Y una injusta detención preventiva más

En medio de la Semana Santa, la justicia boliviana ha dictaminado prisión preventiva para dos sacerdotes jesuitas involucrados en un escandaloso caso de pederastia. A primera vista, y para algunos, esto puede parecer un detalle menor o inclusive una muestra de que se está tratando de hacer justicia. El periódico El País, de la lejana Madrid, que con pésimo criterio periodístico y enorme deshonestidad tildó al caso como el “holocausto de la pederastia”, debe estar batiendo palmas. El periodista que hizo las notas sobre el sacerdote Alfonso Pedrajas debe hasta sentirse un poco héroe.

El problema sin embargo es que esta detención poco tiene que ver con un efectivo combate contra ese mal que es la pederastia dentro de instituciones educativas y religiosas, más allá de que esté relacionada a un caso tan bullado como el del sacerdote mencionado.

El escándalo que produjo la mutilada publicación de un diario autoincriminatorio del mencionado cura tuvo sus puntos álgidos hace casi un año; el Gobierno, enemistado con la Iglesia porque esta tiene una posición crítica respecto al MAS, dio declaraciones altisonantes y los más exaltados de sus representantes clamaron por la expulsión del país de la “Santa Madre” o por lo menos de la Compañía de Jesús.

La realidad permitió acabar con esas propuestas descabelladas y unos meses después las aguas se calmaron. En el camino, aparecieron denunciantes de carne y hueso, víctimas del cura mencionado y que han iniciado un juicio; el proceso obviamente no podía progresar siendo que el autor del delito ya ha fallecido, por lo que, usando el diario de marras, se decidió enjuiciar a los provinciales de la época que supuestamente hubieran sabido de estos comportamientos, por boca del mismo autor, y que supuestamente no hicieron nada.

Es posible que hubiera habido un cierto nivel de encubrimiento, o mínimamente un “pecado de omisión”, pero ello no se sabe, tantos años después de los hechos. No hay pruebas. Los denunciantes están en su derecho de iniciar un juicio contra los sacerdotes ya que quien se siente perjudicado por la acción de un tercero puede pedir que la justicia lo escuche. Pero de ahí a castigar a personas sin que existan pruebas es algo que no se debería permitir.

No pretendo en estas líneas ilustrar a mis lectores con los alcances de los delitos del infelizmente famoso Pedrajas ni de la responsabilidad de los implicados como posibles encubridores. Más que un proceso judicial este caso merece estudios históricos, psicológicos y sociológicos para combatir esa lacra que es la pederastia. 

Se puede entender que se haga un juicio, aunque si la prueba es una referencia escrita por una persona que ciertamente tenía perturbaciones mentales e incapacidad para asumir sus propios actos, se puede presumir que trató de culpar a otros de las atrocidades que cometía; por ello, en un sistema judicial mínimamente coherente el caso difícilmente progresaría.

Pero lo cierto es que ante lo que nos estamos enfrentando ahora es a una privación de libertad a dos personas de más de 80 años que no tienen ningún antecedente criminal y que gozan más bien de una hoja de vida encomiable. Una detención, por más domiciliaria que sea, es una privación de libertad y eso está prohibido bajo la premisa constitucional de la presunción de inocencia.

Los padres Ramón Alaix y Marcos Recolons merecen el respeto  a sus derechos constitucionales y deberían poder defenderse en libertad. No se puede castigar antes de juzgar, más allá de que verse involucrado en un juicio en Bolivia es ya un tormento brutal.

Los sacerdotes privados de su libertad se me antojan como chivos expiatorios de las taras de nuestra justicia. Imagino que están tomando esta situación de abuso con enorme templanza.