Un país sin propiedad privada

La propiedad privada es la piedra angular del desarrollo económico y del florecimiento del ser humano. Sin propiedad privada no existen incentivos productivos y no existe dignidad personal. Sin propiedad privada sobre el fruto de nuestro esfuerzo no tiene ningún sentido levantarse en la mañana para enfrentar el mundo, formar una familia y trabajar para el bienestar de nuestros hijos. Sin propiedad privada no hay esfuerzo ni vida que valga la pena.

Cuando las instituciones o reglas de juego en la sociedad determinan que lo que producimos no nos pertenece, sino que pertenece al “colectivo,” perdemos los incentivos a trabajar y nos transformamos en esclavos de ese mismo colectivo. En eso consiste la inmoralidad y la perversión del socialismo. El principio popularizado por Karl Marx en 1875 que rezaba, “de cada quién de acuerdo a su habilidad y a cada quién de acuerdo a su necesidad,” no solo que condena a los países a la pobreza, sino que arranca de cuajo la libertad y la dignidad de la persona.

¿Quién tiene incentivos a trabajar y a esforzarse si no podrá apropiarse de los frutos de ese trabajo? ¿Quién quiere desarrollar y mostrar más habilidad si eso solo significará que el colectivo demandará más de él? La doctrina socialista nos hace mediocres o inútiles ya que la habilidad, la destreza y la capacidad son castigadas, y nos hace pordioseros ya que el abastecimiento de bienes y servicios depende de cuanta necesidad mostremos. En el socialismo les va mejor a los más inútiles y a los más indignos, y les va peor a los más esforzados y a los más hábiles. No debería sorprender, entonces, que los países que abrazan esa doctrina solo puedan crear pobreza, miseria y migración forzosa.

La prevalencia de la propiedad privada depende de instituciones que la protejan y promuevan su respeto. Esto se logra no solo reduciendo la confiscación estatal de la misma a través de impuestos o expropiaciones, sino también facilitando su registro legal y uso efectivo. La ausencia de esta facilidad es el gran problema de nuestra economía y probablemente el mayor escollo para abrigar un futuro con esperanza. 

El 85% de la economía del país no tiene propiedad privada. No estoy exagerando. El 85% de la economía del país es informal y no existe, por lo tanto, en términos de registros formales. Usted puede encontrar cientos o miles de comerciantes en la Feria 16 de Julio de El Alto, Los Pozos de Santa Cruz o La Cancha de Cochabamba que mueven miles de dólares a la semana en sus negocios, pero no tienen propiedad privada de los mismos oficialmente reconocida. Esto hace que estos comerciantes vivan en constante incertidumbre sobre el fruto de sus esfuerzos, tengan muchísimas dificultades para conseguir financiamiento (no pueden dejar sus negocios como garantía) y no puedan planificar su futuro empresarial.

Pero la falta de una efectiva definición de propiedad privada también se extiende a los sectores productivos. En el agro, por ejemplo, los predios considerados chicos son indivisibles e inembargables por ley y esto los hace inaceptables como garantía en el sistema financiero. Pese, entonces, a que los propietarios tienen un título, sus predios no pueden ser usados para apalancamiento financiero para la compra de maquinaria, semillas, etc. Los predios medianos y grandes, por su parte, sí son embargables, pero están sujetos a la “función económica y social.” Si no la cumplen, los predios son inmediatamente expropiados por el gobierno. Esta regla funciona, por tanto, como una espada de Damocles sobre el cuello del empresario agrícola y hace que estas tierras tampoco puedan ser usadas como garantía ya que la posibilidad de expropiación les quita valor. Situaciones similares ocurren en la producción minera y en la producción de servicios. Tomen, por ejemplo, el caso del transporte. El sistema de micros en Santa Cruz es un negocio de $us 300 millones anuales. Los micreros, sin embargo, no pueden acceder a créditos para mejorar sus vehículos o ampliar sus servicios porque no tienen propiedad privada sobre las líneas o tramos que recorren diariamente.

Y ¿por qué existe tanta informalidad en el país? Por nuestro crónico estatismo. Con impuestos por doquier, burocracia inacabable, ausencia de seguridad jurídica, cupos a la exportación, controles de precios, insufribles regulaciones en el mercado laboral, etc., es tremendamente caro ser formal. El Estado es tan grande y se ha inmiscuido tanto en nuestras vidas que la gente prefiere la incertidumbre de la ilegalidad al superlativo costo de ser formal. Este costo es tan alto que es preferible arriesgar y esperar que el gendarme o regulador no se levante de mal humor un buen día y te prohíba continuar con tu actividad. Claro, en la práctica, los gendarmes y los reguladores del gobierno no te prohíben continuar con tu negocio, sino que usan tu condición de ilegalidad para extorsionarte y exigirte coimas. Los empresarios de El Alto o de cualquier región del país están acostumbrados a estos cobros y ya los han incorporado a su rutina. Mucho de la falta de una adecuada definición de propiedad privada en el país no es, por lo tanto, casual, sino el resultado intencional de la burocracia estatal que la utiliza para poder extorsionar al emprendedor y someterlo generando un sistema prebendal y clientelista. Un ejemplo claro son los cupos de exportación y los aranceles aduaneros que no se remueven nunca en gran parte porque la burocracia se ha convertido en una mafia que recibe las coimas de los exportadores e importadores que tratan de evitar esas trabas.

Es un error, entonces, pensar que El Alto o La Cancha son el “paraíso capitalista” en el que el Estado no se mete, no cobra impuestos y deja que todos hagan lo que quieran. No, El Alto o La Cancha no son ejemplos de capitalismo, sino muestras de que los emprendedores en Bolivia se dan modos para generar riqueza pese a la incertidumbre y a la extorsión de la burocracia. Esta incertidumbre también genera mafias entre contrabandistas, barreras a la entrada y salida, y un ambiente general de corrupción en la que participan el gobierno y el narcotráfico. La condición necesaria para el capitalismo de pantalones largos es la definición formal de propiedad privada y esta no existe en el país.

Un programa de restitución de la propiedad privada en distintas áreas (comercio, sector agrícola, sector minero, transporte, etc.) usando concesiones a largo plazo podría sacar de la sombra alrededor de $us 80.000 millones de capital (dos veces el valor del PIB). Este capital podría además generar un monto similar o mayor en financiamiento y un efecto multiplicador inmenso en la economía. El gobierno además recaudaría mucho ingreso en concesiones que apuntalaría la mermada estabilidad macroeconómica.

Un país sin propiedad privada es presa de la desesperanza, la pobreza, la violencia y el clientelismo. Devolvámosle al país la propiedad privada derrotando a su más feroz enemigo: el estatismo.

Antonio Saravia es PhD en economía (Twitter: @tufisaravia).