Un Honorable sin honor

En una columna mía publicada hace un par de meses, decía que el despojar de su personería jurídica al MAS, por haber sido el protagonista y beneficiario del fraude electoral de 2019, sería una decisión jurídica con enormes consecuencias políticas.

Esas consecuencias políticas, argüía, debían tomarse en cuenta en la decisión jurídica, pues implicaban quitarle representación a una gran cantidad de gente, mucha de ella de por sí ya dispuesta a utilizar la violencia bajo circunstancias normales, y no digamos bajo circunstancias excepcionales. Era encender la mecha de una bomba en manos de un sujeto dispuesto a lanzarla contra otra gente.

Recibí críticas legítimas, diciendo que la ley se cumple, punto, sin consideraciones políticas. En eso me llegó un video en el que el gran Fernando Savater decía que el cumplimiento de la ley debe ser el final de una discusión, y no su principio. Que cuando empezamos a discutir el cumplimiento de la ley ponemos fin al Estado de Derecho y socavamos las bases de la convivencia.

Y justo entonces, también, el MAS se lanzó, sin justificación posible, a los bloqueos salvajes de principios de agosto, en que destruyó carreteras, evitó que el oxígeno llegara a los afectados por el COVID, y otras lindezas similares. Es decir, el MAS no necesitó ninguna excusa para lanzarse a una embestida contra el resto de la sociedad boliviana.

Con todo ello, se me demostraba equivocado en mi creencia de que debía haber consideraciones políticas a la hora de anular la sigla al MAS. El MAS no necesita excusas para causar disturbios y matar gente. Es más, se espera que los vuelva a causar cuando pierda las elecciones del 18 de octubre, que las perderá. Entonces, para qué tenerle consideraciones. Palo sin zanahoria.

Y ahora enfrentamos la inconcebible resurrección de la candidatura a una senaduría para El Innombrable. Impertérrito ante las bajezas de El Huido, su partido, sordo de alma y dignidad, impulsa una medida que, sin duda, causará enorme desorden, si es que no caos y muertes. Sería como meter al violador a casa. Ello nunca podrá ser bueno ni traer nada positivo.

Vuelve a surgir el dilema. ¿Qué sucedería si, supuestamente basado en el derecho puro, el ente judicial correspondiente fallara que El Fugado puede legalmente ser candidato a senador? Todos los argumentos están en su contra y hay jurisprudencia creada por su propio partido. En el pasado, los jueces del MAS inhabilitaron candidaturas porque hallaron tortuosas formas de interpretar la residencia de ciertos candidatos/as. De igual manera, hace muy poco declararon, convenientemente, inconstitucional una ley que en su momento les sirvió para sus fines. Los jueces del MAS están activos y pueden salirse, en los próximos días, con una belleza similar al “derecho humano” de repostularse indefinidamente. Será espurio, pero será un fallo de la ley. También será político. ¿En qué quedará nuestro argumento de que la ley debe cumplirse y punto? ¿Beberemos la cicuta porque es la ley?

Está claro que sobre este tema debe haber una consideración política. Más allá de que las leyes, hipotéticamente, pudieran habilitar una eventual candidatura de Su Pederastia de manera diáfana (que no es el caso), política y éticamente sería intolerable y causaría desórdenes y posiblemente incluso muertes.

Ojalá primen la ley y la razón, que en este caso están del mismo lado, y que el monstruo no vuelva. Ojalá viviéramos en un país más ordenado, donde la ley fuera, o pudiera ser, razonablemente, el final de toda discusión y no su principio. Lamentablemente no somos ese país. Ya lo dijo Zavaleta. Somos un país abigarrado, que lo explica todo.

Robert Brockmann es periodista e historiador.