Morales promulgó una ley que eximió de responsabilidades a militares y policías

Brújula Digital |19|11|19|

En momentos en que el MAS critica un artículo de un reciente decreto supremo que exime de responsabilidades a militares y policías en el uso de la fuerza, se recuerda que el expresidente Evo Morales hizo lo mismo, mediante una ley, el año pasado.

El 25 de abril de 2018, Morales promulgó la Ley de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando, después de que la Asamblea Legislativa hubiera aprobado el texto enviado por el órgano Ejecutivo.

“Artículo 4 (empleo legítimo de la fuerza). Las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía boliviana que participen en operativos de lucha contra el contrabando que se desarrollan en la zona de seguridad fronteriza del Estado, municipios y territorios colindantes, estarán exentos de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa y Estado de necesidad”, establece esa ley.

Tras promulgar la norma, el exmandatario dijo: “El uso de armas es de necesidad y de manera proporcional. Saludo a la Asamblea por haber sancionado ayer el Proyecto de Ley que permitirá mejorar la lucha contra el contrabando”.

Cuando esa ley fue promulgada, no generó mayor interés internacional ni críticas del MAS, a diferencia del DS aprobado el viernes pasado por la presidenta Jeanine Añez y sus ministros.

El artículo 4 del reciente DS señala que “el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, dice la norma.

“Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D. S. 27977 de fecha 14 de enero del 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionalmente a los riesgos operativos”, señala el decreto.

El DS del actual gobierno generó fuertes críticas tanto de Morales como de la CIDH, Defensoría del Pueblo y otras entidades internacionales. Ninguna de ellas criticó los excesos del régimen del expresidente Morales.

El decreto firmado la semana pasada se enmarca en las masivas protestas, algunas de ellas violentas, que el gobierno ha intentado controlar. El viernes, en un aparente fuego cruzado, murieron en el puente Huayllani, en Cochabamba, nueve cocaleros. Los manifestantes aseguran que los disparos provinieron de los efecticos militares y policiales.