Todos los Estados modernos cuentan con una administración pública competente y honesta. La calidad de los servidores públicos determina muchas decisiones que van desde la política económica, pasando por las políticas de progreso social, hasta el programa de inversiones públicas.
Pareciera que en el país no se ha valorado la importancia de un servicio público de calidad. Desde antes, pero sobre todo durante los gobiernos del MAS, la función pública fue perdiendo su atractivo para los más talentosos, que tienen oportunidades en el sector privado y en el extranjero.
No sólo que es mal pagada sino, y todavía más grave, se convirtió en una ocupación de alto riesgo. A todo esto, se sumó un problema de imagen y de sospecha en sentido de que si se era un alto funcionario público es para aprovecharse de las arcas del Tesoro o para recibir sobornos. Aún las instancias internacionales de fiscalización, como la GAFI, tienen la categoría de PEP (Personas Expuestas Políticamente) que hace sospechoso a cualquier alto funcionario, lo que les dificulta las transacciones bancarias por simples que sean, como la de abrir una cuenta.
El primer ministro y fundador de la ciudad-estado Singapur, Lee Kwan Yew, decía, refiriéndose a las remuneraciones de los altos funcionaros: “Si pagas con manís contratarás monos” (traducción del autor).
Los gobiernos afligidos por sus debilidades fiscales encaran un dilema: si mejoran los sueldos a todo su personal, el déficit que ya es alto aumenta; pero si dejan los salarios como están, pierden o no pueden contratar a personal calificado.
Las instituciones de cooperación internacional, por su parte, cazan en coto ajeno, “poaching”, se dice en inglés de los buenos funcionarios, lo que agrava la situación. Para salir del dilema, los gobiernos efectúan malabarismos que no son ilegales, pero son mal entendidos y denunciados por los que se guían por el criterio del “piensa mal y acertarás”. Fiscales y jueces no se fijan en los antecedentes de estos bellacos oficiosos.
Los riesgos legales aumentan con la profusión de legislaciones mal redactadas y muchas veces contradictorias entre sí. Con acusaciones tan vagas, como daño económico al Estado o incumplimiento de deberes, se pone en riesgo libertades individuales fundamentales y patrimonios de los funcionarios públicos y sus familias.
Un principio básico de la ley Safco es el de la gestión por resultados, principio que nunca ha sido entendido por el personal encargado de aplicar la ley. Hacer recaer todas las responsabilidades en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) por decisiones tomadas por el personal inferior contradice todo lo que enseñan las ciencias administrativas. También esa pasa por alto el inciso b del artículo 28 de la ley Safco, que a la letra dice: “Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, mientras no se demuestre lo contrario”.
La politización de la función pública es una amenaza permanente. Se tiene en el país el criterio erróneo de que hay que compensar fidelidades políticas y a las amistades con puestos en la administración pública. En los últimos tiempos se ha estado ignorando la Ley del del Estatuto del funcionario Público y la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores.
La combinación de sueldos más bajos que el sector privado para funciones similares, riesgos legales y dificultades inherentes a ser PEP, crean problemas de selección adversa. Solamente los que piensan que pueden circunvenir estos obstáculos deciden hacer carrera en la administración pública, lo que tiene costos de eficiencia, que se traducen después en un menor PIB que el que se habría tenido de otra manera, en la baja calidad de los servicios públicos y en los repetidos amagos de crisis macroeconómicas y financieras.
Los historiadores económicos han estado buscando las causas del escaso desarrollo del país. Con toda razón insisten en las debilidades institucionales. Entre ellas está la poca confianza de la población en los gobiernos y en sus administraciones públicas. Ese bajo capital social, como dicen los sociólogos, se origina en parte por las fallas en el reclutamiento de servidores públicos.
Juan Antonio Morales es PhD en economía y fue presidente del Banco Central de Bolivia.