El oscuro entramado de acuerdos políticos,
tejido con palabras embriagadoras y promesas efímeras, es un escenario donde
los espíritus se enfrentan en una danza de intereses y engaños. Es costumbre
hurgar en las profundidades de la doctrina y en los ecos de los debates que
preceden a la aprobación de una ley cuando esta se ve envuelta en la bruma de
la polémica, atrapada entre las garras de la ambigüedad o las interpretaciones
caprichosas. Los acuerdos políticos, firmados con solemnidad y presididos por
la pluma de la retórica, no escapan a este escrutinio; tras la tinta se
esconden las discusiones previas, los objetivos entrelazados que dieron origen
a la firma de un pacto y la esperanza de su cumplimiento.
En días recientes, mientras la sociedad boliviana se veía sacudida por una intensa tensión social y el bloqueo de caminos, tanto la oposición como el oficialismo sellaron un acuerdo destinado a orquestar las elecciones judiciales. Sin embargo, más allá de ese horizonte aparentemente claro, se firmó también un compromiso que trascendía los límites de lo electoral: la aprobación de créditos exigidos por el Gobierno y el debate sobre la anulación de la autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Tras la promulgación de la ley electoral, los diputados de todas las vertientes políticas se enfrentaron a la tarea pendiente; sin embargo, el partido opositor Comunidad Ciudadana, desconfiando de las intenciones de cumplimiento del acuerdo, solicitó priorizar el debate sobre la prórroga de los magistrados antes que los créditos, quizás anticipando la falta de voluntad del oficialismo para cumplir su parte. Y, como era de esperarse, sus dirigentes no se equivocaron; resulta evidente que el Gobierno busca estirar el debate sobre este asunto y retener a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en sus cargos.
¡Qué sorpresa! El Movimiento al Socialismo (MAS) mostró sus cartas, revelando el embuste y los juegos de palabras. La senadora masista Virginia Velazco, vinculada al presidente Luis Arce, desentrañó la trampa con una desenvoltura deslumbrante. El pasado jueves 8 de febrero, con una soltura envidiable, afirmó que el acuerdo firmado comprometía únicamente a analizar y debatir la ley contra la prórroga de los magistrados, mientras que la aprobación de los créditos requeridos por el Gobierno era un compromiso firma. En otras palabras, el plan era enredarse en discusiones interminables sobre el tema, pero sin llegar a aprobar la mencionada ley.
La confesión velada de la senadora Velazco no fue la única revelación de aquel día; el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, anunció que su informe sobre el tema había sido remitido al pleno, argumentando la inconstitucionalidad de la pretendida ley antiprórroga y la imposibilidad de destituir a los magistrados de sus cargos.
Esta maquinación política no es ajena a la escena política, y que el MAS la utilice no sorprende en lo más mínimo. Lo que resulta llamativo aquí es la ingenuidad descomunal de los políticos de Comunidad Ciudadana, incapaces de escudriñar la redacción de un documento y de analizar con precaución cada matiz semántico de sus palabras. Un asesoramiento adecuado, quizás con lingüistas o expertos en comunicación, habría sido suficiente para prevenir este embuste. Sin embargo, cayeron en la trampa como políticos inocentes.
Ahora, todos se enfrentan a la difícil tarea de discernir cuál era el verdadero espíritu del acuerdo, que claramente descansaba sobre tres pilares: la ley para las elecciones judiciales, la ley contra la prórroga y la aprobación de créditos. Pero el diálogo se ha convertido en un murmullo sordo, y la sesión número 48, en la que se discutieron estos asuntos, ha sido suspendida y probablemente se retomará después del carnaval. Antes se debe bailar.
Mientras tanto, el país se desmorona a nuestro alrededor: no hay dólares para importar medicamentos ni para adquirir los insumos necesarios para su producción en Bolivia, lo que pone en peligro la salud de muchos pacientes que dependen de tratamientos continuos. Las largas filas en las gasolineras se repiten semana tras semana, en La Paz, Santa Cruz y otras ciudades del país. Y para colmo, la amenaza de Morales de continuar con los bloqueos también pende sobre nuestras cabezas, aunque en un anuncio, por supuesto, para después del baile.
En medio de todo esto, los precios de los productos básicos se disparan mientras el Gobierno insiste en que estamos entre los países con los índices de inflación más bajos, aunque las personas ya no puedan comprar los mismos productos con la misma cantidad de dinero que hace unos meses. Pero nosotros, los bolivianos, permanecemos impávidos ante esta lucha de intereses mezquinos mientras la economía se hunde en la oscuridad. Los acuerdos se desvanecen, especialmente cuando su espíritu es tan oscuro como el panorama actual de nuestro país.
Javier Viscarra es periodista, abogado y diplomático.