Una sentencia que es una radiografía

La sentencia constitucional por la que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revoca una otra sentencia emitida por el Tribunal Agroambiental, que revocaba la dotación hecha por el Instituto Nacional de  Reforma Agraria (INRA) de alrededor de 21.000 hectáreas en favor de Branco Marinkovic, es una radiografía más del corrupto funcionamiento de la administración estatal y de las formas de aprovecharlo en favor de personas con capacidad de ejercer influencias “non sanctas”.

Para hacer corto el relato, Marinkovic, otrora radical dirigente cívico de Santa Cruz, estuvo interesado en dotarse de alrededor de 30.000 hectáreas, incluida una laguna, desde antes de la llegada al poder del MAS. Los trámites para conseguir esa dotación fueron obstaculizados hasta que Marinkovic, que tuvo que huir del país a raíz del caso Rozsa, fue un fugaz ministro del Gobierno de Jeanine Áñez. Y de su corta gestión sólo se recuerda que la aprovechó para culminar el proceso de dotación y hacerse de 21.000 hectáreas de las tierras ambicionadas.

Sin embargo, no contó con que la Fundación Tierra –que probablemente por su consecuente trabajo en favor del sector indígena-campesino ha sido objeto de ataques del Gobierno del MAS– se opusiera a dotación de terrenos, presentando una demanda ante el Tribunal Agroambiental para revisar la resolución del INRA. Ese Tribunal anuló la resolución del INRA, lo que fue criticado en algunos sectores, incluyendo a  una asambleísta que tomó abierto partido por Marinkovic, asegurando que se trataba de una agresión más del Gobierno del MAS en contra del espíritu emprendedor de los cruceños y olvidando el efecto negativo que provocaba en los indígenas asentados en el área en disputa.

Pero como en estos tiempos todo se puede hacer en la administración judicial, Marinkovic presentó un amparo constitucional ante el TCP que, tres días antes de que concluyera su mandato, resolvió anular la sentencia S2 61/2022 emitida por el Tribunal Agroambiental.

No sólo eso. También revalidó la resolución emitida por el INRA durante la gestión de la presidenta Áñez, desconociendo, dice Tierra, “todos los trabajos técnicos y jurídicos llevados a cabo por el INRA durante más de 17 años. Además, para curarse en salud, dicha sentencia “prevé no ‘invocar nuevas nulidades’”, según informa ANF basada en un documento elaborado por la fundación mencionada.

Estos antecedentes muestran que la concepción de que el Estado es patrimonio de quienes acceden al poder no está arraigada solo en el MAS (que, para peor, ha destrozado la precaria institucionalidad democrática que se fue construyendo en el país desde 1982) sino en amplios sectores de la sociedad. Y esa concepción generalizada es la que explica, en buena parte, la frustración del proceso de modernización de la sociedad boliviana impulsado desde 1985,  particularmente con las medidas de reforma estructural del Estado de 1993, como también la frustración del proceso de cambio impulsado por el MAS.

Siento que es tan grosera la sentencia emitida por los magistrados del TCP, como que Marinkovic logre consolidar su dotación de tierras cuando era ministro de Estado, sean unos adherentes al proceso de cambio, sea el otro liberal…

En esa línea, insisto, la pelea ahora no es entre populismo de “izquierda” o populismo de “derecha”, como son los magistrados del TCP y Marinkovic, sino entre democracia y autoritarismo.