El modelo de Arce clama por los beneficios del sistema privado

Abrumado por la insostenible situación económica que vive Bolivia, reflejada en una aguda escases de dólares indispensables para el flujo del comercio internacional, el gobierno de Luis Arce dio esta semana un inesperado giro político al arribar a un acuerdo con los empresarios privados para llevar adelante una decena de medidas que reviertan la difícil situación.

Este cambio ha dejado ver al presidente del Estado en un precario equilibrio entre la aparente rigidez de su modelo “económico, social. comunitario y productivo” y la inevitable genuflexión a medidas de corte neoliberal, entre las que se ha retomado una parte de las disposiciones que adoptó hace tres años la expresidenta Jeanine Áñez y que Arce las había anulado al iniciar su mandato.

El acuerdo, que aguarda una normativa urgente para los próximos días, se ha producido por la asfixiante falta de dólares y la urgente necesidad de generar ingresos para el país, ya no desde un Estado exportador, signado por un extractivismo en crisis, sino desde la iniciativa privada.

Los antecedentes previos al apurado acuerdo muestran que el ingreso por la venta del gas ha caído estrepitosamente y los ingresos por otras exportaciones a cargo del Estado son insuficientes, como el caso del oro que más beneficia a los cooperativistas que al Estado. Ante ese panorama, el gobierno desesperado ha volcado su esperanza en la empresa privada, que se encontraba maniatada en su potencialidad exportadora en apego obligado a la política económica del MAS que hoy se abre a la realidad.

El punto del acuerdo gobierno/empresarios que más ha resaltado es la apertura de las exportaciones sin limitaciones, en un pacto que ha dejado a un lado la testaruda otorgación de cupos, sobre todo para ciertos sectores identificados con artículos de consumo popular bajo el argumento de precautelar la seguridad alimentaria.

La decisión del gobierno de Arce refleja la crítica situación del Estado, pero también la implícita admisión que el modelo aplicado durante casi 18 años ya no funciona y que debe recurrirse a medidas como las acordadas, que en tiempos neoliberales habrían sido normales, pero que hoy se las aplica tratando de ocultar la sonroja por hacerlo. Y todo esto, sin admitir todavía el enorme déficit fiscal que debería obligar a un fuerte achicamiento del Estado

En sectores empresariales las medidas han sido recibidas con mesurada satisfacción y prudencia por su intrincada implementación. La apertura de las exportaciones para obtener un ingreso de dólares muestra a su favor el ofrecimiento oficial de la agilización de trámites y el inmediato reintegro de los Certificados de Devolución de Impuestos (CEDEIMs), con la condición que los empresarios deben entregar previamente las divisas por las exportaciones.

Otra de las medidas, que sí provoca cierto recelo, es la emisión de bonos en dólares por parte del BCB, sobre todo porque aún no se ha especificado cuáles serán los parámetros para la llamada “oferta estructurada” que por los acuerdos iniciales estará basada en plazos y tasas.

Desde Santa Cruz, tanto la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), como la Cámara de Industria Comercio Servicios y Turismo (CAINCO) han reaccionado con cauteloso beneplácito al acuerdo, pues la oferta del gobierno de subastar el diésel, seguramente para paliar los costos de la subvención, puede ser favorable para ciertos sectores como los grandes productores, pero no para todos. Entre los 70.000 asociados de la CAO por ejemplo, casi 50 mil son pequeños productores, acostumbrados a la compra del combustible en menor escala y directamente en los sitios de venta.

En este punto que toca a la comercialización de hidrocarburos, el acuerdo tendrá que ser muy fino para evitar vulnerar el artículo 359 de la Constitución Política del Estado, si no se quiere incurrir en traición a la patria. En este punto, la pretendida libre importación de diésel y otras variantes no puede contravenir el mandato constitucional mencionado que faculta al Estado como el único responsable de su comercialización.

Los otros acuerdos como el referido a la promoción de la inversión privada en plantas de biodiésel, el fomento de inversiones para mejorar el rendimiento del sector agrícola o gestionar una ley de modernización de transporte de carga, son por ahora buenas intenciones cuya implementación solo ha provocado por ahora un expectante movimiento de ceja entre los empresarios involucrados.

Lo que provoca enormes dudas entre los puntos convenidos es la búsqueda o aparente intención de regular el mercado del dólar, aplicando una riesgosa banda en el cobro de comisiones bancarias para las transferencias y giros al exterior.

Al respecto y apenas conocido el acuerdo, algunos economistas han manifestado que el precio del dólar, si bien puede intentar regularse en un primer momento con decretos y otras medidas, e incluso mostrar un éxito inicial, con seguridad sucumbirá al juego del mercado que no respeta ni leyes ni decretos, sino que basa su movimiento en las expectativas, en el tiempo y en la oferta y demanda. Por ello el resultado de este punto del acuerdo es extremadamente imprevisible, más aún cuando lo que efectivamente no existe en el Banco Central son los dólares.

Sabemos que la situación económica es difícil, siendo su mayor problema que los ingresos del país, cada año que pasa, son menores a los egresos por las compras que debe efectuar el Estado, como los carburantes que le representan entre 4 y 5 mil millones de dólares anuales. Insostenible, para una economía que ya no produce como en la época cuando se despilfarraba el dinero a manos llenas.

Javier Viscarra es periodista, abogado y diplomático.