Discursos religiosos para legitimar el machismo en un Estado laico

En el actual escenario político boliviano, caracterizado por tensiones socioculturales y desafíos democráticos, se observa con creciente preocupación el resurgimiento de discursos políticos impregnados de referencias religiosas utilizadas para justificar el patriarcado, la subordinación de las mujeres y la negación de derechos adquiridos por colectivos históricamente excluidos. Lo que a primera vista parece una manifestación de “libertad de expresión religiosa”, en realidad pone en riesgo pilares fundamentales de la democracia pluralista y del Estado constitucional de derecho: la laicidad, la igualdad y la no discriminación.

El artículo 4 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) establece que el Estado “es independiente de la religión”, reconociendo la libertad de religión y creencias espirituales “de acuerdo con sus cosmovisiones”. Esta cláusula de laicidad implica que las decisiones gubernamentales deben guiarse por principios seculares, orientadas al bien común, y no subordinadas a doctrinas confesionales particulares (Carbonell, 2014).

Sin embargo, algunos candidatos a la presidencia han emitido declaraciones públicas que apelan abiertamente a doctrinas religiosas para rechazar el aborto legal, atacar las leyes de protección contra la violencia de género, insultar a las mujeres solteras denominándolas “anormales” y afirmar la supuesta “superioridad del varón sobre la mujer” como un “mandato divino”. Este tipo de afirmaciones no solo vulneran el principio de laicidad, sino que reafirman estructuras patriarcales profundamente enraizadas que contradicen el mandato constitucional de eliminar toda forma de violencia y discriminación basada en género (Art. 15 y 66 CPE).

La sociología política ha estudiado con detenimiento los riesgos del llamado fundamentalismo religioso en la política, definido como la imposición de preceptos religiosos en la esfera pública con pretensiones de verdad absoluta (Habermas, 2006; Asad, 2003). En contextos donde la institucionalidad democrática es frágil y las desigualdades estructurales persisten, este tipo de fundamentalismo puede convertirse en un dispositivo de legitimación de formas autoritarias y excluyentes de poder.

El uso de referencias bíblicas para sostener discursos machistas no es ingenuo: se trata de una estrategia ideológica que busca frenar el avance de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, particularmente en temas como la educación sexual integral, el acceso a la justicia, la participación política paritaria y la autonomía sobre el propio cuerpo. Como señala Butler (2004), el patriarcado se refuerza precisamente en los discursos que naturalizan jerarquías de género apelando a “ordenes simbólicos” como la religión.

En un país donde cada tres días ocurre un feminicidio, donde persiste el embarazo forzado en niñas y donde las mujeres enfrentan múltiples obstáculos para acceder a la justicia, este tipo de discursos resultan especialmente peligrosos. La negación del enfoque de género desde el púlpito político no solo es una falta de sensibilidad, sino un acto de violencia institucional que revictimiza y pone en riesgo a miles de vidas.

Además, la instrumentalización religiosa desde el poder político vulnera el principio de neutralidad ideológica del Estado, y se convierte en una forma sutil —pero efectiva— de censura y exclusión. Esto es particularmente grave en un Estado plurinacional, donde conviven diversas espiritualidades, cosmovisiones indígenas y creencias religiosas. Utilizar el cristianismo como única referencia moral válida no solo es excluyente, sino también colonial (Quijano, 2000; Rivera Cusicanqui, 2010).

En Bolivia, el respeto al Estado laico no es un mero formalismo legal, sino una condición imprescindible para garantizar la convivencia democrática, la protección de los derechos fundamentales y la inclusión de todas las voces y cuerpos históricamente silenciados. La fe, en tanto experiencia personal y espiritual, merece respeto; pero el uso del dogma como herramienta de opresión política debe ser confrontado con firmeza.

Exigir a los candidatos presidenciales que respeten la laicidad del Estado no es atacar su libertad religiosa, sino defender el derecho colectivo a vivir en una sociedad justa, plural y libre de imposiciones doctrinales. Como ciudadanía, debemos mantenernos alertas frente a los intentos de utilizar la religión para negar derechos y perpetuar violencias. La democracia no puede construirse sobre la sumisión de unas personas a otras, ni sobre la fe ciega, sino sobre el respeto, la razón y la igualdad.