Jeanine Añez ha recuperado su libertad después de casi cinco años de sicariato judicial instruido por el gobierno de Luis Arce, Iván Lima y Eduardo Del Castillo. Su detención fue para instrumentalizarla como un trofeo político. Los juicios penales fueron una violación al ordenamiento constitucional y jurídico vigente en nuestro país.
La manipulación política y judicial no pudo cerrar estos juicios ilegales con sentencias firmes y supuestamente legales. Lo que consiguieron fue doblegar a jueces y fiscales subordinados al poder político y llevar adelante simulacros de juicios y algunas sentencias emergentes de declaratorias de culpabilidad de algunos jefes militares, sometidos a juicios abreviados, ya sea por voluntad propia o por presiones ejercidas desde las oficinas gubernamentales, o por malos asesoramientos de sus abogados “defensores”.
Se cierra este ciclo, pero se abre otro, el del juicio de responsabilidades.
Durante estos años fui enfático al señalar que Evo Morales y Luis Arce deben ser juzgados también como dispone la Constitución Política del Estado y la Ley 044 por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, junto a sus colaboradores. Que dichos juicios deben emanar de ciudadanos con capacidades patrióticas para poder denunciar y presentar una proposición acusatoria ante el fiscal o el fiscal general del Estado. Que el procedimiento deja en manos del fiscal general del Estado, en base a la proposición recibida y con los antecedentes que pudiera acumular, la aceptación de dicha demanda.
Sin embargo, la viabilidad de los juicios de responsabilidades a los gobernantes de estos últimos 20 años puede ingresar al limbo jurídico y parlamentario, como viene sucediendo con otros juicios de igual jerarquía.
En mi condición de ciudadano, he remitido, el 10 de octubre de 2025, dos cartas: una al diputado Juan José Jauregui U. y otra al senador Miguel Ángel Rejas, presidentes de la Comisión de justicia plural, ministerio público y defensa legal del Estado, de la Cámara de Diputados y Senadores, respectivamente. En las cartas solicito información acerca de los juicios de responsabilidades conocidos por dichas comisiones, con base a los siguientes puntos:
1. Nombre de la autoridad o autoridades imputadas o juzgadas.
2. Estado actual del proceso.
Con esta información, que seguramente me brindarán las nuevas autoridades parlamentarias, después del 8 de noviembre del presente año, sabremos la cantidad y el estado de los juicios de responsabilidades atestados en el Parlamento.
Será una oportunidad para publicar cuantos juicios de responsabilidades “duermen” en la Asamblea Legislativa Plurinacional y hacer conocer la demanda de su activación, para que los que corresponden a los tres gobiernos del ciclo masista, incluyendo el de Jeanine Añez, puedan realizarse con normalidad y de forma pertinente, es decir, sin mayor demora.
Creo que es importante saber el estado de la justicia, muy oscuro y sombrío en este tema, y actuar en correspondencia.
Manuel Morales Alvarez es investigador social.
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