Bolivia y el FMI

Nuestras relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son de larga data, lo que se criticó, aún en el seno de la misma entidad de financiamiento, en la que había voces que objetaban a nuestra condición de “usuario prolongado.” El año 2006 nuestro gobierno decidió no acordar un programa con el FMI, con el que además ya no teníamos deuda por la condonación que nos había otorgado. No tuvimos un programa hasta el 2020. En ese año, por las necesidades creadas por la pandemia del Covid, accedimos al Instrumento Financiero Rápido (IFR) en Derechos Especiales de Giro (DEG).

Devolvimos el IFR en 2021, capital más intereses. Por razones políticas y con argumentos leguleyos el MAS se oponía a este financiamiento. Para la devolución el gobierno empleó también el argumento de que era oneroso porque estaba en DEG. No se vislumbró que la cotización en dólares de los DEG bajaría. Además, la devolución inoportuna transmitió el mensaje de que no necesitábamos apoyo financiero, cerrando tal la posibilidad de que países de Europa y Estados Unidos nos cedan los DEG que recibieron sin necesitarlos cuando el FMI los asignó el 2021.

El FMI nos ha estado visitando con alguna regularidad para preparar los informes del punto 4 de su convenio constitutivo. Esos informes, cuidadosamente preparados, y la asistencia técnica que recibimos nos han sido de gran utilidad.

Nuestra actual crisis, que es una crisis clásica de balanza de pagos, se parece en mucho a la situación por la que atravesó Sri Lanka el año 2023, con la falta de dólares y de combustibles. Hay empero algunas diferencias. Los apagones de electricidad eran frecuentes en el país asiático, mientras que en el país todavía no los tenemos, pero si las cosas continúan como están, pudieran sobrevenir. Sri Lanka, después de una negociación, criticada por lo larga, llegó a un acuerdo con el FMI. Mientras negociaba, contó con el apoyo financiero de países vecinos.

En las condiciones en las que estamos, no podemos darnos el lujo de no acudir al FMI por razones ideológicas, ignorando además los grandes cambios que han ocurrido en esa entidad. Un acuerdo con el FMI asentaría la credibilidad de un programa bien pensado de estabilización.

Una línea de crédito del FMI, a la que podríamos acceder relativamente rápido, es a un stand-by, pero el monto que conseguiríamos sería muy pequeño como para cubrir nuestras necesidades. Podemos ensayar de acceder al Servicio Ampliado del Fondo o a una combinación de éste con el stand-by, que nos otorgaría un crédito más grande, aunque todavía insuficiente.

El ideal sería una Facilidad de Crédito Flexible, que liberaría sumas más grandes pero cuya concesión tiene más exigencias. Por último, intentaríamos recurrir al desairado IFR, comiéndonos el sombrero.

Es importante hacer notar que la asistencia del FMI exigirá alivios de deuda de otros acreedores. Nuestra deuda externa es de un poco menos de 30% del PIB y podríamos llegar a acuerdos de reescalonamiento si se los coordina con el FMI.

La posición tradicional de la izquierda, especialmente de la latinoamericana, ha sido la de oponerse al FMI por considerar que es una marioneta de Estados Unidos y que condiciona su apoyo con austeridades muy duras. Sorprendentemente, los ataques al FMI están proviniendo ahora desde el flanco más conservador. Está en el Proyecto 2025, preparado por la derechista Fundación Heritage, que pauta las políticas del presidente Trump, que Estados Unidos debería salirse del FMI y del Banco Mundial. Estados Unidos es de lejos el financiador más importante del FMI; en cambio, el Banco Mundial se financia mayormente en el mercado de capitales, colocando bonos.

Si Estados Unidos se sale, dejará muy desportillado el FMI, pero no muerto. Otros países podrían tomar la posta, pero se padecería incertidumbre por un tiempo. Tenemos que estar alertas a la posibilidad de que el país del norte podría dejar el FMI y tendríamos que apurarnos.

Juan Antonio Morales es PhD en economía.