De penthouse y prostituyentes

La indignidad no solo afecta a un mandatario, sino que salpica profundamente a todo un país que, en el fondo, es despreciado y utilizado por su propia élite de poder. El piso 24 de la Casa Grande del Pueblo, tristemente célebre como escenario de explotación sexual, donde seguramente hubo menores de edad, constituye una burla cruel y ofensiva contra la nación entera, sobre todo en tiempos del llamado “proceso de cambio”, la “revolución moral” y la “revolución cultural y sociocomunitaria productiva”.

Históricamente, los servidores públicos han padecido una mutación perversa: al asumir el poder, se transforman de servidores en “autoridades” que aplican el patriarcado autoritario y permisivo con el abuso.

Este fenómeno reproduce un imaginario del colonizador y se alinea con la figura descrita por la antropóloga Rita Segato como “sujeto paradigmático del patriarcado en la esfera pública”, un Estado inmerso en estructuras masculinistas, misóginas, que ejercen una “pedagogía de la crueldad”. Esta crueldad devasta cuerpos y vidas, principalmente de mujeres, y también desangra al Estado y a sus territorios, evidenciado en resistencias como la lucha del Tipnis contra la mercantilización y la contaminación ambiental.

Para sostener este sistema se han establecido “pactos de silencio” entre los actores que encubren la explotación sexual y la expoliación del país, mediante clientelismo, compra de lealtades, contratos lesivos y silencios cómplices.

La apropiación sexual de adolescentes en oficinas públicas refleja la persistencia colonial del antiguo derecho de pernada, privilegio feudal que permitía a las autoridades ejercer dominio sexual sobre mujeres jóvenes y vulnerables. Esta práctica, aunque indignante, sigue vigente en haciendas, ámbitos políticos, judiciales y militares.

Esa lógica criminal se extiende a territorios explotados y contaminados por minería ilegal y dragas, que envenenan ríos y secan lagos, afectando a las poblaciones más pobres. La corrupción y prebendas agravan esta devastación, manifestándose en un sistema violento que incluye violencia sexual prostituyente, la cual se exhibe y consolida en el poder con impunidad.

Mujeres que acceden a estos espacios de poder no son inmunes a reproducir prácticas machistas: muchas prostituyen la política y cosifican a otras mujeres, reduciéndolas a “manzanas cosificadas” para ser explotadas en oficinas y hemiciclos, desde la Presidencia hasta municipios pequeños. Cerca de la plaza Murillo y otras sedes estatales proliferan karaokes y cafés con ofertas “VIP” para “prostituyentes de jerarquía”, redes de prostitución protegidas mediante complicidad y difusión también por WhatsApp.

Estas “autoridades” se convierten en negociadores expertos de ese comercio sórdido, incluso del “precio” por una “virgencita” dispuesta a cualquier cosa. Es nauseabundo ver cómo esta supremacía masculina se reafirma en poderes, como el Judicial y Legislativo, con espacios oficiales convertidos en burdeles sostenidos por redes de servidores silentes.

Al mismo tiempo, mujeres que desplegaron su inteligencia y astucia para ascender socialmente también participaron en la expoliación del Estado, beneficiándose con jugosas comisiones en contratos leoninos, como en el caso de créditos chinos vinculados a la CAMCE o la AJAM. Desde zonas exclusivas, como la emblemática Zapata, en La Rinconada, ejercieron un poder despiadado amparadas por el “rey desnudo” del sistema.

Este entramado de explotación y encubrimiento sigue siendo protegido por ministras, parlamentarias, voceras y supuestas defensoras de los derechos de las mujeres, que usurparon discursos despatriarcalizadores legítimos, perpetuando un sistema que incluye la pedofilia, documentado incluso en el exilio. Casos como el del “Jefazo” y la déspota MAE de la AJAM prueban esta realidad obscena.

¿Hasta cuándo permitiremos que esta maldición de indignidad nos arrastre a la impunidad, enterrando la heroica historia republicana? ¿Cuándo romperemos este ciclo de violencia, corrupción y explotación para consolidar una democracia digna, justa y respetuosa que, finalmente, honre a las mujeres y a la sociedad entera?

Patricia Flores Palacios es Mgs. en ciencias sociales y feminista queer.