Activistas de derechos humanos expresaron su “profunda preocupación” por la detención de Fernando Hamdan

Brújula Digital|10|07|24|

Representantes de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos en Bolivia expresaron su “profunda preocupación” por la detención de Fernando Hamdan, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) en Bolivia.

Los firmantes del documento exigen a las autoridades judiciales y al Ministerio Público el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales y convencionales respecto al acceso a la justicia y el debido proceso, con especial énfasis en la presunción de inocencia y la garantía del juez natural.

Las entidades que emitieron la declaración son Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Comunidad de Derechos Humanos, CLADEM Bolivia, Fundación Construir, Empodérate, Colectivo de Derechos Humanos, Oficina Jurídica de la Mujer, Fundación Debido Proceso, Fundación Esperanza, Centro de Documentación e Información Bolivia CEDIB, Casa de la Mujer, Coordinadora de la Mujer.

Fernando fue detenido la madrugada del 7 de julio en Santa Cruz y trasladado a la ciudad de La Paz, acusado de haber participado en la insubordinación militar del 26 de junio pasado.

El Gobierno ha señalado como “pruebas” contra Hamdan solamente que intercambió llamadas telefónicas con el general Juan José Zúñiga, quien encabezó la insubordinación. En este y en todos los casos de denuncias contra los supuestos cómplices de Zúñiga el Gobierno no ha podido mostrar pruebas fehacientes.

Las organizaciones manifestaron en un comunicado su vehemente rechazo a la obstrucción por parte de las autoridades, quienes impidieron durante varias horas que el equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitara a Hamdan para garantizar la preservación de sus derechos humanos.

Firman el comunicado Franco Albarracín, Jinky Irusta, Ramiro Orías, Marco Antonio Mendoza, Rubén Darío Cuéllar, Miriam Campos, Cinthia Armijo, Ingrid Zabala y María Esther Nacho.

Los redactores del texto reiteraron su preocupación por el uso amplio y vago del delito de terrorismo en Bolivia, cuya redacción es incompatible con las normas internacionales. Agregaron que organismos internacionales han recomendado repetidamente su modificación y exigen al Gobierno cumplir con el Plan de Trabajo suscrito con la CIDH en marzo de 2022, el cual compromete al Estado boliviano a adecuar el tipo penal de terrorismo conforme al principio de legalidad y a los estándares internacionales.

En el documento los firmantes hacen un llamado a la Asamblea Legislativa para realizar la modificación correspondiente al Código Penal.

Estas preocupaciones se suman a las ya expresadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que en su informe final destacó el uso del proceso penal para la persecución política y subrayó que “la formulación de una figura de terrorismo desvinculada del elemento específico de ‘producir temor en la población’ no cumple con los estándares internacionales”.

Finalmente, las organizaciones exigen la máxima transparencia en el manejo de la información y el pleno respeto del debido proceso en las acciones legales contra Hamdan y su situación legal, en conformidad con la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1998 y las garantías constitucionales vigentes en el país.

BD/