Carta indignada a diputadas y senadoras

Con profunda indignación y desconcierto me dirijo a ustedes para interpelar su conducta y cuestionar la legitimidad de sus acciones; su entidad debería ser el bastión del respeto, la democracia y los derechos humanos. Aquí deben encontrarse ciudadano/as probo/as que representan a sus regiones con dignidad y orgullo.

Ojalá esta historia no se hubiera escrito ni en borrador y que no se hubiese grabado ya en la memoria colectiva el indigno episodio ocurrido en el hemiciclo parlamentario el pasado 8 de noviembre; el Legislativo fue convertido en un escenario de violencia y deshonra, marcado por golpes, insultos y ataques.

¿Qué historia del Estado Plurinacional de Bolivia creen que están escribiendo con tal ignominia? ¿Qué ejemplo de respeto, valores y ética están transmitiendo a la niñez y adolescencia de nuestro país? ¿Cuál es su compromiso real en la lucha contra toda forma de violencia y, principalmente, hacia las mujeres, cuando al mismo tiempo ejercen diversas formas de violencia contra toda la ciudadanía?

¿Cómo pueden devaluar las luchas históricas que buscan erradicar el cáncer letal de la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes en este país? ¿Qué moral les queda para seguir levantando la voz contra todas las formas de violencia, si ustedes, como servidores públicos y representantes nacionales, desnaturalizan las luchas de quienes las precedieron? Ojalá ocurriera algo que borrara tanta indignidad.

¿Con qué derecho, ustedes diputadas, diputados, senadoras y senadores son capaces de sepultar las aspiraciones de un país con su comportamiento degradante? ¿Cómo pueden naturalizar, desde los espacios estatales, los contubernios, prebendas y cooptaciones que perpetúan los andamiajes patriarcales?

¿Acaso no ven que en los pasillos del poder se transa con el cuerpo y la vida de las mujeres? ¿Y que los “prostituyentes” negocian servicios sexuales incluso con menores de edad con regateos de céntimos para la explotación sexual? En lugar de denunciar estas prácticas, eligen encubrir lo innombrable: proxenetismo o prostitución. Ojalá que sus nombres no sean olvidados por la historia.

¿Con qué autoridad moral se atreven, ustedes, representantes elegidos por el pueblo, a traicionar las aspiraciones de una nación entera mediante comportamientos que atentan contra la dignidad humana y los principios fundamentales de un Estado de derecho?

El andamiaje patriarcal que ustedes sostienen y refuerzan con los hechos que ha presenciado el país devela que han desvalorizado al máximo su rol de servidores y servidoras públicas, y que se han convertido en "presuntos" encubridores de los contubernios, prebendas y cooptaciones. Esto no solo es éticamente reprobable, sino que también socava los cimientos mismos de nuestra democracia, de la justicia, del estado de derecho, con honrosas excepciones.

¿Cómo pueden ustedes, que han jurado defender la Constitución y las leyes, ser capaces de naturalizar prácticas tan indecentes? La violencia, venga de donde venga, no es un asunto trivial, menos aún en un hemiciclo parlamentario, ante la vista de todo un país, y menos aún un "hecho aislado", ni "momentos de ofuscación" como si nada hubiera pasado. La violencia no puede ni debe ser aceptada como parte de nuestra cultura.

Al habérseles delegado la representatividad ciudadana y al haberse convertido en servidore/as público/as, las normas y las leyes les obligan a rendir cuentas ante la justicia y ante el pueblo que los ha elegido. El marco normativo ético que debe regir el trabajo parlamentario se los exige.

¿Y dónde queda la despatriarcalización y la descolonización del Estado Plurinacional? Con los deleznables hechos que hemos presenciado, la instrumentalización y demérito político de las mujeres diputadas y senadoras, con honrosas excepciones, se devela que solo eran simples discursos. La decantación de la historia revela que todo fue una fantochería, ejes discursivos que rápidamente se vaciaron de contenido y que hoy, a la luz de los hechos, terminaron por sepultar legítimas e históricas demandas.

El sistema político de Bolivia, a lo largo de su historia, ha estado condenado al cáncer caudillista que ha corroído todos los niveles del Estado, a través del poder, corrupción y expoliación de recursos estatales, incluidas las universidades, donde se compran y venden cargos y cátedras. A ese entramado patriarcal y expoliador se suma, como hilo conductor, la explotación de las mujeres.

Los caudillos, convertidos en funcionarios públicos, con distintos matices, se creen intocables e impunes, apoyados para perpetuarse en el poder mientras subestiman la capacidad crítica de la ciudadanía. Con esos hechos han puesto en evidencia que el caudillismo del siglo XIX sigue vigente: autoritarismo, cleptomanía, corrupción, cooptación e incapacidad de ver el bien mayor.

Se toman decisiones que favorecen al partido de turno sin tener en cuenta a los demás actores políticos, pero además, la deliberada asfixia de mecanismos de rendición de cuentas sigue perpetuando sistemas políticos pestilentes.

La sociedad boliviana merece y exige un Parlamento que esté a la altura de sus responsabilidades, que defienda los derechos de toda la ciudadanía y que trabaje incansablemente por construir un país más justo, equitativo y libre de violencia. El país los observa, tiene grabado en la retina su proceder indigno e inaceptable. ¡La historia los juzgará!

Patricia Flores Palacios, magister en ciencias sociales, es feminista queer.