La urgencia no puede ser excusa para sacrificar la transparencia ni la calidad

Bolivia está a las puertas de un nuevo ciclo electoral y el tiempo apremia. Dentro de poco deberá renovarse la composición del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales, en medio de un contexto político tenso, con un país polarizado y con una institución electoral que, a pesar de la jornada del 17 de agosto, aún carga con una pesada mochila de desconfianza.

A esto se suma un calendario electoral que no da tregua: tras las elecciones generales de agosto, que contemplan una segunda vuelta inédita, en diciembre se convocará a los comicios subnacionales que se realizarán en marzo de 2026 para elegir gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales y autoridades regionales.

El recuerdo del calendario de 2021 es ilustrativo: poco más de tres meses separaron la convocatoria de la jornada de votación. En ese lapso el Órgano Electoral debió organizar el empadronamiento, inscripción de candidaturas, propaganda y designación de jurados entre otras tareas. Todo con plazos ajustados y una normativa compleja que incluía paridad de género, representación indígena y posibilidad de segunda vuelta para gobernaciones.

En 2026 el escenario será aún más desafiante porque la transición institucional dejará a los nuevos vocales –sin experiencia como autoridades electorales–  con un tiempo igual de corto, pero con una carga política pesada y una gran expectativa de parte de los electores que tendrán que marcar en papeletas múltiples y de complejos diseños. Para esto, entre otras cosas, se requerirá difundir un gran volumen de información y los procesos de capacitación a jurados deberán considerar protocolos diferenciados según las necesidades de las regiones.

Por lo tanto, el reto será aún mayor. No solo tendrán que repetir esa experiencia compleja en plazos cortísimos, sino que además lo harán con un OEP que, a pesar de la jornada del 17 de agosto –que consiguió mejorar el nivel de confianza ciudadana–  no ha logrado recuperar del todo su credibilidad. Pero está claro que sería un error que la nueva Sala Plena del TSE no logre responder a los desafíos que vienen, dejando que los avances ganados queden en la anécdota.

Por eso es fundamental que el proceso de selección y designación de vocales no repita los mismos errores de manera “automática” y que considere, de manera responsable, una evaluación independiente y seria del reglamento aprobado como parte del Proyecto de la Ley 213, que no difiere de los utilizados en procesos anteriores de elección de altos cargos y que fueron criticados por su falta de independencia y transparencia.

El desafío es grande pero la urgencia no puede ser excusa para sacrificar la transparencia ni la calidad del proceso de selección y designación de nuevos vocales. El país necesita autoridades electorales con méritos comprobados, experiencia real en la gestión electoral y probidad ética que resista la presión.

No se trata de nombres ni de afinidades, se trata de garantizar que personas que han trabajado en el ámbito electoral y que tienen experiencia sean consideradas en un proceso responsable, transparente e independiente para que el árbitro del juego democrático tenga legitimidad para administrar elecciones íntegras en este nuevo contexto.

Es necesario volver a priorizar la meritocracia, la ética y asegurar independencia en todos los procesos democráticos. Sin esta exigencia mínima, no habremos aprendido nada.

Sandra Verduguez es comunicadora social.