La encrucijada de las elecciones

El gobierno tiene razón en intentar posponer lo más posible las elecciones nacionales establecidas originalmente para el 3 de mayo. La pandemia que afecta a Bolivia y que parece que recién estuviera ingresando en su peor etapa, así lo amerita. Forzar a millones de electores a acudir a atestados centros de votación es exactamente lo contrario que se debe hacer para evitar los contagios.

Pero alguna fecha habrá que elegir. Decir simplemente que la “salud está antes que los comicios” no es suficiente, por varias razones, siendo una de ellas que éstos son precisamente un ejercicio fundamental de la democracia. Otra de las razones es que un gobierno de transición, obviamente, no puede ser “indefinido”. Y finalmente porque existen otros actores políticos que desean, con toda legitimidad, pugnar en el terreno electoral para intentar llegar al poder.

El escenario cambió al aprobarse la ley que da 90 días de plazo para esa votación, que termina el 2 de agosto. Uno de los asuntos que provocó esta situación es que el gobierno (excepto Samuel Doria Medina, quien dijo que las elecciones pueden realizarse entre julio y agosto), nunca dio una visión oficial de cuándo debía realizarse el voto. Simplemente hizo abstracción del tema, como si el MAS no existiera y no tuviera dos tercios del Congreso.

Tampoco respaldó ninguna de las dos propuestas de ley del TSE, presentadas por Salvador Romero, y que fijaban fechas posibles para las elecciones entre los meses de junio y septiembre. Nada. Silencio. Pudo haber apoyado activamente la última fecha propuesta por Romero y haber intentado negociar con el MAS, pese a la esmirriada presencia congresal que tiene la coalición, y generar respaldo de otras fuerzas políticas. O proponer que los comicios fueran en octubre o noviembre. Pero no hizo nada. Y eso impacientó a los otros actores. ¿Creía el oficialismo que mostrar desinterés en respaldar una fecha no iba a intranquilizar a sus rivales? ¿Esperaba que sus adversarios estuvieran dichosos de tener un gobierno, que además los maltrata, sin fecha de salida? Se equivocó.

Recién el 30 de abril, al enviar la nota en la que rechaza la norma, la Presidenta hizo lo que debió plantear seis semanas antes y por fin mencionó que debería respetarse el proyecto de ley del TSE y aceptarse la fecha de 6 de septiembre para efectuar los comicios (extrañamente no hizo referencia al segundo proyecto del TSE, que extiende el plazo hasta el 27 de septiembre). Como sea, ya era tarde.

Habría que intentar deducir los cálculos que realizan los políticos para fijar la fecha de las elecciones, que se han convertido en una encrucijada. La defensa de la salud es uno de los factores, pero no el único, a menos que seamos tan ingenuos de pensar que sólo los motiva hacer mansamente el bien. Sabemos que no es así.

Veamos: Que el MAS desee hacer las elecciones lo antes posible, ¿implica que se siente fuerte, capaz de ganar los comicios? ¿O que por el contrario está de caída y desea llegar a las elecciones antes de que su situación empeore? ¿O cree, de manera irresponsable, que parte de las clases medias, que no lo respaldan, no irá a votar por miedo al COVID-19? ¿O desea polarizar la elección con Añez? ¿O se ve influido por la exigencia de su base electoral?

Sigamos: Que Comunidad Ciudadana haya respaldado con claridad las fechas finales propuestas por el TSE, es decir septiembre, ¿lo hace calcular que en ese momento el oficialismo empezará a tener dificultades? ¿Que si espera demasiado, Añez y Luis Arce mejorarán sus posibilidades?

Finalmente, en el bando del oficialismo, ¿están las autoridades jugando a intentar quedarse en el poder el mayor tiempo posible? ¿Por qué no respaldaron a tiempo la propuesta de Salvador Romero? ¿O quieren elegir una fecha propicia, ni tan lejana de la crisis de la pandemia, ni tan alejada, cuando los problemas económicos y sociales sean insalvables? En ese escenario, solo Doria Medina fue claro: hay que ir a elecciones porque el binomio oficialista puede ganar y porque hasta julio o agosto los riesgos para la salud podrán ser controlados.

Ahora el gobierno debe conducir la dificultosa tarea de intentar que la ley sea declarada inconstitucional, lo que no será fácil, por dos razones: primero, los magistrados del TCP fueron nombrados por el MAS y no sienten ya la debilidad de ese partido, que se percibía tan claramente en noviembre pasado. Segundo, porque existe un precedente difícil de evitar en este análisis: Hormando Vaca Díez, siendo presidente del Senado, promulgó la ley de IDH en 2005, algo que el exmandatario Carlos Mesa no estuvo dispuesto a hacer. Esa ley está vigente hasta hoy. Vaca Díez actuó como presidente nato del Congreso en ausencia de un Vicepresidente en funciones. Eva Copa hizo lo mismo la semana pasada.

Raúl Peñaranda U. es periodista.