Han pasado 30 años desde la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, un programa histórico aprobado en 1995 por 189 gobiernos durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China. Tuve el honor de participar en el proceso preparatorio desde la sociedad civil, a través de registros comunicacionales y del seguimiento a la aprobación de la primera ley contra la violencia intrafamiliar, sin duda, un momento trascendental y esperanzador para el avance de los derechos de las mujeres y niñas a nivel global.
El evento promovió la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de 12 esferas críticas, abarcando temas esenciales como la violencia contra las mujeres, la educación y capacitación, la salud, la pobreza, los conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder y la toma de decisiones, así como la representación en los medios de comunicación, el medio ambiente y las necesidades específicas de las niñas.
Ese enfoque integral subraya la importancia de abordar múltiples dimensiones para lograr un cambio significativo en la vida de las mujeres y niñas en todo el mundo. Sin embargo, durante el primer decenio de la Plataforma de Acción de Beijing, las mujeres del país enfrentaron una ardua lucha para impulsar una serie de normativas que comenzaran a desmantelar el andamiaje patriarcal que sostenía la supuesta neutralidad de género del Estado.
El camino no fue fácil por la resistencia recurrente, que develó cómo el dominio patriarcal y machista estaba reforzado por mandatos religiosos y culturales que naturalizaban la desigualdad entre géneros y subordinaban a las mujeres a roles domésticos. La lucha demandó un esfuerzo monumental para desestructurar un patriarcado milenario que había moldeado nuestra subjetividad política y social. A pesar del resurgimiento constante de grupos conservadores que se opusieron, y se siguen oponiendo, tenazmente al ejercicio de los derechos de las mujeres, logramos avanzar en un proceso constituyente fundamental.
Ello permitió establecer a Bolivia como un Estado laico que garantice los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, promoviendo la libertad de conciencia y expresión, así como la no discriminación por orientación sexual, la despenalización del aborto y la incorporación de la Educación Integral de la Sexualidad que marcaron pasos significativos hacia adelante.
Además, se logró no solo constitucionalizar la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, sino también abordar su subrepresentación en espacios políticos. Un arduo proceso que demandó una serie de movilizaciones que exigieron cuotas de participación y culminó con la promulgación de leyes de paridad. Sin estas medidas afirmativas, el avance histórico en la presencia de mujeres en distintos estamentos estatales no habría sido posible.
A lo largo de estos 30 años, hemos logrado avances significativos; enfatizando que cada uno de estos logros no han sido concesión de ningún gobierno, sino el resultado de una lucha constante y colectiva de mujeres diversas, articuladas en todo el territorio, tanto en contextos urbanos como rurales. Camino arduo y que requirió de esfuerzos continuos, a menudo con un alto costo, como lo demuestra la trágica pérdida de varias lideresas, entre ellas Juana Quispe. La historia nos enseña que la verdadera transformación social se forja a través de la perseverancia y la acción colectiva, superando incluso nuestras diferencias.
Las conquistas que están incorporadas en la Constitución Política del Estado son testimonio de la tenacidad del movimiento de mujeres en Bolivia, un movimiento diverso y polifacético que ha logrado integrar en el ordenamiento jurídico conceptos fundamentales como la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, la igualdad de oportunidades, la paridad en la representación política y la visibilización del trabajo doméstico, como un trabajo legítimo y no como una obligación femenina, entre otras conquistas. Además, se ha promovido el empoderamiento de las mujeres como un pilar esencial de las dinámicas socio económicas del país.
Los compromisos asumidos por el Estado con la Plataforma de Acción de Beijing, durante estas tres décadas han permitido tenues avances en la erradicación de la pobreza y evidentemente han puesto en valor la fuerza laboral femenina, particularmente del contexto rural, en la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. Las mujeres se han consolidado como agentes económicos clave y protagonistas de la soberanía alimentaria. Asimismo, el acceso a servicios financieros y el fortalecimiento de emprendimientos han demostrado que una parte significativa del aparato productivo del país se sustenta en el trabajo de las mujeres.
Desde esta perspectiva, es evidente que hemos conquistado una serie de reivindicaciones a lo largo de estos 30 años; sin embargo, las mismas están permanentemente amenazadas. El feminicidio y la violencia contra las mujeres son problemáticas lacerantes y uno de los capítulos pendientes del compromiso suscrito con la Plataforma de Beijing y sin duda, los más oscuros de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Sobre el horizonte de 30 años de este compromiso global ¿El Estado ha apostado realmente por un compromiso firme para garantizar los derechos de las mujeres y niñas en Bolivia, o es solo una narrativa que oculta la ineficacia de un sistema que sigue perpetuando la violencia y la desigualdad?. ¿Sobre los resultados evidentes, será posible confiar en promesas de descolonización y despatriarcalización cuando los recursos y la voluntad política para abordar estas problemáticas son tan insuficientes, casi miserables?
La historia nos ha enseñado que el camino hacia la transformación social es arduo y constante. ¡Es fundamental destacar el compromiso global de Beijing, que visibiliza una lucha que cumple 30 años y que se sostiene sobre largas trayectorias de reivindicación, pero fundamentalmente, celebrar la fuerza de extraordinarias mujeres que cotidianamente luchan por un presente mejor!
Patricia Flores Palacios es magister en ciencias sociales y feminista queer.