“Cerrar la aduana”, la propuesta fue señalada por Rodrigo Paz reiteradamente. Así, el 17 de julio de 2025, dijo: “Trabajar impulsando la facilidad de comercio y el trabajo empresarial, para lo cual se plantea cerrar la Aduana y crear una institución que permita el desenvolvimiento comercial con facilidad”.
“Nuestras fronteras tenemos que aprovecharlas y desarrollarlas más, tenemos que cerrar la Aduana y crear una institución que permita la facilidad de comercio en Bolivia, más allá del Mercosur, debería ser una suerte de zona franca donde la gente entre a comprar a Bolivia”, expresó.
Además, hizo referencia a las empresas y los emprendedores, y dijo que se debe considerar reducir los aranceles, impuestos y otros cobros que impiden que crezca el sector formal.
Como se observa: todo “un combo” la propuesta de Rodrigo Paz.
No existe ningún país que no tenga Aduanas, ya que todas las naciones tienen mecanismos para controlar la entrada y salida de mercancías. Claro que dentro de la Unión Europea no existe control aduanero, pero de la Unión al resto del mundo, claro que sí.
La “Aduana no sirve para un carajo”, dijo Rodrigo Paz el 30 de mayo de 2025. La recaudación tributaria y aduanera total de Bolivia, en 2024, alcanzó un récord histórico que superó los Bs 51.980 millones. Esta cifra incluye los ingresos de la Aduana Nacional, aunque las cifras sobre la recaudación aduanera específica varían ligeramente según la fuente.
La recaudación aduanera en Bolivia experimentó un crecimiento significativo. El año 2023 tuvo un récord histórico en tributos aduaneros de Bs 18.411 millones, de manera que sí sirve para algo. Seguramente, el Presidente Rodrigo Paz tendrá un buen plan económico para prescindir de esos millones de ingresos al Estado boliviano, a tiempo de lograr que los ingresos comerciales liberados del control aduanero importen ingresos, igual o más significativos para el sector privado.
No existe una teoría económica dominante que abogue por el cierre total de aduanas, ya que la mayoría de las escuelas económicas modernas, como la de la ventaja comparativa de David Ricardo, promueven el libre comercio por sus beneficios. Sin embargo, algunas teorías o políticas económicas, como el proteccionismo, abogan por restricciones (aranceles, cuotas), no por el cierre completo, sino por el objetivo de proteger las industrias nacionales, principalmente a través de barreras aduaneras.
Es evidente que el pretendido cierre de la Aduana beneficiaria de manera directa a los sectores dedicados al contrabando y, con ello, se acrecentaría sus ingresos en una lógica de victoria del informalismo materializado en política pública. Sin embargo, el cierre de la Aduana es poco probable que vaya a suceder.
La Constitución Política del Estado establece que el “régimen aduanero” es competencia privativa del nivel central del Estado, que al mismo tiempo se define como: “aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado” (CPE. Art. 297).
Bajo este concepto constitucional, la Aduana, como elemento cardinal del régimen aduanero, no podría ser transferido a un nivel subnacional y mucho menos delegarse sus funciones al sector privado. La Aduana, básicamente, recauda tributos aduaneros y lucha contra el contrabando, considerado un ilícito.
La posibilidad de que la Aduana pase a manos privadas es casi imposible. Los privados no pueden hacerse cargo de la función fiscalizadora de la Aduana, ya que es una competencia privativa del Estado. Sin embargo, sí pueden ser contratados en concesión o mediante otros contratos para realizar actividades y servicios aduaneros específicos, siempre y cuando esto no vulnere la función fiscalizadora del Estado.
La Aduana Nacional puede otorgar en concesión a empresas privadas actividades y servicios aduaneros no fiscalizadores. Así se permite la participación de la iniciativa privada en el procesamiento de documentos de importación, exportación y otras operaciones, como lo establece el Decreto Supremo 23098. Los privados pueden realizar gestiones de despacho aduanero por cuenta de terceros.
Debe quedar claro que la fiscalización y el control aduanero son facultades exclusivas del Estado, que no pueden ser transferidas a privados.
En conclusión: no creo que Rodrigo Paz pueda ni cerrar la Aduana ni transferirla a un operador privado. La recaudación aduanera es parte importante de la recaudación tributaria. Bajar impuestos y afectar la recaudación aduanera lo único que generará es la debilidad económica del Estado, y eso no es aceptable en el contexto de crisis y debilidad institucional en la que vivimos a consecuencia del modelo que ha entrado en crisis terminal.
Manuel Morales Alvarez es investigador.
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