“Bolo ejecutivo”, hoja de coca y el complicado camino hacia Viena

El año pasado, Bolivia inició una compleja campaña internacional con el objetivo de sacar la hoja de coca de la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 o, al menos, lograr su reclasificación en otra lista que permita su industrialización y venta en el exterior, una vez convertida en opciones medicinales, farmacológicas, toxicológicas u otras aplicaciones terapéuticas.

Este plan no es nuevo y se ha hablado de esta posibilidad durante varios años sin mucho éxito. Incluso en 2009, un intento de enmienda a la Convención de 1961 fracasó. En 2011, de manera sorprendente, Bolivia se retiró de la Convención para volver a adherirse en 2013, con una reserva que permite el acullicu, la infusión y su uso con fines médicos y culturales.

En esta nueva incursión y anticipándose al posible resultado del nuevo plan de repartir la leche antes de tener la vaca, el Gobierno ha puesto en marcha la construcción de dos fábricas industriales. Una de las factorías se encuentra en el Chapare y su construcción parece estar muy avanzada. La otra estará en Los Yungas, aunque este objetivo es, por ahora, solo una oferta a los productores de coca de esa región, algo que suena más a un adelanto prelectoral.

Sin embargo, ambas fábricas podrían convertirse en un desencanto y sumarse a la colección de elefantes blancos si la gran cruzada para revalorizar la hoja de coca, liderada por el vicepresidente David Choquehuanca, no alcanza el éxito esperado en Viena, donde en algún momento podría debatirse esta aspiración boliviana. Por ello, el esfuerzo debe ser mayúsculo.

Hace ya un año que Choquehuanca asumió este reto por la hoja de coca, junto a su secretario general, Juan Carlos Alurralde. Una tarea diplomática de gran escala para la cual no les falta experiencia; ambos administraron la Cancillería por más de una década y conocen bien los mecanismos que podrían llevar a la despenalización de la coca. Claro está, tendrán que enfrentarse al rechazo de otros actores poderosos.

De hecho, en 2011, Estados Unidos ya rechazó un planteamiento boliviano similar, precisamente cuando se trataba el caso del masticado de la hoja de coca o acullico, ahora popularizado en varias regiones del país como boleo. Es muy probable que la posición estadounidense se mantenga incólume, y lamentablemente, se ha hecho muy poco para intentar persuadir un cambio, dada la lejanía de nuestra relación bilateral.

El desafío para la aspiración nacional es que basta con que un solo país no esté de acuerdo con modificar el estatus de la hoja de coca para que la campaña se quede solo en buenas intenciones. Para eso está precisamente el trabajo diplomático, un concepto que nunca cruzó la mente de su sepulturero, el inefable Mayta. Y parece que la nueva administración a cargo de nuestras relaciones internacionales tampoco está intentando cambiar la situación.

El abandono de la Cancillería por parte de Mayta fue tan desastroso que, hasta hace poco, durante unos dos años, al frente de la embajada de Bolivia en Viena, Austria, estaba el chofer de la misión, una persona que ni siquiera tenía nacionalidad boliviana. Ahora, una nueva funcionaria trabaja en la embajada, pero esto es insuficiente para la inmensa tarea que Choquehuanca se ha propuesto.

Internamente, la campaña para el consumo de la hoja de coca es fuerte. El mismo jefe de Estado, Luis Arce, está promoviendo su consumo, y hace dos días, en un intento de marketing muy elaborado, habló de un nuevo producto estrella, el “bolo ejecutivo”, un producto supuestamente sofisticado de la hoja de coca, para su acullico o boleo, como se le conoce en Santa Cruz. En esta ciudad, el consumo de la coca ha aumentado inesperadamente, a pesar de las campañas sociales que dicen "camba que se respeta no bolea". Sin embargo, la coca se vende en varios negocios, por ejemplo, los instalados cerca del tercer anillo, a pasos de la transitada avenida Banzer.

El resultado de la campaña internacional emprendida por la vicepresidencia, en forma de tridente, aún tiene muchas etapas por recorrer. Dos de sus aspectos, el informativo y el político, requieren un compromiso absoluto de la Cancillería y todas sus misiones en el exterior. Sus representantes deben informar a la comunidad internacional sobre las bondades de la hoja de coca y, sobre todo, persuadir a los Estados Parte de la Convención de Viena para que apoyen la modificación de su contenido.

En el tercer ámbito, el jurídico, la tarea es titánica. Se debe explicar al mundo que el uso de la coca en Bolivia es inherente a su cultura y que los derechos indígenas en los que se basa la solicitud se han ampliado a otros sectores de la población, no solo a los pueblos indígenas. Además, se debe reiterar que los pueblos indígenas no fueron parte de la construcción de esta Convención.

En esta tarea, se debe convencer también a los escépticos de que la hoja de coca realmente se destinará dócilmente a estos fines, cuando es vox populi que la mayor parte de la producción del Chapare y una buena parte de la de los Yungas tiene fines ilícitos. En otras palabras, hay que extremar las artes diplomáticas del convencimiento y llevar adelante una lucha antidrogas más creíble.

Por ahora, lo único efectivo es la visita de fines del año pasado de Choquehuanca al presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien anunció una próxima convocatoria para la conformación de un comité de expertos internacionales para estudiar la coca desde la química, la farmacología, la toxicología, la medicina natural y otros usos tradicionales.

En 2005, Bolivia logró convencer en Viena sobre la necesidad de realizar un estudio del consumo de la hoja de coca, para determinar cuánta producción realmente se requiere para el consumo tradicional y cuánta producción se puede destinar a fines industriales, pero nunca pudo realizarse un trabajo creíble internacionalmente. Hoy es complicado hablar sobre la extensión de los cultivos de coca. El último dato de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia mencionó alrededor de 30.000 hectáreas, aunque hay informes no oficiales que sugieren más de 35.000 hectáreas, teniendo en cuenta los nuevos avasallamientos en zonas protegidas del país.

Colombia se ha sumado de manera decisiva a los esfuerzos internacionales de Bolivia, pero no es suficiente. La Vicepresidencia del Estado no puede enfrentar sola la magnitud del desafío.

Javier Viscarra es periodista, diplomático y abogado.