El grosero fraude electoral cometido por la rosca delincuencial que gobierna Venezuela es inadmisible para quienes abrazan principios democráticos, y, como está sucediendo, la comunidad internacional debe presionar para que se imponga la voluntad popular expresada en las urnas.
Se trata de una acción que tomará tiempo alcanzar porque, más allá de la ilegitimidad del régimen y su recurrencia cada vez más violenta a la represión, en Venezuela, en este momento, concurren muchos intereses que trascienden al propio país.
Uno es el impacto que tendrá en varios países de la región cualquiera sea el derrotero que siga Venezuela, particularmente en Cuba y Nicaragua (donde viven alrededor de 18 millones de personas) que virtualmente subsisten gracias al apoyo venezolano. O sea que lo que pase en Venezuela no sólo afectará a los más de 28 millones de venezolanos que viven en su país y cinco que han migrado desde que Chávez se apoderó del poder. Esto significa que puede producirse un caos humano en esa región si en la solución al problema venezolano no se cuenta con medidas que permitan controlar esa situación.
Además, el proyecto chavista ha permitido que bajo un curioso slogan antiimperialista (en los hechos, simplemente antiestadounidense) pongan pie en la región gobiernos de países abiertamente confrontados con el mundo occidental como China, Rusia, Irán, y grupos radicales de todo tipo, que han establecido alianzas comerciales, políticas y militares. Sobre todo estas últimas se podrían activar si la comunidad internacional pasa los límites permitidos por el orden internacional vigente.
Otro obstáculo es la visión rentista que predomina en las diferentes corrientes político-ideológicas y, como se sabe, apoderarse de los mecanismos para organizar la redistribución de ingresos es un campo ideal para la confrontación antes que para la negociación. Peor aún, porque el chavismo ha destrozado la institucionalidad democrática en beneficio de la adopción de decisiones en un núcleo de poder conformado por la burocracia gubernamental, las FFAA, la policía y fracciones delincuenciales de diverso orden.
Tal situación hace que la solidaridad y presión pareciera que no dan fruto, peor si aparecen intereses subalternos. En ese sentido, me parece que hay, por lo menos, tres grupos de presión. De la comunidad democrática del planeta rechazando que se someta a un pueblo y no se le permita una libertad básica: elegir a sus gobernantes. De diversas corrientes políticas internacionales y las lideradas por ex mandatarios de la región. Un tercer grupo, que probablemente tiene más capacidad de ayudar a encontrar salidas, es el de los presidentes de los países geográficamente cercanos a Venezuela; El Vaticano, la Unión Europea y EE.UU.
El límite de la solidaridad de la comunidad democrática es que sus efectos son esencialmente testimoniales. En el caso de las organizaciones internacionales políticas y ex presidentes, su apoyo es muy estridente y sometido a sus propios intereses. Un ejemplo es la actuación de la derecha española que, más bien, se aprovecha del drama venezolano para utilizarlo en su guerra contra el gobierno de su país; otro, las críticas a los gobiernos y entidades que miran con visión de largo aliento lo que sucede en Venezuela, precisamente por su responsabilidad con el presente, responsabilidad que los exmandatarios no tienen, lo que les permite usar a Venezuela para blindar su propia presencia política.
En cuanto a los gobiernos, que el presidente argentino haga declaraciones extravagantes no tiene mayor incidencia. Pero, una declaración de los gobernantes de Colombia, que tiene 2.341 km de frontera con Venezuela, o de Brasil, con 2.137 km, debe estar sólidamente respaldada. Ni qué decir de El Vaticano, cuyo relacionamiento se da por dos vías: la del Estado Vaticano y las Conferencias Episcopales o EEUU que tendrá una importante participación para atender a los más de 51 millones de personas afectadas.
También dificulta encontrar una solución es que otra de las nefastas acciones del chavismo y su proyecto de poder ha sido desarticular las entidades multilaterales de defensa de los derechos humanos y la democracia, a las que, como no pudo destruir, copó en alianza con otros gobiernos de la región.
Ante ese panorama se ve que además de abrir una salida democrática a Venezuela se tiene que diseñar mecanismos que impidan que la institucionalidad democrática a construir o preservar no sea a futuro destrozada por los socialistas del siglo XXI o lo que se llamen sus sucesores o los libertarios radicales, tan distintos ideológicamente, pero tan hermanados por el autoritarismo.
Sólo así se podrá restablecer las condiciones de convivencia pacífica que tanto requiere la región. De otra manera, continuará nuestro retorno a los tiempos del autoritarismo incivil.