|OPINIÓN|La supervivencia institucional|Gonzalo Rojas|

Brújula Digital|17|07|24|

Gonzalo Rojas 

Como el último esfuerzo, antes de la muerte por inanición, desde ciertos elementos lúcidos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), seguro con convergencia de figuras de la clase política opositora y quizás –a confirmarse o no– del oficialismo instalado en la “casa grande del pueblo”, se llevó a cabo un encuentro multipartidario –eso quiere decir plural– con importantes acuerdos que, de implementarse en su mayoría, nos podrían sacar del coqueteo con el abismo autoritario. Si el lector relee lo previo, notará la prudencia y el débil optimismo que proyecta, de relativa reinstitucionalización, y eso obliga a realizar la explicitación del contexto político.

El hecho más impactante ocurrió el 26 de junio reciente, las tanquetas y tropas militares en plaza Murillo en clara intención cuando menos de intimidar al Gobierno. Creíamos que esos episodios ya habían quedado atrás, pero más allá de que pronto era evidente la chapuza de su concreción, no dejó de recordarnos agriamente los años 70, al inicio y al final de esa década, que remató en el que marcó una generación de bolivianas y bolivianos, el golpe de julio de 1980, cuando la política deja de ser tal para dar paso a la fuerza, a la imposición, a la eliminación. Por ahora no interesa tanto si lo del pasado 26 de junio fue un golpe (pésimamente ejecutado) o un autogolpe. La bronca de la opinión pública se expresó generosamente en expresiones de las artes escénicas: opereta, farsa, melodrama, etc. Pero del carácter de motín –así fuese pactado- es indudable el deterioro grave, avanzado, de institucionalidad carcomida.

No nos remontaremos a la crisis desatada desde el incumplimiento del 21F del 2016 y su cima y sima en pocas semanas en octubre y noviembre 2019 con otra escenificación, ésta si con numerosos coros con cantos, ruidos, estribillos y amenazas. Concentrémonos en los esfuerzos desde el pasado 2023 desde la representación de la ciudadanía en la Asamblea Legislativa Plurinacional  (ALP) por reencauzar la institucionalidad democrática, pese a que el régimen ya había apresado a la expresidente Jeanine Añez –resultado de la pretensión de crear vacío de poder en 2019– y al gobernador  elegido y en funciones de Santa Cruz en 2022, para solo citar dos casos emblemáticos de retaliación, que no justicia –como ejercicio pautado y pausado de juzgar por delitos demostrados ante una corte–.

Y tiene que ver con el uso reiterado, vergonzoso para quienes se reputan de jurisconsultos y también para la ciudadanía toda, de decisiones abiertamente ilegales e inconstitucionales. Cuestiones como restringir la facultad fiscalizadora de la ALP y su efecto más evidente, la censura al ministro respectivo; y la más aberrante, la de usar la atribución de dictar decisiones vinculantes que favorecen a ellos mismos, contra cualquier principio elemental de un juzgador idóneo: el autoprorroguismo. Y desde allí, reiteradas veces, bloquear los intentos de llevar adelante la selección de candidatos para ese mamarracho que es la elección popular de altos jueces en urnas, que todavía está vigente en la Constitución.

Como recordamos, los descalabros desde el “órgano judicial” y el mal llamado tribunal constitucional ya tiene una antología de infamias que compite con las ficciones literarias, su debut del dizque “derecho humano a reelegirse” será parte de esa historia desastrosa de esa entidad creada con nobles fines, de limitar, desde el Estado, posibles excesos y vacíos no contemplados en el texto constitucional y que funcionó de manera adecuada en los noventa. Hoy en cambio, el vicepresidente Choquehuanca, despertando de su largo y calculado letargo, ha convocado a los directivos de las cámaras y de las comisiones encargadas de la selección de candidatos a esas altas cortes para encontrar formas de frenar el reiterado boicot de los “jueces” que pretenden seguir usurpando puestos, cuyo mandato ha caducado hace más de medio año. En otro intento agónico, el presidente del Senado, que sustituyó al vice para aprobar una ley de cese de funciones, todavía no ha sido promulgada por la cabeza del Ejecutivo. De ocurrir tal promulgación, habrá una pista de que el propio régimen se ha percatado de que bailando en el abismo es posible caerse (con “ayuda” en serio), y mejor reorientar, al menos por reflejo de supervivencia. Que así sea.

Gonzalo Rojas Ortuste, cientista político, es PhD en Ciencias del Desarrollo. Pertenece a la plataforma Una Nueva Oportunidad.