral porque muchos bolivianos, decepcionados por lo que sucede, votaron para evitar dificultades con el banco y no lo hubieran hecho si no fuera obligatorio.
Ante esto, ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos? ¿Tomar acciones que apoyen a recuperar el valor de las elecciones? ¿O mirar lo que pasa de forma pasiva, dejando que nuestros derechos civiles y políticos se pisoteen? Está claro que, para esto, el árbitro (el Tribunal Supremo Electoral) debe ser el primero en hacer valer su independencia y atribuciones frente al abuso de los 5 del Tribunal Constitucional, tarea nada fácil para siete vocales que no logran confianza desde el electorado y deben demostrar que son capaces de administrar las desafiantes elecciones generales de agosto próximo.
Mientras tanto, como ciudadanos, es fundamental comprender con más interés cómo se organizan las elecciones para sugerir mejoras que fortalezcan su libertad, legalidad y transparencia. Venciendo una cómoda indiferencia que se gratifica con reclamos inocuos, existe la posibilidad de trabajar en espacios en los que se puede fortalecer el proceso durante su organización (periodo pre electoral) y en el día de las elecciones (jornada electoral).
En primer lugar, está la exigencia ineludible de que se implemente el sistema de transmisión de resultados preliminares; el organismo electoral tiene el tiempo necesario para trabajar en los procesos informáticos necesarios, en capacitar convenientemente a los notarios electorales, garantizar la disposición de teléfonos celulares con la capacidad necesaria y asegurar su presencia en los simulacros (aspectos observados por la OEA en 2020). Ya no debería haber excusas.
Con la nueva ley de escaños aprobada viene la delimitación de circunscripciones uninominales, para lo cual se debe mejorar el reglamento y corregir la desviación poblacional máxima permitida, ya que en algunas circunscripciones ha sido catalogada como extremadamente amplia. El OEP debe desarrollar directrices claras y transparentes sobre estos procedimientos e involucrar en el proceso a la sociedad civil, instituciones académicas y a organizaciones políticas con personería jurídica para que los criterios técnicos tengan más peso que los políticos.
En el marco de la transparencia activa, el TSE debería implementar la práctica sencilla de dotar a los jurados de una copia adicional del acta (con elementos de seguridad) para que sea expuesta públicamente en los recintos electorales, tal como se hace en otros países; esto evitaría que jurados, notarios y policías mal informados impidan el derecho ciudadano de tomar fotos al Acta. Adicionalmente, las fotos tomadas por observadores ciudadanos -sin filiación política y acreditados por el mismo organismo electoral- deberían tener validez en caso de surgir la necesidad de resolver controversias.
Otro de los grandes retos es capacitar y motivar adecuadamente a todos los jurados electorales -no solo en las ciudades- para que cada uno de ellos tenga la capacidad de garantizar la independencia del voto y ser solvente en el escrutinio y cómputo. Asimismo, es fundamental revalorizar su papel como autoridad durante la jornada electoral. Relacionado con esto, las organizaciones políticas deben preparar a sus delegados; su presencia no es útil si no entienden su papel y sus atribuciones desde la norma.
Finalmente, el Tribunal Supremo Electoral debe considerar las recomendaciones de la observación nacional y analizar sus informes en Sala Plena para ser coherentes con las exigencias de acreditación de su reglamento de observación y acompañamiento electoral. Y, en el marco de la rendición de cuentas, las recomendaciones presentadas por estas misiones deberían recibir una respuesta respecto a las razones de su implementación o exclusión en el siguiente ciclo electoral.
Estas recomendaciones fueron trabajadas por la Fundación Jubileo con el apoyo de expertos electorales y pueden ser incluidas en los reglamentos que serán actualizados para las elecciones generales de 2025. Sólo hace falta voluntad política y responsabilidad de las autoridades electorales para recuperar la confianza del electorado.
Sandra Verduguez es comunicadora social.
