El periodismo sobreviviente

Bolivia enfrenta una etapa crítica para la libertad de prensa y el ejercicio ético del periodismo, tras casi dos décadas de deterioro sistemático e impunidad. El periodismo independiente ha sido empujado a una situación de vulnerabilidad sin precedentes, caracterizada por agresiones constantes y una alarmante carencia de garantías institucionales. A pesar de ello, ha logrado resistir en el ámbito digital, sin respaldo económico, apostando firmemente por la investigación y la interpelación, abriendo así nuevas vías para la verdad y la transparencia.

Esta situación adquiere contornos aún más graves en el caso de las mujeres periodistas, expuestas a la violencia de género en todas sus formas con la complicidad, omisión y revictimización de las instancias judiciales y estatales. La urgencia de cumplir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, especialmente sobre la protección efectiva a periodistas y el combate a la violencia de género, debe ser una prioridad impostergable para el Estado boliviano.

El reciente informe del Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz documenta, entre enero y junio de 2025, 43 casos de agresión contra profesionales de la comunicación, de los cuales 11 tuvieron como víctimas a mujeres periodistas, fotoperiodistas y camarógrafas. Detrás de estos números graves hay intentos sistemáticos de obstrucción, intimidación, amenazas de muerte, hostigamiento físico, violencia sexual y campañas de odio en el espacio público y virtual. El emblemático caso de violación contra la periodista Paola Cadima, indigno por la actuación estatal, plagado de señales de revictimización judicial, expuso con crudeza la ausencia de protocolos de protección especializados y la lentitud estatal en garantizar reparación y sanción.

El discurso oficialista, que en las últimas décadas calificó a la prensa de “cártel de la mentira” o “prensa vendida”, promovió la desconfianza y la hostilidad, erosionando tanto la ética profesional como la función social del periodismo. Esta narrativa buscó invisibilizar el rol esencial de las y los comunicadores como mediadores entre el interés público y los poderes estatales, transformando el ejercicio crítico y autónomo del periodismo en blanco de persecuciones políticas y judiciales. La frontera entre fiscalización democrática y propaganda de poder se diluyó peligrosamente, poniendo en jaque el derecho ciudadano a recibir información plural y veraz.

La condición de quien ejerce el periodismo hoy no puede verse sólo como un acto individual de valentía, sino como un servicio público imprescindible para la democracia. Las agresiones físicas, verbales, sexuales o institucionales representan atentados directos a los principios de rendición de cuentas y ética consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Bolivia. Cada ataque al periodismo es, en rigor, un ataque a la libertad de todas y todos, pues implica restringir el derecho a preguntar, investigar, saber y ejercer la ciudadanía informada.

El deterioro laboral y contractual se suma como un factor de vulnerabilidad. Contratos eventuales, inestabilidad, ausencia de protección social y despidos arbitrarios asfixian el profesionalismo y propician el abandono, la autocensura y la impunidad. El miedo a perder el empleo o sufrir represalias personales alimenta el círculo vicioso del silencio y dificulta la denuncia, mientras aumenta la exposición al riesgo. La precariedad es el sustrato que fortalece la violencia y la omisión institucional.

Las organizaciones gremiales y de derechos humanos son agentes valiosísimos en la denuncia y el acompañamiento a víctimas, pero su impacto se vio limitado por la inacción o negligencia del Ministerio de Gobierno, la fiscalía general y la Policía. La impunidad y la falta de respuestas integrales dejan expuestos a periodistas y comunicadoras a riesgos sistemáticos, generando desprotección y frustración. Las campañas públicas por la libertad de prensa solo tendrán sentido real si se traducen en incidencia política y reformas sustanciales.

Cumplir con las recomendaciones del GIEI, como la creación de mecanismos independientes de monitoreo, la adopción de protocolos especializados en violencia de género, la garantía de reparación efectiva y el fortalecimiento de la protección judicial y laboral, debe ser la hoja de ruta de todas las instituciones estatales. El GIEI y la CIDH han demandado al Estado boliviano avanzar en políticas integrales para prevenir, sancionar y erradicar agresiones contra la prensa, subrayando la vulnerabilidad de las mujeres periodistas y el papel central de la educación cívica y la reforma institucional.

Es imprescindible que un Estado de derecho garantice, proteja e impulse de manera robusta los derechos humanos, situando como pilares esenciales la libertad de prensa y el acceso a la información pública. Estos derechos no solo representan conquistas sociales, sino que constituyen la base indispensable para el ejercicio pleno de la democracia, la transparencia y la justicia.

Es tiempo de restablecer el respeto, la ética y la libertad que corresponden a periodistas, comunicadoras y a toda la sociedad. Defender el periodismo independiente, que actúa con libre acceso y responsabilidad frente a la información pública, trasciende un simple derecho gremial; es una condición irrenunciable para la transparencia, el pensamiento crítico y la protección de derechos fundamentales.

El nuevo gobierno de Bolivia ha manifestado su objetivo de restaurar la institucionalidad. Es fundamental que esa reconstrucción democrática se sustente en el reconocimiento del periodismo como un derecho esencial, ejercido con dignidad, seguridad y ética, libre de toda forma de violencia y presión indebida.

Es necesario que la precariedad y la lucha por la supervivencia queden atrás para consolidar un ejercicio periodístico pleno y respetado. Bolivia debe recuperar una vida pública cimentada en valores firmes, donde la libertad de prensa deje de ser una promesa y se convierta en la piedra angular de una sociedad plural, justa y verdaderamente democrática.

Patricia Flores Palacios es Mgs. en ciencias sociales y feminista queer.