El peligro de ser periodista en democracia

En dictadura el periodismo siempre enfrenta restricciones a la libertad de expresión, censura, represión y violencia sistemática. Los medios se convierten en herramientas de propaganda, se limita el acceso a información y se silencian voces críticas, pero… ¿en democracia?

El periodismo debe posicionarse como un contrapoder frente a los poderes estatales, asumiendo la responsabilidad ética de informar y fiscalizar para fortalecer los procesos democráticos. Esta labor no solo implica informar, sino también proteger y defender los derechos humanos, asegurando que la verdad prevalezca en un contexto de creciente desinformación.

El ejercicio del periodismo en Bolivia es un trabajo de alto riesgo y vulnerabilidad debido a los altos índices de agresiones contra los periodistas, así como a la indefensión y la impunidad que rodean estos ataques.

Según el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de UNITAS, la violación más común contra la prensa es el bloqueo de información, seguido de amenazas. En promedio, cada tres días un periodista es agredido, amedrentado o se le impide acceder a información. Esta situación reviste una alta gravedad, especialmente considerando que la inacción de la justicia ha llevado a un aumento en la frecuencia de estas agresiones: se ha pasado de un ataque cada seis días en 2018 a uno cada tres días en 2023.

La problemática se acentúa para las mujeres periodistas, quienes enfrentan agresiones adicionales tanto por su trabajo como por el hecho de ser mujeres, y no solo son víctimas de violencia verbal, sino que también se ven obligadas a entregar sus cámaras o imágenes y soportar hostigamiento, así como amenazas de carácter sexual.

El Observatorio señala que hasta septiembre de este año, Bolivia ha registrado aproximadamente 82 casos de vulneraciones a la libertad de prensa. Las agresiones incluyen ataques a periodistas que cubrían marchas afines al expresidente Evo Morales.

Las instancias del poder estatal, sean nacionales, departamentales o municipales, tienden a menospreciar la importancia de la libertad de expresión y los medios independientes, fundamentales para construir sociedades del conocimiento y democracias inclusivas.

Por eso, aún se recurre a reflotar la estigmatización promovida por un exministro que calificó a los medios de comunicación como el “cártel de la mentira”. Este enfoque se ha utilizado para desviar la atención de graves denuncias y reescribir los hechos en relación con el caso Zapata y el supuesto hijo del expresidente Morales.

La estigmatización resurge cada vez que el periodismo revela temas sensibles de interés público, especialmente aquellos relacionados con el tráfico de influencias, corrupción o las recurrentes denuncias de abuso sexual o pederastia; con la inacción judicial la cooptación para evitar que las denuncias prosperen y se haga justicia.

Este contexto de violencia y deslegitimación hacia la prensa no solo afecta la información laboral, sino que socava los cimientos de la democracia en Bolivia. La falta de un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, la estigmatización y las agresiones hacia los periodistas se convierten en herramientas para mantener el control y silenciar las voces críticas.

Casos como el de Las Londras evidencian la extrema violencia ejercida por grupos irregulares y la inaceptable inacción judicial que deja al gremio vulnerable. Hace escasos días el periodista Jorge Abrego fue evacuado tras ser alcanzado por la onda expansiva de una explosión durante una cobertura en Parotani.

Ante las recurrentes agresiones al trabajo periodístico, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció, recurrentemente, ataques premeditados contra comunicadores en puntos de bloqueo, donde han sido agredidos con explosivos y otros objetos.

Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia que enfrentan los periodistas en estos puntos críticos y urgió al Estado a investigar los incidentes y proteger a los trabajadores. de la prensa. Esta declaración refrenda la alarma manifestada por la ANPB, que se declaró en estado de emergencia debido al aumento de la violencia contra el gremio.

El organismo internacional enfatiza que “los periodistas, camarógrafos, fotorreporteros y comunicadores que cubren protestas cumplen una función esencial al recabar y difundir información sobre lo que ocurre en las manifestaciones, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad”. La libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente relevante.

Sin un entorno seguro para el ejercicio periodístico, se socavan los pilares del estado de derecho, de la democracia y la convivencia pacífica. Los principales actores detrás de estas violaciones son servidores públicos, tanto de los distintos estamentos estatales, como sectores en conflicto, incluyendo el Ministerio Público y la Policía Nacional. Esta situación resalta la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad y libertad de expresión en Bolivia.

A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, l@s periodistas en pleno periodo democrático enfrentan una creciente indefensión ante un sistema que ignora sus derechos. La violencia contra ellos se intensifica en un clima social y político tenso, donde su labor puede exponerlos a intimidación y agresiones.

La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. Sin embargo, en Bolivia, el poder estatal tiende a desvalorizar esta libertad esencial. Las acciones de los últimos gobiernos han llevado a la asfixia económica de medios independientes y han fomentado un ambiente hostil hacia quienes buscan informar sobre temas sensibles que involucran al poder.

Democracia no solo se limita a elecciones, implica la libertad de comunicar e informar incluso cuando la verdad desagrada a quienes ostentan el poder.

Patricia Flores Palacios es magister en ciencias sociales y feminista queer.