Son 54 años del golpe de Banzer

 El golpe militar del 21 de agosto de 1971 fue una de las páginas más dolorosas de nuestra historia por la vulneración a los derechos humanos traducidas en muertes, desapariciones y la instauración de un gobierno de corte militar, en el que las libertades estaban suprimidas y eran ejercidas de forma monopólica, únicamente por los adeptos al régimen.

Era la época de las doctrinas que hablaban de la existencia de un “enemigo interno” al cual había que eliminar a toda costa. Hoy, 54 años después, esa forma de pensar está completamente superada. 

La memoria de estos acontecimientos nos lleva a la conclusión que la democracia debe ser precautelada como la forma de convivencia en la que el pueblo debe decidir acerca de los destinos del gobierno y del Estado, articulado a las otras formas de democracia participativa o directa, como son los cabildos, las asambleas, la democracia en las comunidades, y la iniciativa legislativa ciudadana.

En los últimos años he tenido la posibilidad de participar y ayudar a organizar varios cabildos ciudadanos en diferentes regiones del país para defender la democracia, poner un freno al autoritarismo del evismo y del arcismo, y me siento afortunado de que la Constitución Política del Estado sea tan abierta para reconocer varias formas de democracia, más allá de la democracia representativa.

Un gobierno autoritario, una salida violenta a cualquier crisis que viva Bolivia, sería inaceptable, especialmente con la intervención de la institución que tiene el monopolio de las armas y la alta función de proteger a la patria por encima de cualquier otro ideario.

Las posibilidades y la justificación de una lucha armada desde la sociedad civil o desde algún grupo ideologizado en Bolivia están muertas. Por el contrario, la democracia ha posibilitado, desde 1982, que la izquierda llegue al gobierno y que la derecha también lo haga. Igual que los neoliberales, los indianistas y masistas, descubriendo que la conducción del Estado estriba en la capacidad política de articular proyectos y de llegar a su conducción por la vía del voto.

Mientras estas condiciones estructurales no sean otras, la política boliviana será una arena donde los políticos debatirán y pelearon para hacerse del gobierno.

Lo he dicho, la forma de partido político está hoy en crisis, pero no la política; de manera que una sigla o una candidatura será el vehículo para llegar al poder. Luego, lo que se realice desde él o la viabilidad y permanencia en el gobierno, será otra historia.

Respecto al rol de las Fuerzas Armadas, es importante reiterar que es en democracia y no fuera de ella su trabajo y aporte. Que durante estos años ha sido desinstitucionalizada, al extremo de estar al servicio del MAS y del gobierno en situaciones tan complejas, como los sucesos de la plaza Murillo el 26 de junio de 2024, con la puesta en escena de un sui generis levantamiento militar a la cabeza del general Zúñiga.

Con los procesos penales contra funcionarios del gobierno de Jeanine Añez, Luis Arce buscó seguir “debilitando a las Fuerzas Armadas a través de juicios y detenciones irregulares de sus miembros y exaltos mandos, para lograr sentencias mediante procesos abreviados”.

De aquí en adelante se debe fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la democracia boliviana. Es urgente una revisión extraordinaria de los juicios abreviados, mediante los cuales varios civiles y militares se declararon culpables para evitar las detenciones preventivas en juicios amañados y cargados de sicariato judicial.

Con ello, varios miembros de la institución militar deberían volver a las filas de la institución, repararles el daño causado y –si hubiera indicios de delitos cometidos– someterse a juicios con debidos procesos y plenas garantías de defensa.

Está claro, que el juicio de responsabilidades debe ser la regla a la cual deberán ser sometidos los anteriores dignatarios de Estado y sus colaboradores. Respecto a los procesos de Senkata y Sacaba, de igual manera.

Creo que la institución militar tiene la suficiente capacidad para reorientar su rol histórico y contribuir al desarrollo nacional y a la democracia.

Manuel Morales Alvarez es investigador.