El proceso por trata de personas que se ha instaurado contra el expresidente Evo Morales está en suspenso, aunque solo por unas horas. La audiencia de medidas cautelares se ha suspendido hasta este viernes debido a que su defensa presentó un certificado médico que señala que el imputado no puede movilizarse por lo menos durante cinco días por una bronconeumonía que requiere cinco días de reposo absoluto.
En el procedimiento cotidiano de la justicia boliviana, es suficiente presentar un certificado con sello de profesional médico en ejercicio para validar su contenido. En este caso, el juez de la causa ha expresado duda razonable y, por ello, fijó un plazo de 48 horas para que Morales se someta a pruebas del Instituto de Investigaciones Forenses que determinen qué tan cierto es el contenido del certificado médico.
Los hechos que están ocurriendo en el Juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija se prestan a varias lecturas, comenzando por la comparecencia del imputado. Su defensa ya había anticipado que Evo no se presentaría, porque existirían irregularidades en el proceso que se sustancia en su contra, y no lo hizo físicamente, pero estuvo representado por su abogado. Eso quiere decir que, así sea indirectamente y con chicana, el expresidente se sometió a la acción de la justicia.
Si se mantenía el argumento hecho público desde que se lo citó a declarar, no solo Evo debió estar ausente, sino también cualquier representante suyo. Eso sí habría sido una protesta y un mensaje claro de rechazo, pero, en las actuales circunstancias, también habría sido un error jurídico, puesto que el juez lo habría declarado rebelde y contumaz, agravando su situación procesal. Aquí hay otra lectura: aunque cubriéndolo con el manto de la politización del caso, Morales tiene miedo de lo que le vaya a pasar en este proceso.
En un país con institucionalidad, y con un poder judicial independiente, una persona que es inocente de los cargos que se le imputan se presenta al juzgado con paso de parada, porque sabe que los juicios son instaurados para que la verdad prevalezca. Eso no pasa en Bolivia. En este país, el judicial está sometido al poder ejecutivo, tanto que no tiene problemas en cambiar instantáneamente de color, como ocurrió cuando Evo dejó el poder e ingresó Añez y luego, cuando el que asumió fue Arce.
En tiempos contemporáneos, la justicia boliviana siempre estuvo sometida a los gobiernos, pero lo hacía con disimulo. Desde que Morales asumió la presidencia, ese sometimiento es ofensivamente descarado. Debido a eso, no hay seguridad de que él no haya comparecido hasta ahora por culpabilidad o por miedo a un fallo influenciado por el actual gobierno… o por ambas cosas.
Lo más interesante de este caso es que, con el memorial y el certificado, Evo ha admitido una verdad: desde el 26 de octubre del año pasado, cuando cumplió 65 años, ya es jurídicamente un adulto mayor. Su presunto deterioro de salud, agravado por los años, demuestra que es incapaz de hacer largos viajes y, en esas condiciones, ya no podría gobernar adecuadamente. Una razón más para que no sea candidato.
Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
En el procedimiento cotidiano de la justicia boliviana, es suficiente presentar un certificado con sello de profesional médico en ejercicio para validar su contenido. En este caso, el juez de la causa ha expresado duda razonable y, por ello, fijó un plazo de 48 horas para que Morales se someta a pruebas del Instituto de Investigaciones Forenses que determinen qué tan cierto es el contenido del certificado médico.
Los hechos que están ocurriendo en el Juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija se prestan a varias lecturas, comenzando por la comparecencia del imputado. Su defensa ya había anticipado que Evo no se presentaría, porque existirían irregularidades en el proceso que se sustancia en su contra, y no lo hizo físicamente, pero estuvo representado por su abogado. Eso quiere decir que, así sea indirectamente y con chicana, el expresidente se sometió a la acción de la justicia.
Si se mantenía el argumento hecho público desde que se lo citó a declarar, no solo Evo debió estar ausente, sino también cualquier representante suyo. Eso sí habría sido una protesta y un mensaje claro de rechazo, pero, en las actuales circunstancias, también habría sido un error jurídico, puesto que el juez lo habría declarado rebelde y contumaz, agravando su situación procesal. Aquí hay otra lectura: aunque cubriéndolo con el manto de la politización del caso, Morales tiene miedo de lo que le vaya a pasar en este proceso.
En un país con institucionalidad, y con un poder judicial independiente, una persona que es inocente de los cargos que se le imputan se presenta al juzgado con paso de parada, porque sabe que los juicios son instaurados para que la verdad prevalezca. Eso no pasa en Bolivia. En este país, el judicial está sometido al poder ejecutivo, tanto que no tiene problemas en cambiar instantáneamente de color, como ocurrió cuando Evo dejó el poder e ingresó Añez y luego, cuando el que asumió fue Arce.
En tiempos contemporáneos, la justicia boliviana siempre estuvo sometida a los gobiernos, pero lo hacía con disimulo. Desde que Morales asumió la presidencia, ese sometimiento es ofensivamente descarado. Debido a eso, no hay seguridad de que él no haya comparecido hasta ahora por culpabilidad o por miedo a un fallo influenciado por el actual gobierno… o por ambas cosas.
Lo más interesante de este caso es que, con el memorial y el certificado, Evo ha admitido una verdad: desde el 26 de octubre del año pasado, cuando cumplió 65 años, ya es jurídicamente un adulto mayor. Su presunto deterioro de salud, agravado por los años, demuestra que es incapaz de hacer largos viajes y, en esas condiciones, ya no podría gobernar adecuadamente. Una razón más para que no sea candidato.
Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
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