Ramiro Tapia, embajador de Bolivia en Argentina, publicó en la página oficial de su misión algunas fotografías de un acto protocolar en Buenos Aires, evidenciando así su regreso a la sede de sus funciones tras haber sido llamado a consultas por el Gobierno boliviano como efecto de las polémicas declaraciones del presidente argentino Javier Milei, quien afirmó que los sucesos del 26 de junio en plaza Murillo constituían un golpe de Estado fraudulento.
Días después de aquellos confusos acontecimientos militares y la publicación de un comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), el Gobierno boliviano ordenó a Tapia volver a La Paz y demandó una retractación de Milei, que hasta ahora no ha ocurrido públicamente. Sin embargo, tras casi dos meses sin obtener la rectificación solicitada, la Cancillería boliviana decidió ordenar el retorno de Tapia a Buenos Aires, eso sí, en absoluto silencio mediático.
El “llamado a consultas” de un embajador es un recurso diplomático fuerte que indica un desacuerdo serio o una situación de tensión entre dos países. Es una señal de que el país que llama a consultas a su embajador está profundamente insatisfecho con las acciones o declaraciones del país receptor, en este caso, con las expresiones del presidente Javier Milei.
Hace unas semanas, la canciller Celinda Sosa declaró que Tapia seguía en consulta y que se estaba analizando la situación. Es probable que la decisión de retornar a Tapia a sus funciones haya sido parte de una estrategia cautelosa, buscando evitar una mayor escalada de tensión en la relación bilateral. Durante aquel período, Tapia calificó las declaraciones de la OPRA como aseveraciones infundadas y mentirosas.
Es muy probable también que, en la evaluación del innecesario llamado a consultas, haya primado la adopción de una salida discreta. Es decir, resulta mejor pasar como inexpertos en el manejo de estas situaciones de tensión diplomática, lo cual no es una novedad en la actual administración, que ahondar la fricción con Buenos Aires.
La relación bilateral con Argentina ha sido fría desde el comienzo del gobierno de Milei, deteriorada aún más por la decisión del presidente Luis Arce de no asistir a la toma de posesión del nuevo presidente argentino en diciembre de 2023, lo que causó desconcierto entre los observadores de la relación bilateral.
También preocupa la falta de noticias sobre la presentación formal de las cartas credenciales del embajador argentino Marcelo Massoni, quien solo ha entregado copias de estilo a la ministra de Relaciones Exteriores Celinda Sosa hace casi tres meses. La Cancillería boliviana aún no ha establecido una fecha para la presentación del embajador argentino al presidente Arce Catacora y aunque esto no afecta el trabajo del enviado de Milei, no es un trato cortes.
El problema de las relaciones internacionales del Gobierno boliviano no se reduce al caso argentino. La relación con Perú tampoco está mejor. El embajador boliviano en Lima, Carlos Aparicio es un ausente de todo y su relación con el Gobierno peruano es virtualmente nula. Incluso sucede con actos importante, como los de celebración patria por el 6 de agosto que fueron encabezados por personal subalterno de la embajada. ¿Seguirá Aparicio en funciones?
De Lima tampoco ha llegado un embajador o embajadora a La Paz. Se conoce que sí hubo una solicitud de beneplácito para un nuevo representante por parte del gobierno de Dina Boluarte, pero demoró en ser respondida más allá del tiempo diplomático prudente y la gestión quedó paralizada. Hoy la embajada peruana es atendida a nivel de Encargado de Negocios a.i.
Dada la importancia estratégica de Argentina y Perú para Bolivia, tanto por los lazos históricos como por la infinidad de asuntos por atender con ambos países, es crucial que la Cancillería boliviana demuestre un manejo con mayor criterio. La situación actual, con una conducción diplomática desconcertante, no contribuye a fortalecer las relaciones internacionales de Bolivia.
Javier Viscarra es periodista, abogado y diplomático.
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