La CIDH: cómplices del abuso

Han hecho todo lo imaginable para mantener la subordinación de la justicia al poder político. Han dedicado años a corromper a magistrados y jueces y han cerrado los ojos ante el fracaso de unas elecciones judiciales que en la práctica habían favorecido la elección de los amigos del MAS. El estado terminal de la justicia ha sido verificado por autoridades internacionales, estudiosos y juristas y es el trago amargo que bebe la ciudadanía todos los días. Pero la impudicia es infinita.

La última acción ha sido la “autoprórroga” indefinida del mandato del Tribunal Constitucional y de los otros tribunales, que debían funcionar hasta el 31 de diciembre. Mientras esta nota se publica, la oposición logró suspender temporalmente las vacaciones legislativas, aunque el vicepresidente David Choquehuanca dispuso finalmente el receso de forma unilateral.

La situación de minoría de la oposición hace que el cortoplacismo sea el estilo con que funciona la política, la realmente existente. Nos hemos acostumbrado a vivir sin ley, aunque somos ejemplo en maniobras y otras maldades encarnadas en personajes como el ministro de justicia (así con minúsculas).

Pero lo que ya supera cualquier mala onda es el papel de la CIDH, cuya trayectoria en Bolivia está plagada de condescendencia y hasta mimos a los gobiernos masistas. Cuando creímos que la salida del ex secretario ejecutivo Paulo Abreu produciría un cambio, los comisionados que visitaron recientemente el país nos han mostrado que no tienen remedio. Muy suelto de cuerpo cuando debía hablar sobre el juicio contra la expresidenta constitucional Jeanine Añez, el novato mexicano José Luis Caballero señaló que se trata de un tema a ser resuelto por “autoridades competentes” de Bolivia, puesto que –dijo– el organismo no está en condiciones de emitir una determinación. Esto equivale a apoyar la mentira del “golpe”, con lo que el comisionado mexicano que representa la CIDH parece actuar más como operador político de López Obrador que de la autonomía judicial. En buenas cuentas dijo que el Gobierno de un país donde no hay justicia puede seguir matando –recordemos a Marco Antonio Aramayo– y abusando de los más de 200 presos políticos.

Más grave aún, si cabe, es la decisión de cerrar el expediente de César Apaza, dirigente cocalero cuya vida está en peligro y que no ha cedido al chantaje de aceptar su culpabilidad por crímenes no cometidos. César Apaza, a pesar de estar injustamente preso, torturado hasta el borde de la muerte, hizo un llamado pidiendo ayuda porque lo están matando y se ha negado al juicio abreviado que es la forma como el gobierno acostumbra a humillar a los presos políticos obligándolos a confesar delitos no cometidos.

Dicen los integrantes de la CIDH, con cinismo, que seguirá dando seguimiento a la salud del dirigente, lo que equivale a decir que seguirán haciendo como que cumplen sin tomar medidas efectivas ni defender la vida como es su obligación. No hay cómo ser optimista conviviendo con estas instituciones, con este Estado y con este gobierno. Es desolador cuando quienes deben proteger los derechos humanos sistemáticamente violados actúan como cómplices de un Gobierno cuenta con su silencio e inacción. La única esperanza surge cuando vemos la entereza de personas como César Apaza y otras que aunque dispersas nos permiten imaginar que el miedo no debe matarnos.

Sonia Montaño es socióloga jubilada y feminista por convicción.