Filia Dei | 11/01/2025
Incendios en Los Ángeles, ¿cambio climático o un desastre de gestión?
Cecilia González Paredes
La situación de los incendios en California es alarmante y refleja una compleja intersección de políticas ambientales, gestión del agua y desafíos económicos. Actualmente, ese estado enfrenta múltiples focos de incendios, con al menos 11 muertes confirmadas y miles de hectáreas devastadas. En particular, el incendio de Palisades ha arrasado más de 8.200 hectáreas, dejando a comunidades enteras en ruinas y obligando a la evacuación de más de 180.000 residentes.
Un factor crítico en esta crisis son los incendios controlados, necesarios para reducir la carga de combustible en los bosques, lo que disminuye la intensidad de los incendios, pero su reducción, argumentando que contribuyen al cambio climático al liberar CO2, ha renovado el debate en California. La falta de recursos ha llevado a agencias como el Servicio Forestal de EEUU a detener estas prácticas en momentos críticos, contribuyendo a la severidad creciente de los incendios en California. Esto resalta la necesidad de un cambio en la gestión forestal, que requiere inversión continua y colaboración entre comunidades y agencias para fortalecer la resiliencia ante incendios.
Además, el conflicto por el acceso al agua se ha intensificado en California, donde la gestión de los reservorios hídricos se ha vuelto cada vez más complicada. Empresas agrícolas privadas, como la familia Resnick, poseen derechos significativos sobre estos recursos, lo que ha generado tensiones sobre su uso y distribución. Este conflicto no solo afecta la disponibilidad de agua para combatir incendios, sino que también plantea serias preguntas sobre la equidad en el acceso a este recurso vital durante las crisis ambientales.
La falta de inversión en infraestructura hídrica ha revelado deficiencias críticas en el sistema de abastecimiento de agua, lo que se hizo evidente durante incendios recientes, donde los hidrantes carecían del suministro necesario para combatir las llamas. La combinación de estos factores crea un panorama alarmante: mientras las empresas privadas controlan grandes volúmenes de agua, muchas comunidades se ven obligadas a lidiar con la escasez y la inequidad en el acceso a un recurso esencial.
A esto se añade la reciente reducción del presupuesto por parte de la alcaldesa de Los Ángeles al departamento de bomberos de Los Ángeles. Esto ha generado preocupación y críticas. En el presupuesto para el año fiscal 2024-2025 se aprobó un recorte de más de 17,5 millones de dólares. Si bien la reducción representa el 2% del presupuesto previo, la falta de financiamiento para equipos y personal, la capacidad para responder a estos desastres se ve comprometida, lo que pone en riesgo tanto a los residentes como a los bomberos que arriesgan sus vidas para contener las llamas.
Estos incendios además han generado un debate significativo sobre la capacidad de la ciudad para albergar los Juegos Olímpicos de 2028, especialmente en el contexto de un clima cada vez más adverso. Con miles de hectáreas quemadas y miles de evacuaciones, la situación ha puesto en evidencia los riesgos asociados a la celebración de un evento tan grande en medio de una crisis ambiental.
Algunos seguidores de teorías conspiracionistas han sugerido incluso que estos incendios podrían haber sido provocados intencionalmente para facilitar el proyecto SmartLA 2028, que busca transformar la ciudad en un “smart city” mediante el desarrollo urbano y tecnológico.
La crisis de los incendios en California refleja un ciclo repetitivo de negligencia, en el que la falta de acción real queda disfrazada bajo discursos vacíos sobre el cambio climático. Si algo queda claro en este 2025, es que mientras sigamos culpando a fenómenos naturales sin abordar las fallas estructurales de gestión, los desastres no solo continuarán, sino que se agravarán. Tal vez sea hora de que la ciudadanía cuestione, no solo a quienes toman decisiones, sino también su propio papel en la exigencia de un cambio que parece no llegar.
Un factor crítico en esta crisis son los incendios controlados, necesarios para reducir la carga de combustible en los bosques, lo que disminuye la intensidad de los incendios, pero su reducción, argumentando que contribuyen al cambio climático al liberar CO2, ha renovado el debate en California. La falta de recursos ha llevado a agencias como el Servicio Forestal de EEUU a detener estas prácticas en momentos críticos, contribuyendo a la severidad creciente de los incendios en California. Esto resalta la necesidad de un cambio en la gestión forestal, que requiere inversión continua y colaboración entre comunidades y agencias para fortalecer la resiliencia ante incendios.
Además, el conflicto por el acceso al agua se ha intensificado en California, donde la gestión de los reservorios hídricos se ha vuelto cada vez más complicada. Empresas agrícolas privadas, como la familia Resnick, poseen derechos significativos sobre estos recursos, lo que ha generado tensiones sobre su uso y distribución. Este conflicto no solo afecta la disponibilidad de agua para combatir incendios, sino que también plantea serias preguntas sobre la equidad en el acceso a este recurso vital durante las crisis ambientales.
La falta de inversión en infraestructura hídrica ha revelado deficiencias críticas en el sistema de abastecimiento de agua, lo que se hizo evidente durante incendios recientes, donde los hidrantes carecían del suministro necesario para combatir las llamas. La combinación de estos factores crea un panorama alarmante: mientras las empresas privadas controlan grandes volúmenes de agua, muchas comunidades se ven obligadas a lidiar con la escasez y la inequidad en el acceso a un recurso esencial.
A esto se añade la reciente reducción del presupuesto por parte de la alcaldesa de Los Ángeles al departamento de bomberos de Los Ángeles. Esto ha generado preocupación y críticas. En el presupuesto para el año fiscal 2024-2025 se aprobó un recorte de más de 17,5 millones de dólares. Si bien la reducción representa el 2% del presupuesto previo, la falta de financiamiento para equipos y personal, la capacidad para responder a estos desastres se ve comprometida, lo que pone en riesgo tanto a los residentes como a los bomberos que arriesgan sus vidas para contener las llamas.
Estos incendios además han generado un debate significativo sobre la capacidad de la ciudad para albergar los Juegos Olímpicos de 2028, especialmente en el contexto de un clima cada vez más adverso. Con miles de hectáreas quemadas y miles de evacuaciones, la situación ha puesto en evidencia los riesgos asociados a la celebración de un evento tan grande en medio de una crisis ambiental.
Algunos seguidores de teorías conspiracionistas han sugerido incluso que estos incendios podrían haber sido provocados intencionalmente para facilitar el proyecto SmartLA 2028, que busca transformar la ciudad en un “smart city” mediante el desarrollo urbano y tecnológico.
La crisis de los incendios en California refleja un ciclo repetitivo de negligencia, en el que la falta de acción real queda disfrazada bajo discursos vacíos sobre el cambio climático. Si algo queda claro en este 2025, es que mientras sigamos culpando a fenómenos naturales sin abordar las fallas estructurales de gestión, los desastres no solo continuarán, sino que se agravarán. Tal vez sea hora de que la ciudadanía cuestione, no solo a quienes toman decisiones, sino también su propio papel en la exigencia de un cambio que parece no llegar.
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