La privatización y los elefantes blancos de Evo

El candidato presidencial Carlos Mesa ha señalado que si llega al poder no realizará ninguna privatización ni eliminará los bonos creados por el Gobierno actual. No impondrá una “receta neoliberal”, señaló. Ello parece sensato desde un punto de vista electoral. En Bolivia, uno de los aspectos más positivos asociados al gobierno de Evo Morales son precisamente la distribución de bonos y la denominada “nacionalización” de los hidrocarburos.
El país, además, tiene una economía razonablemente estable y por lo tanto no se necesita aprobar medidas como por ejemplo las asumidas por Mauricio Macri en Argentina, y que han resultado fallidas: tras aprobarse acciones de corte neoliberal en ese país la economía ha crecido menos y la inflación ha subido más que en la etapa estatista de su predecesora, Cristina Fernández.

De todos modos, el debate sobre la privatización no puede ser meramente ideológico, sino también técnico. El vicepresidente Álvaro García Linera ha señalado que uno de sus objetivos es que en el PIB boliviano la presencia del Estado sea cada vez mayor. Esa tosca idea, más la propensión de Evo Morales por las obras aparatosas, ha generado decisiones erradas, que en el futuro pasarán factura.

Ya sea que Morales siga en el poder o que un candidato opositor sea el futuro Presidente, esos asuntos deberán ser enfrentados. Las autoridades tendrán que decidir qué hacer con los elefantes blancos creados por este Gobierno. Entre los desafíos más importantes estarán, a mi entender, sobre todo tres: qué hacer con la planta de urea de Bulo Bulo, con la fábrica de azúcar de San Buenaventura y con la planta separadora de líquidos Carlos Villegas.

Las tres operan en un porcentaje mínimo debido a que fueron concebidas precisamente siguiendo la grandiosidad que le gusta a Morales. Esos errores de concepción, además de ubicación geográfica y otros, causan problemas financieros al país, que se agravarán en el futuro.

La fábrica de azúcar casi no funciona, tras haberse (mal) gastado en ella 260 millones de dólares (ahora el Estado debe entregarle 70 millones de dólares más para que siga operando). La de urea, como se sabe, ha tenido muchas paralizaciones y, además, se ha llegado a la conclusión de que su producto no cumple con los estándares internacionales, pese a los mil millones invertidos.

Por otro lado, la cantidad producida es mínima en relación a la capacidad de la planta (45%). Lo mismo en la separadora de líquidos: al no haber gas suficiente, funciona al 30% de su magnitud. Se destinaron a ella 700 millones de dólares.

Entre esas tres obras el Gobierno gastó más de 2.000 millones de dólares. Tirados a la calle. ¿Qué hará el próximo gobierno con esas empresas? Una de las opciones es simplemente quitarles los subsidios y dejarlas morir, puesto que nunca serán viables. La otra es invertir en ellas para reducir su tamaño y convertirlas en plantas más manejables. Incluso si se buscara su privatización no habría nadie interesado en comprarlas. Son iniciativas fracasadas.

Otras decenas de empresas estatales más pequeñas o trabajan a pérdida o su situación actual es precaria. No son sostenibles. Un estudio de CEDLA de 2018 estableció que 11 de las empresas estatales creadas durante este Gobierno registraban hasta ese año una pérdida acumulada de 2.000 millones de bolivianos.

Entre los emprendimientos deficitarios analizados por CEDLA están Emapa, empresa Quipus, Lacteosbol, Agencia Boliviana Espacial (ABE), Empresa estatal de turismo (BOLTUR), Enatex, empresa de Construcciones del Ejército, Cartonbol y Mutún. Ese déficit se agudizará en los años venideros y los próximos gobiernos tendrán que lidiar con ello.

Como la palabra “privatización” es anatema en Bolivia, las soluciones serán difíciles de alcanzar. Pero aún si se decidiera correr el costo político y se pensara en privatizarlas, probablemente el plan fracasaría. ¿Se imaginan que hubiera alguien interesado en comprar Papelbol, ubicada en el Chapare, la zona más húmeda de Bolivia? ¡Qué lugar para instalar una industria de ese tipo, que precisamente necesita un clima seco! ¿O Quipus, una ensambladora ineficiente de computadoras, ya naufragada? ¿O Lactesobol, empresa insostenible, peor aun teniendo las eficientes fábricas de PIL?

El proceso de privatización y capitalización en Bolivia precisamente enfrentó esos problemas, en los años 90. Había decenas de empresas estatales arruinadas y deficitarias que eran un lastre para el país. En ese tiempo se pudo conducir el proceso y racionalizar su manejo. En el futuro ello no será tan fácil.

Raúl Peñaranda U. es periodista.