Acuerdo nacional para una cuádruple crisis

El país vive una cuádruple crisis: por un lado es sanitaria, con miles de personas en riesgo de ser afectadas por la propagación del coronavirus. Es también económica, ya que las restricciones de movilización de personas y vehículos reducirá gravemente los ingresos de una gran parte de la población; a ello se suma la reciente estrepitosa caída del precio del petróleo. Esa situación generará el tercer problema, la crisis social, con un agravamiento de la pobreza y de la conflictividad. Finalmente la cuestión es también electoral, ya que debe decidirse, cuanto antes, si las elecciones del 3 de mayo se postergan o no.

Una situación como la que enfrenta el país debe tener una solución también a la altura: debe avanzarse hacia un gran acuerdo nacional que permita asumir todas las medidas necesarias para afrontar los problemas de la manera más coordinada y eficiente posible. En pocos momentos de nuestra historia esto ha sucedido, es decir que los partidos se desarmen y acudan a soluciones comunes. Este debería ser uno de ellos. Algo ya se ha avanzado en este sentido: excepto la del MAS, las diferentes candidaturas están de acuerdo con posponer los comicios y apuntalar una estrategia nacional para evitar la ampliación del virus.

La situación presenta varias complicaciones: el hecho de que la presidenta Jeanine Añez sea, además, candidata, dificulta los acuerdos y hace temer que lo que ella decida lo esté pensado dos veces, una por el bien del país y otra para beneficiar a su candidatura. Otra complicación la ofrece el MAS, que preferirá que el país se incendie antes de lograr algún tipo de acuerdo. Si en noviembre pasado la bancada masista estuvo de acuerdo en pacificar el país, aprobar la ley de convocatoria a elecciones e incluso sacar a Evo Morales de la papeleta, cuatro meses después no está disponible a discutir, por ejemplo, el cambio de fecha, en parte con razón: el gobierno en estos cuatro meses no le ha dado al MAS nada a cambio de las concesiones de noviembre e incluso ha ordenado detener a uno de los arquitectos del acuerdo, el exministro Carlos Romero.

Al oficialismo le toca, por eso, para poder postergar la fecha de los comicios, recurrir nuevamente al MAS, esta vez quizás usando un tono menos agresivo y más pragmático. Un escenario así era más o menos previsible que sucediera, sobre todo ante la evidencia de que el MAS tiene la sartén por el mango en este tema, considerando su holgada mayoría parlamentaria. Pero también para el MAS entraña un riesgo la solución por el desastre. Tendrá que reducir sus impulsos autoritarios y chantajistas ante la eventualidad de que un agravamiento del tema sanitario y social le afecte política y electoralmente.

También podríamos ponernos ante el escenario de que, si el MAS rechaza aprobar una ley de postergación, el presidente del TSE, como cabeza de un Órgano del Estado, está habilitado para actuar. Él podría tomar la decisión de suspender los comicios si por una razón de fuerza mayor éstos no pueden organizarse y celebrarse adecuadamente. Es que es verdad que el TSE atraviesa por tribulaciones serias para poder cumplir a cabalidad todas las numerosas tareas que debe desempeñar antes de los comicios, desde las de capacitación de jurados y notarios, hasta las de producción y transporte de materiales, debido a las restricciones de movilidad de personas y vehículos y a la prohibición de organizar reuniones de 100 personas o más. ¡Y solo faltan seis semanas para el 3 de mayo!

Ese es el corto plazo, lo que tiene que ver con lo sanitario y electoral. Pero luego vendrán las otras dos crisis advertidas aquí: la económica y la social. Los millones de bolivianos que perderán sus ingresos por las restricciones de movilización (y posible cuarentena general), sufrirán aciagas consecuencias durante largo tiempo. El chofer de minibús que no trabaja, la vendedora que no puede salir de su casa, el dentista que no recibe pacientes, el jardinero que no puede llegar a su trabajo y otros miles de bolivianos cuentapropistas atravesarán situaciones de extrema dificultad, para no hablar de muchas empresas, sobre todo de servicios, que seguramente quebrarán.

El bono de 500 bolivianos por cada hijo que asiste a la escuela, además de las moratorias en pagos de créditos e impuestos, son un aliciente importante, pero se mostrarán sin duda insuficientes ante la magnitud de la crisis.

Si a ello se suma la caída del precio del petróleo (a 27 dólares el barril cuando se escriben estas líneas), Bolivia obtendrá la mitad de los recursos por exportación de gas de lo previsto, elevando aún más el déficit fiscal. No hay duda de que el Estado, en los próximos años, enfrentará graves aprietos para pagar a jubilados, policías, maestros y militares. El déficit fiscal es hoy superior al 8% y éste podría aumentar si es que el precio del petróleo no repunta. Por todo eso es que un gran acuerdo nacional, que ojalá incluya al MAS, es imprescindible. 

Raúl Peñaranda U. es periodista.