El gobierno contra el TSE

El gobierno se ha lanzado contra el Tribunal Supremo Electoral y, específicamente, contra su presidente, Salvador Romero. Ello es sorprendente y peligroso. Sorprendente porque Romero tiene sobradas cualidades, profesionales y éticas, para desarrollar el cargo. Tanto, que fue la propia presidenta Jeanine Añez la que lo nombró como vocal del organismo electoral, ante el aplauso de todo el sistema político y mediático en general. Y es peligroso porque intentar descalificar al árbitro de una contienda tan compleja como la que se avecina sólo puede causar más zozobra. El TSE es una de las pocas entidades creíbles en la -por lo general- débil institucionalidad boliviana.

Entre otros, el candidato a la vicepresidencia de Juntos, Samuel Doria Medina, y el procurador general del Estado, José María Cabrera, han asediado a Romero por no haber apoyado con más prontitud el juicio contra los responsables de organizar el fraude electoral del año pasado. Es verdad que el TSE debió actuar con más celeridad en ese caso, pero de ahí a que voceros del oficialismo duden de la honorabilidad de Romero, hay mucho trecho.

El procurador Cabrera, con las muy amplias atribuciones de su cargo, y con toda seguridad bajo órdenes de Palacio, está pendiente de los actos del TSE para lograr que se castigue la pérdida económica resultante de las elecciones anuladas del año pasado. En ese sentido, defiende los intereses del Estado pese a que la Fiscalía ya había iniciado una querella. Pero Cabrera no tiene el mismo interés para indagar cómo se produjo la compra de respiradores truchos ni si hubo sobreprecio en la adquisición de gases lacrimógenos. Se puede decir que sus acciones no son consistentes. Por el momento parece un perro de presa con muy determinados objetivos.

Que el gobierno se lance contra el TSE es, como decimos, riesgoso. Está bien insistir en la sanción a los culpables del fraude, pero Cabrera sabe que los dineros gastados no se recuperarán. ¿O cree que los exvocales más algunas exautoridades harán una cuota para devolver los 217 millones erogados? Como ello no sucederá, las presiones desmedidas contra el TSE se comprueban como políticas.

En ese marco es que el gobierno (y el frente político de Luis Fernando Camacho, además de entusiastas y fogosos usuarios de redes sociales) le lanzan bazucazos al organismo electoral. ¿Por qué lo hacen, pese a los riesgos que ello entraña y al hecho de mostrarse como irresponsables? Podríamos especular que a los dos les conviene que los comicios se pospongan. El oficialismo, enredado como está por reyertas y escándalos, debe desear ganar tiempo, a ver si se recupera. Pero tampoco podemos descartar que le preocupe genuinamente la salud de los bolivianos y que por ello le parezca errado hacer elecciones el 6 de septiembre, como decidió la mayoría masista en el Legislativo tras un proceso de negociación con otras fuerzas. Los voceros de Añez acusan al TSE y a Romero de haberse “sumado al MAS” al elegir esa fecha.  ¿Y por qué no sugirieron ellos nunca una fecha alterativa? Primero las autoridades se callaron sobre el tema, prometieron aceptar lo que decidieran el TSE y el Legislativo y cuando éstos lo hicieron, lanzaron sus críticas. Nadie los entiende.

Recién esta semana, ¡por fin! después de tres meses de mutismo, Añez pidió que se analice la posibilidad de convocar los comicios para octubre o noviembre. Para que ello se cumpliera, la Presidenta debió haber llamado, hace semanas, con toda solemnidad, a una reunión con las diferentes fuerzas políticas para intentar establecer esa posibilidad (sabiendo, además, que el oficialismo representa una fuerza marginal en el Legislativo). No lo hizo, porque en realidad no desea resolver el asunto, al gobierno le conviene, en esta coyuntura, que la indefinición se profundice. Parece creer, ilusamente, que puede pescar en río revuelto.

En ese sentido, el TSE también hizo mal en poner un candado en la nueva ley que fija los comicios para septiembre. Pudo haber pedido en cambio, como cuarto órgano del Estado que es, alguna opción para tener la posibilidad de cambiar la fecha si ello fuera necesario. Esa flexibilidad hubiera permitido salir del entuerto con más facilidad, en caso de emergencia. Porque si la curva de contagios por el coronavirus sigue alta en agosto, no se podrá celebrar la votación en septiembre. Menudo lío.

Raúl Peñaranda U. es periodista.