El gasolinazo decretado por el gobierno de Rodrigo Paz evidencia la alta capacidad de autoignición de esta gestión: es decir, su tendencia a entrar en crisis por causas que ella misma genera, sin necesidad de una presión externa decisiva. Se consume, literalmente, con su propio combustible.
No sé si el gobierno de Paz sobrevivirá a las consecuencias políticas de este aumento en el precio de los combustibles. La última crisis similar ocurrió el 26 de diciembre de 2010, cuando el entonces vicepresidente García Linera decretó una medida parecida, que luego fue revocada por Evo Morales ante el levantamiento popular.
En aquella ocasión, la reversión no significó un cambio de gobierno, pues el Movimiento al Socialismo (MAS) contaba con una mayoría consolidada, situación radicalmente distinta a la del novel gobierno de Paz.
Cuando un gobierno dicta una medida económica como el gasolinazo y genera un amplio arco de rechazo en distintos sectores, la situación se convierte en una autoignición. En ella confluyen varios factores internos:
Errores acumulados en 40 días de gobierno, plagados de improvisaciones, promesas electorales incumplidas y decisiones contradictorias, como aprobar el Presupuesto General 2026 del gobierno de Luis Arce con la promesa de modificarlo.
Esto demuestra la falta de capacidad propia para elaborar un presupuesto que contenga directrices claras para reducir el déficit fiscal y encaminar al país hacia un nuevo pacto fiscal. La propuesta del “50-50”, por ejemplo, parece destinada a no implementarse nunca. Todas estas situaciones se refuerzan mutuamente.
La descoordinación interna se expone a diario con conflictos públicos entre el Vicepresidente y los supuestos aliados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, situaciones que el propio gobierno no logra explicar ni contener.
La posición del vicepresidente Édman Lara, convertido en una suerte de oposición interna, refleja una desarticulación que echa por tierra la autodenominada “dupla ganadora”. Si bien la división de poderes es propia de un Estado de derecho, no debería derivar en disputas permanentes y declaraciones de guerra entre sus integrantes.
Mientras los allegados al presidente insisten en que “todo está bajo control” y que se tomarán medidas para el “control de daños”, la situación hace pensar en el día en que el presidente viaje fuera del país y deje el mando a Lara.
La alta incompetencia técnica y la falta de capacidad para ejecutar políticas públicas básicas (presupuesto, gestión, planificación) erosionan rápidamente la credibilidad del gobierno.
La desconexión con la realidad social queda en evidencia con el gasolinazo en un contexto de crisis económica, así como con la retórica reiterada y vacía sobre la “patria” en cada alocución presidencial. Esto sugiere diagnósticos equivocados del contexto político y del humor social.
Así, el relato oficial choca con los hechos: cuando el discurso insiste en una narrativa estadística y matemática poco precisa que la ciudadanía percibe como falsa, se acelera la pérdida de legitimidad.
El gobierno se equivoca al pensar en “medidas de compensación” frente al golpe económico del gasolinazo, en un país donde el 84% de la población vive en la informalidad y sus ingresos son, en la práctica, incompensables desde el Estado.
Un gasolinazo que prende fuego y un gobierno con clara capacidad de autoignición pueden abrir varios escenarios políticos no deseados.
Manuel Morales Alvarez es investigador.
