Derechos de las mujeres, fracaso permanente

Los datos sobre la violencia hacia las mujeres en Bolivia son desgarradores y reflejan el fracaso sistemático de la Justicia en todos sus niveles y en la lucha contra este flagelo. La reciente investigación titulada ”Prevalencia de la violencia basada en género en los municipios de El Alto, La Paz, Cochabamba y Sacaba”, revela una realidad tremendamente alarmante

Desde la Conferencia de Beijing, donde los Estados se comprometieron a implementar medidas efectivas para combatir la violencia de género, los datos sobre la violencia contra las mujeres en Bolivia continúan siendo desoladores.

Este fracaso se manifiesta en la actuación de los operadores de justicia, que a menudo perpetúan una cultura machista y culpabilizadora. La falta de recursos es crítica; menos del 1% del presupuesto nacional se destina a abordar esta problemática. Además, la infraestructura destinada a la atención de víctimas es precaria y, en muchos casos, miserable.

La fetichización jurídica se convierte en un obstáculo adicional, ya que las leyes promulgadas se reducen a meros enunciados sin el andamiaje necesario para su efectiva implementación, corroborando que la vida de las mujeres no vale nada. Este fenómeno se agrava con la mercantilización de la justicia, donde cada sentencia se compra y se vende, reflejando un sistema judicial que ha sido infiltrado por la corrupción y el clientelismo. La justicia está lejos de ser un derecho fundamental, históricamente ha sido un bien transaccional, en el que las sentencias se compran y se venden al mejor postor, lo que perpetúa la impunidad y deslegitimando aún más las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.

En los municipios analizados, aproximadamente el 66% de las mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia a lo largo de su vida, incluyendo agresiones en el ámbito virtual. La magnitud del problema se hace aún más evidente al considerar que, de una población total de 1,5 millones de mujeres, al menos 750.000 han sufrido algún tipo de violencia en el último año y cerca de 900.000 a lo largo de sus vidas. El estudio ha sido realizado por Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Ciudadanía), con el apoyo de UNFPA y la cooperación coreana.

Las cifras corroboran lamentablemente los postulados que Rita Segato desarrolló hace algunas décadas, que en Bolivia está asentada no sólo en una robusta estructura patriarcal, sino que transita cotidianamente por los andenes de la “pedagogía de la crueldad”, que se reproduce no sólo en los ámbitos familiares, sino que tiene un anclaje potente en el sistema educativo, desde primaria hasta en las universidades y esto es ¡altamente grave! porque en estas dinámicas sociales cotidianamente se naturaliza y perpetúan la violencia contra las mujeres en nuestras sociedades.

A pesar de los avances legislativos en los últimos 30 años, como la Ley 348, que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, los datos actuales sugieren que seguimos atrapados en un ciclo vicioso de agresión. La persistencia de esta “pedagogía de la crueldad” no solo deshumaniza a las mujeres, sino que también refuerza la normalización de la violencia en el contexto social.

Las nuevas generaciones replican patrones aprendidos, de sus antecesores, madres, padres, hermanos, de los entornos familiares y también educativos, que configuran las estructuras sociales, culturales, educativas o religiosas impregnadas de misoginia, que permanecen tan robustas como siempre. La crisis del sistema judicial es evidente: los recursos destinados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres son escasos y dispersos, casi miserables, ni el 1% del presupuesto del Tesoro General de la Nación.

La ineficacia del Ministerio Público y otras instituciones, establecidas por ley, pone en evidencia un sistema estatal incapaz de cumplir con sus mandatos constitucionales, dejando a muchas mujeres sin protección ni justicia.

Problemática que en la última década se ha complejizado con la revolución digital y con la problemática y concepto contemporáneo de Violencia de Género Facilitada por la Tecnología (VGFT), que ha introducido y acentuado dimensiones más perversas de control y extorsión, demandando un enfoque renovado en las estrategias de lucha y erradicación de la violencia contra las niñas y las adolescentes, principalmente.

Las campañas comunicacionales han fracasado en promover cambios del sistema patriarcal y del machismo, que a lo largo de más de tres décadas han quedado como un mero barniz, que no han permeado con valor distintos en las nuevas generaciones; quienes finalmente, son hijos de mujeres violentadas, lo que obliga a un abordaje integral desde todo el sistema educativo, por lo que es imperativo adoptar narrativas disruptivas que conecten a la niñez, a la adolescencia y a la sociedad en su conjunto, a promover el respeto a la dignidad y vida de las mujeres, sin importar su condición.

Los resultados del estudio realizado por Ciudadanía subrayan la gravedad endémica de la violencia y evidencian los límites de las políticas despatriarcalizadoras, meros enunciados sin un impacto real en el desmantelamiento de las estructuras patriarcales.

Esto también evidencia el fracaso de la fetichización jurídica: de la promulgación de leyes y políticas públicas que no cuentan con recursos humanos capacitados ni comprometidos con una ética sólida en defensa de los derechos humanos y en lucha contra la violencia; también se sufre la ausencia de un andamiaje estatal que esté a la altura de los desafíos para evitar que las políticas queden atrapadas en ejes discursivos, que muchas veces parecen ser mera fantochería. ¿La elección de jueces impactará de alguna manera este dramático panorama? La respuesta es no.

Patricia Flores Palacios es magister en ciencias sociales y feminista queer.