Hasta hace poco, las elecciones aún daban la sensación de vivir en democracia y de ser un espacio ciudadano en el que podíamos participar a través del voto. Ahora, con incredulidad y hasta enojo vemos que nuestra participación puede ser utilizada por intereses políticos. Y que no confunda el porcentaje de participación que da el organismo electoral porque muchos bolivianos, decepcionados por lo que sucede, votaron para evitar dificultades con el banco y no lo hubieran hecho si no fuera obligatorio.
Ante esto, ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos? ¿Tomar acciones que apoyen a recuperar el valor de las elecciones? ¿O mirar lo que pasa de forma pasiva, dejando que nuestros derechos civiles y políticos se pisoteen? Está claro que, para esto, el árbitro (el Tribunal Supremo Electoral) debe ser el primero en hacer valer su independencia y atribuciones frente al abuso de los 5 del Tribunal Constitucional, tarea nada fácil para siete vocales que no logran confianza desde el electorado y deben demostrar que son capaces de administrar las desafiantes elecciones generales de agosto próximo.
Mientras tanto, como ciudadanos, es fundamental comprender con más interés cómo se organizan las elecciones para sugerir mejoras que fortalezcan su libertad, legalidad y transparencia. Venciendo una cómoda indiferencia que se gratifica con reclamos inocuos, existe la posibilidad de trabajar en espacios en los que se puede fortalecer el proceso durante su organización (periodo pre electoral) y en el día de las elecciones (jornada electoral).
En primer lugar, está la exigencia ineludible de que se implemente el sistema de transmisión de resultados preliminares; el organismo electoral tiene el tiempo necesario para trabajar en los procesos informáticos necesarios, en capacitar convenientemente a los notarios electorales, garantizar la disposición de teléfonos celulares con la capacidad necesaria y asegurar su presencia en los simulacros (aspectos observados por la OEA en 2020). Ya no debería haber excusas.
Con la nueva ley de escaños aprobada viene la delimitación de circunscripciones uninominales, para lo cual se debe mejorar el reglamento y corregir la desviación poblacional máxima permitida, ya que en algunas circunscripciones ha sido catalogada como extremadamente amplia. El OEP debe desarrollar directrices claras y transparentes sobre estos procedimientos e involucrar en el proceso a la sociedad civil, instituciones académicas y a organizaciones políticas con personería jurídica para que los criterios técnicos tengan más peso que los políticos.
En el marco de la transparencia activa, el TSE debería implementar la práctica sencilla de dotar a los jurados de una copia adicional del acta (con elementos de seguridad) para que sea expuesta públicamente en los recintos electorales, tal como se hace en otros países; esto evitaría que jurados, notarios y policías mal informados impidan el derecho ciudadano de tomar fotos al Acta. Adicionalmente, las fotos tomadas por observadores ciudadanos -sin filiación política y acreditados por el mismo organismo electoral- deberían tener validez en caso de surgir la necesidad de resolver controversias.
Otro de los grandes retos es capacitar y motivar adecuadamente a todos los jurados electorales -no solo en las ciudades- para que cada uno de ellos tenga la capacidad de garantizar la independencia del voto y ser solvente en el escrutinio y cómputo. Asimismo, es fundamental revalorizar su papel como autoridad durante la jornada electoral. Relacionado con esto, las organizaciones políticas deben preparar a sus delegados; su presencia no es útil si no entienden su papel y sus atribuciones desde la norma.
Finalmente, el Tribunal Supremo Electoral debe considerar las recomendaciones de la observación nacional y analizar sus informes en Sala Plena para ser coherentes con las exigencias de acreditación de su reglamento de observación y acompañamiento electoral. Y, en el marco de la rendición de cuentas, las recomendaciones presentadas por estas misiones deberían recibir una respuesta respecto a las razones de su implementación o exclusión en el siguiente ciclo electoral.
Estas recomendaciones fueron trabajadas por la Fundación Jubileo con el apoyo de expertos electorales y pueden ser incluidas en los reglamentos que serán actualizados para las elecciones generales de 2025. Sólo hace falta voluntad política y responsabilidad de las autoridades electorales para recuperar la confianza del electorado.
Sandra Verduguez es comunicadora social.
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