Voté el domingo, ¿y ahora qué?

El porcentaje de votos nulos y blancos en las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la sentencia del TCP que obligó al TSE a realizar elecciones parciales y la desinformación sobre los candidatos llevaron a pensar que el rechazo a estas elecciones judiciales iba a ser similar al registrado en las dos versiones anteriores.

Sin embargo, el comportamiento de los electores y los resultados del cómputo están mostrando otra realidad, en la que los votos válidos rondan los dos tercios y dan legitimidad a los elegidos. ¿Por qué sucedió esto? Seguramente habrá otras razones, pero desde la ciudadanía parece haber consenso en que llegamos a un punto tan crítico que la realidad nos empuja a tomar alguna medida personal e íntima para intentar cambiar la falta de institucionalidad, el abuso de poder y el descarado sometimiento de unos órganos del Estado ante otros; los bolivianos todavía aspiramos a vivir en democracia.

Pero grande es la voluntad del ciudadano porque a pesar de la ausencia de información sobre el proceso y los candidatos, la insuficiente y nada motivadora capacitación a jurados y la amenaza de multas y sanciones de parte del organismo electoral, acudió a los recintos para ser jurado electoral y votar; muchos buscaron información por sus propios recursos, tratando de encontrar, en medio de tanto descrédito, perfiles de personas más éticas y capaces.

¿Entenderán los que están siendo elegidos que tienen ante sí un desafío que les va a exigir esas cualidades? ¿Entenderán que este es un momento de inflexión que, aunque no resuelva la crisis de la justicia, es importante porque podría empezar a limitar las excesivas actuaciones del Tribunal Constitucional? ¿Estarán conscientes de que estarán en la mira para ver si logran evadir los intentos de ser cooptados? ¿Comprenderán el compromiso que tienen con la ciudadanía que votó por ellos en medio de tantas dificultades?

Los elegidos ya pasaron el filtro de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo Electoral y aunque muchos de ellos tenían impugnaciones en el proceso de preselección y otros no respetaron las exigencias que les impuso el reglamento de difusión de méritos (datos que ya comprometen su ética porque son los primeros en no respetar la norma) ocuparán cargos que tienen la posibilidad de cambiarle la cara al poder judicial. Deberán demostrar imparcialidad e independencia en sus actuaciones y algunas cualidades profesionales; además, deberán mostrar que su actuación va en camino de lograr lo que prometieron en los spots que el Tribunal Supremo Electoral hizo con ellos.

No será tarea fácil porque los nuevos magistrados cohabitarán con colegas que utilizaron su poder para prorrogar su mandato; también deberán tener presente que el voto ciudadano no es gratuito y que como ocurrió otras veces, la ciudadanía actúa cuando debe hacerlo, utilizando los medios que tiene a su alcance. Uno de esos caminos podría ser la veeduría ciudadana, que tiene la capacidad de afirmar si cumplieron o no lo que ofrecieron.

Sandra Verduguez es comunicadora social.