Gobernabilidad: la compleja relación con las masas corporativistas

La gobernabilidad es la capacidad efectiva –relación entre los objetivos y los resultados –y legítima; es decir, con la aceptación de los electores, de ejercer el poder político. En Bolivia coexisten dos tipos de ciudadanía masiva: por un lado, la individualizada, urbana y cosmopolita; por otro, la corporativista, con fuertes acentos de autoritarismo, corrupción y etnicismo. Ésta última ligada durante los últimos 20 años a la gestión del MAS-IPSP. Por ello, a partir de noviembre de 2025, deberá combinarse un esperado que (la gobernabilidad) con un complejo cómo, que será la gobernanza entre el gobierno, los corporativismos empoderados y la ciudadanía individual movilizada.

Con lo dicho, lo primero es diferenciar entre lo corporativo y el corporativismo. Como hemos señalado en otros artículos existe en Bolivia una parte de la sociedad civil que no está aún ciudadanizada de modo completo en sentido individual.

 Su acción política no se realiza principalmente como ciudadanos individuales, sino como masa organizada con identidad corporativa. Es decir, son corporaciones que actúan políticamente ante el Estado con un marcado carácter corporativista

Lo corporativo alude a una forma natural de organización social en ciertos sectores que crean cuerpos, gremios o asociaciones. El corporativismo, en cambio, es el estilo de acción política que estos grupos ejercen, caracterizado por prácticas autoritarias, corrupción dirigencial y colectiva, y búsqueda de prebendas.

En Bolivia estas organizaciones sociales corporativistas presentan diferentes tipos y grados de movilización e impacto sobre el Estado, dependiendo de la relación que mantengan con los liderazgos y partidos políticos. Algunas de ellas, las de mayor capacidad de presión, se convierten en verdaderos poderes fácticos: sujetos colectivos que actúan desde las sombras o en las calles, con demandas de beneficios directos, usualmente vinculados a prebendas y recursos económicos estatales. Comprender que estas organizaciones forman parte de los poderes fácticos es crucial para entender su peso en la gobernabilidad y en la gobernanza.

Podemos clasificar estas organizaciones en tres grupos, según su capacidad de movilización e impacto sobre el Estado.

El primer grupo está conformado por organizaciones de alto impacto, que funcionan como enormes poderes fácticos: los cocaleros del Chapare, los colonizadores desplazados hacia el oriente, el triángulo San Julián-Yapacaní-Cuatro Cañadas y las comunidades de la frontera entre Potosí y Oruro, incluyendo Llallagua y sus alrededores.

Estas agrupaciones tienen grandes habilidades para realizar un bloqueo de caminos pacífico o violento, generando fuertes impactos económicos y enfocando sus demandas directamente al gobierno central. A este gigantesco y poderoso actor deben sumarse los importadores de autos “chutos” y los mineros auríferos. Aunque estos últimos actúan en las sombras o disfrazados de otro tipo de organización social.

El segundo grupo está compuesto por organizaciones de impacto medio, pero de amplia presencia territorial. A diferencia de las primeras, no focalizan su acción en uno o dos territorios, sino que abarcan casi todo el occidente del país. Aquí encontramos a la Csutcb, a la COB y las confederaciones de maestros y trabajadores en salud. Su poder reside en su capacidad de paralizar actividades en regiones y sectores clave y estratégicamente distribuidos, como educación, salud y otros. Son medianamente poderosas, pero su principal característica es su extensión territorial.

El tercer grupo corresponde a las organizaciones corporativistas de bajo impacto, que influyen tanto en el nivel central como en gobiernos municipales y departamentales. Aquí se ubican las juntas vecinales, gremios de comerciantes minoristas y otras asociaciones urbanas. Aunque también tienen territorios focalizados, su capacidad de presión es limitada y, por lo general, no son disruptivas. Sin embargo, pueden convertirse en actores de mayor impacto cuando logran articularse con otras organizaciones, lo que puede modificar el escenario político.

, En síntesis: la gobernabilidad futura en Bolivia dependerá de la capacidad del gobierno, ya sea de Tuto o de Rodrigo Paz para articular un delicado equilibrio entre estos tres tipos y niveles de corporativismo, y la ciudadanía individual atenta y movilizada en las grandes ciudades.

Ignorar el peso de los poderes fácticos sería ingenuo, antipolítico y antidemocrático, pero caer en sus garras y ceder a todas sus demandas, derivadas de su cultura autoritaria, prebendal y corrupta, sería también ingenuo y pondría en riesgo la legitimidad y la eficacia del Estado.

El gran desafío, entonces, es construir un nuevo pacto social que permita canalizar estas fuerzas colectivas hacia objetivos comunes, sin sacrificar el interés general ni el funcionamiento institucional. Solo así será posible evitar que la gobernanza que buscarán los corporativismos empoderados se convierta en una permanente negociación bajo presión evitando la eficacia de la imprescindible gobernabilidad en tiempos de crisis y cambio de ciclo político.

Carlos Hugo Laruta es sociólogo.