Igualdad y equidad, la importancia de su entendimiento y práctica

Por: Fernando Durán Valenzuela*

Hace varios años, en un debate universitario sobre “Igualdad y equidad de género” se expuso un ejemplo bastante interesante y acalorado para comprender la necesidad de trabajar en políticas laborales equitativas y no solamente de igualdad de derechos.

Uno de los expositores señalaba como “supuesto extremo” que, con mucha probabilidad, ante un requerimiento de “personal de cocina con experiencia por parte de algún restaurante”, los contratantes, además de evaluar las habilidades culinarias requeridas para el cargo, se inclinarían fácilmente por la contratación de un varón y no tanto así de una mujer.

Los argumentos de debate expuestos en aquel entonces, por supuesto algo discriminatorios y machistas, se basaban en que la contratación de un cocinero varón permitiría al restaurante (utilizado como ejemplo) evitar ciertos costos o beneficios de tipo laboral, entre ellos los de maternidad.

Asimismo, que, a diferencia de la contratación de una cocinera, podría emplear(se) al varón en otras actividades complementarias, como: levantar garrafas de GLP, mover muebles pesados de cocina, comprar insumos alimenticios envasados por quintal o realizar otras actividades que requieran de cierto esfuerzo físico adicional.

El debate fue encendido y acalorado entre los asistentes por haberse tocado aspectos tan sensibles de derechos y de género; sin embargo, las conclusiones del evento fueron muy importantes: urgía la necesidad de “desarrollar y promover políticas laborales y sociales equitativas y no solamente de igualdad de derechos”.

Igualdad y equidad, entendiendo los conceptos

La Igualdad se refiere a la disposición de tratar a todos los ciudadanos del mismo modo, sin importar su género, raza, posición social o cualquier otra característica o cualidad; por ejemplo: la práctica de “derechos humanos”.

La Equidad, en cambio, debe entenderse como la capacidad de ser justos o de impartir justicia desde el “principio de la igualdad”, pero, considerando las necesidades individuales y las circunstancias propias de cada ciudadano; por ejemplo: el derecho al voto femenino, las licencias de paternidad o el acondicionamiento de espacios públicos o privados para personas con cierto grado de limitaciones físicas.

En ese entendido, la diferencia entre ambos conceptos radica en que el de igualdad considera a la justicia como aplicable a todos los ciudadanos de manera uniforme; mientras que el de equidad, toma en cuenta la posibilidad de hacer excepciones, siempre y cuando no se comprometa el sentido de imparcialidad.

Hacia la equidad de género y equidad social

Después de casi 20 años de aquel debate universitario no me cabe la menor duda que, a la fecha, existe el marco normativo e institucional para disminuir, evitar o denunciar posibles hechos de discriminación laboral y social.

¡Hoy hay mujeres árbitras! Conductoras de buses PumaKataris. Pasajes de transporte diferenciados. Se ha implementado en las instituciones públicas y privadas la obligatoriedad de atención preferencial a las personas adultas mayores o con cierto grado de discapacidad. Los hombres ahora tienen derechos por concepto de paternidad. Se hicieron públicas varias acciones laborales discriminatorias de género, etc.

Sin embargo, la reflexión sigue latente, pues, pese a la existencia de normas o instituciones especializadas en los temas abordados y a los avances logrados, aún se observa la necesidad de consolidar acciones que garanticen que todas las personas puedan gozar de las mismas oportunidades “aunque sus circunstancias sean diferentes (equidad social)” y de facilitar las “oportunidades de las mujeres para que tengan los mismos trabajos que los hombres y la misma visibilidad política, económica y social (equidad de género)”.

En consecuencia, no solo basta la implementación de normas que apunten a la igualdad de derechos y de género. Se debe promover políticas sociales equitativas que busquen lograr una sociedad más empática y digna; respetuosa de los derechos y libertades de hombres, mujeres, niños y niñas, para el desarrollo integral de sus capacidades, a través de políticas públicas inclusivas que promuevan la eliminación de la violencia, especialmente de género.

Trabajar en ello, es una obligación ética de la sociedad en su conjunto y debería ser un compromiso político que apunte al desarrollo humano.

*Es Economista