Un mosquetero en ácido

Hace unos días (Brújula Digital|11|03|24), publiqué una nota comentando la iniciativa de tres economistas a quienes llamé “mosqueteros” por el coraje que han demostrado en intentar con la fuerza de sus plumas –vieja metáfora de espadas– detener unos créditos que el país, según la noticia, estaría negociando con ciertos organismos internacionales. Uno de ellos, Joshua Bellot, a quien no tengo el honor ni la curiosidad de conocer, me ha contestado este 13 de marzo por este mismo medio.

Firma su artículo como economista y se ve que las cuestiones de su profesión encienden sus pasiones. Es difícil juzgar por una nota de periódico cuán bueno es en su especialidad, pero lo que sí se puede ver es que no tiene mucha inteligencia para las cuestiones institucionales y políticas. Sobre lo craso de su escritura, sobran los comentarios.

Él dice que me “concentro muy poco en el contenido de la carta” que ellos enviaron a los organismos. No ha entendido mi nota: ni poco ni mucho; no me he concentrado en absoluto en el contenido de esa carta. No ha sido por “viveza criolla” o “porque no tengo preparación como economista”, como sugiere él, que no les he dado bola a los seguramente brillantes argumentos de nuestros mosqueteros. No quise ofender con mi indiferencia.

La razón por la que en mi nota no me referí a las graves cuestiones que los han llevado a él y sus compañeros de lucha a escribir a los organismos que “financian irresponsablemente obras” solicitando que no presten más plata a Bolivia, es que, viniendo de personas serias como Ronald MacLean y Jaime Dunn, me llamó la atención su comportamiento. Bellot reclama que es una crítica a las personas. No lo dude: es una crítica a su comportamiento.

Con volver a mi anterior nota los lectores pueden ver que mis argumentos se centran en señalar cuán inapropiado ha sido ese proceder desde el punto de vista institucional. En síntesis, lo que observo es que, al ir a gestionar la suspensión de los mencionados créditos, ellos se han atribuido el derecho de interpretar y representar los intereses del país en contra de las autoridades competentes y en contra quizá de muchos ciudadanos que no querrían que se haga tal gestión. La he llamado “sabotaje” porque es la acepción del diccionario que se acerca a su intento: “Daño que se hace a instalaciones, productos, etc. como procedimiento de lucha contra el Estado (…) en conflictos sociales o políticos”.

Me parece que es justamente esto, quizá con la mejor intención del mundo, lo que han hecho: intentar dañar una gestión del Estado en lo que ellos perciben como una lucha en una situación de conflicto político. De hecho, sospecho que ellos quisieran sacar a Luis Arce de la silla, si pudieran, pero como no tienen la fuerza de las armas, las calles ni las urnas, se han ido a llorar a Washington; con más o menos el mismo resultado, excepto por la publicidad. Quizá era todo lo que querían.

A esta cuestión institucional, por lo visto Bellot no le ha dado el debido peso. No voy a decir que sea por ignorancia, ya que es una cuestión elemental, sino porque al parecer lo ha ofuscado la irritación. No se explica de otra manera su lenguaje tan florido como desordenado.

No me he dedicado al análisis de sus argumentos económicos, como ya lo admití, pero está demás decir que las razones buenas o malas que ellos tengan para que el país no adquiera esos préstamos deberían ser debatidas –hay muy buenos economistas en el país– pero, por sólido que ellos crean que es su análisis, en ningún caso esas gestiones ante organismos en los que el país es miembro son de su competencia.

Soy crítico de las gestiones del MAS como el que más. Lo he dicho en diversos artículos, con inventario y todo. Lo que me diferencia de nuestros mosqueteros es que, por más que no me guste, acepto que Luis Arce ha sido elegido democráticamente; es decir, como resultado de la expresión de una voluntad popular que debe ser respetada en democracia porque es de la mayoría. Esto a Bellot le parece “falaz”. Vaya uno a saber qué entiende él por democracia.

Ellos, al contrario, creen que los errores, delitos y excesos del Gobierno ya han creado las condiciones para la ruptura institucional: el sabotaje, la insurrección, ¿la rebelión?, etc. Es sin duda una conclusión nada trivial, pero es política, no económica.

Ronald MacLean es un conocedor de la gestión pública y de la diplomacia –más que de cuestiones económicas, creo– pero ni en este ni en ningún Gobierno se animaría, por ejemplo, en calidad de simple ciudadano, a hacer gestiones directas ante Chile para resolver nuestro problema marítimo, por más entendido que sea del tema y por más equivocada que fuera la posición de nuestro Gobierno. En ambos casos podría haber una motivación patriótica –como, de hecho, creo que la hay en este caso– pero en ninguno deberíamos alimentar esperanzas de otro resultado que ruidos de floretes y estas sabrosas discusiones.