La paradoja de la democracia: exigimos transparencia, pero no participamos

En Bolivia vivimos una gran paradoja. Todos pedimos elecciones limpias, íntegras, árbitros imparciales, eficientes y resultados confiables, pero cuando llega el momento de elegir justamente a quienes deben garantizar todo eso –los vocales del Tribunal Supremo Electoral– la mayoría de la gente ni sabe cómo se los designa ni le interesa seguir el proceso. Queremos transparencia, pero no participamos en la construcción de esa transparencia.

El Proyecto de Ley 213, Ley transitoria de selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral –ya aprobado en el Senado– acelera, sin explicación, la designación de nuevas autoridades. El procedimiento es breve, con plazos de apenas días para revisar documentos, presentar observaciones o impugnar candidaturas. Ya hemos vivido esto antes y, en teoría, funciona: hay espacio para la participación ciudadana (aunque en la práctica es mínima y suele reducirse a informes o cartas que rara vez son consideradas); existe independencia política, tanto de los encargados del proceso como de los postulantes (aunque es difícil pensar que los miembros de las comisiones no respondan a intereses partidarios, y que el certificado de no militancia otorgado por el TSE contemple el historial completo de afiliación política de los postulantes); y hay una supuesta objetividad en la evaluación meritocrática (aunque se ha visto que no existen parámetros técnicos claros para calificar a los candidatos). Eso entre otras cosas.

Podríamos seguir enumerando defectos e incongruencias entre los reglamentos aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Constitución Política del Estado en la selección de altos cargos, pero ese no es el objetivo de esta columna; lo que se busca es reflexionar sobre la indiferencia ciudadana.

¿Por qué la gente no se involucra? Una de las principales razones es el desconocimiento sobre cómo se eligen altos cargo como los de los vocales electorales. No se difunde información clara sobre quiénes son los seleccionan, cómo se los evalúa ni qué criterios se aplican para su designación. ¿Quiénes deberían informar y orientar sobre esto? ¿En manos de quién está la responsabilidad de que exista mayor acceso a la información y una cultura democrática mínima en la ciudadanía? Lo cierto es que los actuales vocales del TSE concluyen su mandato en diciembre y, en medio de este desconocimiento, el proceso para designar a quienes los reemplazarán está pasando desapercibido, eclipsado por la urgencia de la segunda vuelta electoral. Esto implica riesgos importantes, no solo para las elecciones subnacionales del próximo año, sino también para las elecciones generales de 2030.

¿Qué deberían saber los electores? Al menos que, desde la Constitución de 2009, los vocales del TSE son designados por dos tercios de la Asamblea Legislativa, luego de un proceso de selección a cargo de la Comisión Mixta de Constitución. Pero también deberían saber que estos procesos, regulados por un Reglamento (como el actual PL 213), no han dado buenos resultados en los últimos años. Así lo evidencian diversos informes de veeduría, como los elaborados por la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia, que han documentado con detalle problemas de falta de independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia.

¿La ciudadanía está al tanto de que se pretende aplicar otra vez estos mismos reglamentos para elegir a los nuevos vocales? ¿Conoce los riesgos que esto implica? Probablemente no. Y el resultado es preocupante: una ciudadanía que exige, pero no acompaña; que reclama transparencia, pero se desconecta en los momentos clave y emite juicios peligrosos cuando los resultados no coinciden con sus expectativas.

Esa apatía es peligrosa, sobre todo en un contexto de crisis política y segunda vuelta electoral. Porque si no participamos ahora, será más fácil dudar luego de los árbitros, cuestionar los resultados y alimentar nuevas crisis de confianza.

La pregunta es simple: ¿de qué sirve quejarse de los resultados si dejamos que otros, sin control social, elijan a quienes los administran? La democracia requiere más que indignación en redes sociales o reclamos desde la comodidad del hogar; exige vigilancia, presión ciudadana y un interés mínimo por entender los procesos institucionales.

No se trata de que todos nos volvamos expertos en leyes, pero sí de comprender lo esencial: cómo se designa a los vocales del TSE, qué funciones cumplen y por qué su independencia y probidad son la garantía de que nuestro voto sea respetado. Si no lo sabemos, si no lo exigimos y si permitimos que estas autoridades sean elegidas bajo las mismas prácticas que han debilitado la institucionalidad democrática del país, corremos el riesgo de repetir la historia: elecciones cuestionadas, árbitros deslegitimados y un país atrapado en la desconfianza.

La paradoja está a la vista: exigimos transparencia, pero permanecemos al margen. Y en esa ausencia, la política de siempre –en un escenario de múltiples crisis y de transición– llena el vacío con más de lo mismo.

La única forma de romper este círculo es asumir que la democracia no se defiende sola, necesita ciudadanos que vigilen, pregunten y participen, incluso en los procesos que parecen más lejanos o aburridos. Porque, al final, lo que está en juego no son solo cargos en el Tribunal Electoral; está en juego el respeto del voto ciudadano y la estabilidad de la democracia, ahora y en los años por venir.

Sandra Verduguez es comunicadora social.