¿Cuál podría ser la principal diferencia entre este gobierno y el anterior? Que se respete la Constitución Política del Estado (CPE) sin discursos ni justificaciones de ningún tipo.
Bolivia intenta salir de una etapa en la que, en nombre de los derechos humanos o de causas ideológicas, se vulneraron sistemáticamente las normas. Lo hemos visto durante años y la población, en muchos casos, ha permanecido callada o impotente frente a ello.
Entre las muchas tareas pendientes está la designación y selección de nuevos vocales electorales. Y, en ese marco, sugerir que el proceso de selección y designación de vocales electorales se reduzca al tratamiento de ternas no solo vulnera de manera flagrante la CPE, sino que significa retroceder y repetir las prácticas de los últimos 20 años.
La reciente sugerencia del expresidente Tuto Quiroga, de que el titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) proponga ternas para la designación de nuevos vocales, refleja el riesgo de volver a las prácticas del pasado, debilita la institucionalidad democrática que queremos reconstruir y sugiere que el discurso de “recuperar la institucionalidad” era un simple argumento para ganar votos
El Artículo 206 de la CPE establece con claridad que seis vocales del Tribunal Supremo Electoral deben ser designados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el voto de dos tercios de los miembros presentes, mientras que el séptimo vocal corresponde al Presidente del Estado. La norma también garantiza la equidad de género y la representación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
El proceso de selección debe realizarse bajo un Reglamento aprobado por la ALP, guiado por los principios de transparencia, equidad, legalidad, probidad e independencia. Sin embargo, la experiencia demuestra que en los últimos años estos principios no siempre se han cumplido, lo que ha derivado en impugnaciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por vulneraciones a la CPE o a estándares internacionales para este tipo de procesos.
Si los actuales asambleístas quieren diferenciarse de sus antecesores, lo que corresponde no es improvisar ni reinterpretar la Constitución, sino analizar los vicios de inconstitucionalidad del proyecto de ley aprobado por el anterior Senado y proponer ajustes que fortalezcan la norma. Para eso fueron elegidos.
Por otro lado, si los actores políticos desean contribuir, no corresponde ignorar el procedimiento establecido. Las leyes deben ser para todos en cualquier momento, para eso existen, para respetarlas. Entonces, no se trata de sustituir el procedimiento por la urgencia, sino de perfeccionarlo dentro del marco constitucional. Ajustar el reglamento es la vía correcta. Reinterpretar la CPE para ganar tiempo o control político, no lo es.
Cabe recordar que, en la anterior legislatura, la Fundación Jubileo presentó una propuesta técnica para mejorar el reglamento de selección y designación de vocales, incorporando estándares internacionales de transparencia, mérito e independencia.
En esta nueva etapa, Jubileo ha remitido nuevamente una redacción alternativa al presidente de la Cámara de Diputados, corrigiendo los artículos con vicios de inconstitucionalidad. Este documento podría servir de base para el análisis y debate sobre la necesidad de contar con autoridades electorales con conocimiento del tema (porque hay poco tiempo para aprender), con probidad y con prestigio para continuar recuperando la confianza ciudadana.
Ya pasó la novedad. La ciudadanía ya no espera discursos y la sociedad civil organizada trabaja para contribuir a que los procesos sean democráticos, en espera de que existan señales claras de cambio en la forma de ejercer el poder. Ya no podemos seguir en lo mismo, se supone que estamos trabajando para recuperar en serio la institucionalidad democrática. Eso requiere compromiso y responsabilidad. Las nuevas autoridades, asambleístas y actores políticos tienen la oportunidad –y la obligación– de demostrar que el cambio es real.
Sandra Verduguez es comunicadora social.
