Volver a las rotondas

Durante estos años hemos discutido la emergencia del sujeto ciudadano como el artífice de la lucha contra el autoritarismo, enarbolando las banderas de la libertad, la justicia y la democracia. He afirmado con mucha convicción que las clases medias han jugado un rol histórico de primer orden, junto a otros sectores sociales (obreros, indígena campesinos) en el pasado, pero que desde la violación del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 ha caminado sola en movilizaciones de calle, con la bandera tricolor sobre sus hombros enfrentándose al Estado, a su aparato policial-militar, pero también a sus estructuras parapoliciales, como han sido los denominados “movimientos sociales” buscando acallar a masas urbanas a punta de piedras y dinamita.

No exagero, basta recordar los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019, bajo la consigna de Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia de entonces, que decía: “vamos a vietnamizar Bolivia”, generando círculos concéntricos de defensa del Gobierno, en la parte externa los movimientos sociales, luego la policía y finalmente las fuerzas armadas.

Un sector mayoritario de las clases medias se ha emancipado, no forma parte de las corporaciones que sustentan y se benefician del poder del MAS.

Ahora la presente coyuntura trasunta nuevas características: de una parte, un Gobierno acorralado en su propia ineptitud política genera una crisis institucional de la Asamblea Legislativa; produce un golpe judicial (magistrados usurpadores y autoprorrogados); boicotea las elecciones judiciales; promueve la especulación cambiaria y financiera; sufre de iliquidez adquirida por su propio modelo; agota los recursos de exportación en manos del Estado; mantiene la incapacidad productiva –precisamente– del sector agropecuario que ha sido su gran aliado corporativo durante estos 18 años (la economía comunitaria es sólo una tipología asignada en la CPE).

Por otra parte, se tiene un abanico de sectores sociales desmembrados, que comienzan a articular demandas frente a las cuales el gobierno usa la técnica de la procrastinación, deja la solución de los problemas para mañana construyendo una bola de nieve que rueda hacia el fondo de un precipicio.

El sector salud, junto al magisterio, han concentrado sus esfuerzos en cuestionar la disposición del anteproyecto de ley 035 que obliga la “jubilación forzosa”; pese a las amenazas de Juan Carlos Guarachi, de la COB, que apoya esa ley, el Legislativo no termina de aprobar dicha norma. Mientras, la presión social logró el cambio del presidente de la Caja Nacional de Salud.

En los primeros días de mayo, mediante documentos, conferencias de prensa y el inicio de movilizaciones, el Conade y otros sectores demandamos la abrogación de los decretos supremos 5143, 4732 y 5139, cuyo intencionalidad era crear un sistema nacional de información sobre las propiedades anotadas en Derechos Reales y de esa manera romper con la privacidad de los ciudadanos. Fue un esfuerzo del gobierno del MAS por terminar la descentralización, esta vez de la información.

Expliquemos un poco mejor este tema. Mientras el ciudadano no autorice, bajo determinados requisitos, el Gobierno no puede tener acceso a la información sobre la propiedad privada, cuentas bancarias, estado de salud, ni otros aspectos considerados íntimos.

En Bolivia la información esta desconcentrada en el Sereci, RUAT, SEGIP, Derechos Reales, etc. Violando el derecho a la privacidad, el Gobierno pretendía centralizar toda la información de derechos reales en la agencia de gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación Agetic y tener acceso a la misma por parte del Ministerio de Justicia y de la Presidencia.

Nuestro argumento reivindicó el derecho a la privacidad alojado en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado; la Acción de Protección de Privacidad instituidos en los artículos constitucionales 130 y 131; así como el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 56 (CPE).

Es más, argumentamos que con el Decreto Supremo 5143 no se podía modificar leyes (en la pirámide de Kelsen son jurídicamente inferiores), pues la Ley de Inscripción de Derechos Reales, del 15 de noviembre de 1887, establece en la capital de cada departamento una oficina de Derechos Reales; además, la disposición transitoria séptima de la Ley 025 del Órgano Judicial dispone categóricamente: “El Registro Público de Derechos Reales y las notarías de fe pública continuarán en sus funciones sujetos a las normas anteriores a la presente ley, en tanto no se defina su situación jurídica mediante una Ley especial que regule tales institutos jurídicos”.

Con estos argumentos, la posición del Gobierno estaba liquidada y por ello abrogó los DS 5143 y 5139 en mayo pasado; el segundo le otorgaba más de tres millones de bolivianos a la Agetic para implementar el Sistema Nacional de Derechos Reales. Esta última abrogación la realiza el gobierno de Luis Arce sin emitir comunicación alguna.

Uno de los sectores que agrupa a los gremiales realizó una marcha desde Patacamaya a La Paz, enarbolando la abrogación del Decreto Supremo 4732, con reivindicaciones sectoriales vinculadas a la no facturación electrónica y temas de aduanas. Ya el DS 4732 no tiene posibilidades de realización al no contar con el sistema nacional de registro de propiedad privada en manos del Ministerio de Justicia, con lo cual el sector perdió fuerza en su movilización.

El transporte internacional demanda atención al tema de la escasez del dólar, la provisión de carburantes y el incremento de los precios de la canasta familiar. En una reunión sin conclusiones y llena de amenazas por parte del presidente Luis Arce a los principales dirigentes del sector, él no da respuestas y este sería uno de los frentes de un futuro conflicto en los siguientes días. En apoyo del sector, el CONADE Santa Cruz ha convocado a la ciudadanía a “volver a las rotondas” para conversar, analizar la situación del país, organizarse y encarar lo que vaya a venir.