01/07/2020
Articulista Invitado

“Salvajes por mandato de la ley”

Carlos Armando Cardozo
Carlos Armando Cardozo

El candado congresal que maneja el Movimiento al Socialismo como bancada predominante en ambas cámaras orilló al país hacia un nuevo escenario, elecciones generales. La presión política alcanzó un nuevo punto de fricción entre oficialistas (Demócratas) y opositores (MAS) respecto al rol fiscalizador del segundo en relación a los contratos de créditos gestionados ante diversos organismos internacionales para atender las urgentes necesidades del sector salud.

El pretexto opositor radica únicamente en la defensa de los intereses del Estado, irónicamente cuestionando la corrupción de esta administración transitoria que permite suponer que contar con mayores recursos solamente generará mayores hechos de corrupción a nivel central.

Al parecer los asambleístas opositores tuvieron fugaces clases de economía y entienden de los riesgos del sobreendeudamiento del Estado señalando que el verdadero problema no pasa por los limitados recursos disponibles sino por un manejo transparente y oportuno en función de la priorización de necesidades.

Usted y yo sabemos que esto dista mucho de ser realidad, sin embargo, el nivel central señala que sin estas leyes es imposible pensar en fortalecer la paupérrima respuesta del sistema de salud nacional frente a la pandemia. Leyes salvadoras, leyes que rigen nuestro comportamiento, leyes que en este país son un recurso abundante inagotable dada la creatividad de nuestra sociedad en su conjunto.

Cada problema en nuestro medio viene acompañado de una ley salvadora que pretende solucionarlo, y lo hace por lo menos en el papel. Lamentablemente nuestra sociedad está acostumbrada a demandar leyes para satisfacer su sed de justicia y transformar una situación adversa en una situación libre de conflictos. Si a esto sumamos los últimos 14 años como un boom de corporaciones y colectivos sociales que a título de “reivindicar demandas históricas” bloqueaban calles, carreteras, tomaban instituciones con el fin de hacerse valer frente al Estado, se consolida un escenario ideal para la aprobación de un tendal de leyes “históricas” a la altura de los sectores movilizados. 

No importa si estas son viables o no, si se cuentan con los recursos para efectivizarla, financiarla a través de instituciones vigentes o por ende la creación de nuevas instituciones que la implementen, la “victoria” es meramente simbólica.

Esto sucede también al interior de las instituciones con los elefantiásicos manuales de funcionamiento en materia de contratación de bienes y servicios, control social, procesos administrativos, etc. Todo esto ocasionado por las leyes “anticorrupción” que como su nombre dice buscaban combatir este mal en todos los niveles del Estado, ahora ustedes deben preguntarse ¿esta ley habrá logrado su cometido?

El accionar torpe, aletargado y ralentizado de los funcionarios públicos responde a: 1) la rebuscada hoja de ruta que debe recorrer un proceso para llegar a su conclusión de manera transparente; 2) el miedo de cada burócrata al realizar su trabajo y dejar algún cabo suelto que insinúe un comportamiento fuera de lo “transparente” en sus propios parámetros que posteriormente se traduzcan en el sometimiento ante la ley “salvadora”.

Así también pasa con temas como la violencia de género (feminicidios, acoso político), discriminación (representación política, racismo), LGTB (derechos y reconocimiento de su identidad), maltrato animal (tenencia responsable de mascotas, etc.) no hay soluciones reales, tan solo avances simbólicos.

El problema central no es la ley per se sino la alta dependencia de la sociedad actual a ellas. Hablamos de perder capacidades tan básicas como el diálogo, la resolución de disputas, limitar nuestras acciones al punto de no afectar los derechos individuales del prójimo, incluir a nuestros semejantes a un escenario en igualdad de condiciones y establecer de manera pacífica la mejor manera de interactuar como una comunidad.

Hoy por hoy ese mar de leyes ha deshumanizado al ciudadano, las leyes por sí no bastan para recomponer problemas que van desde lo más básico hasta lo más complicado. Esa inhumanidad impide que el ciudadano pueda perseverar y progresar, no solo en lo económico sino en lo personal, evolucionar hacia un estado por encima de las leyes, donde uno actúa de manera positiva con su entorno no porque una ley lo conmine sino simple y sencillamente está consciente que un escenario de paz es de mutuo beneficio para él y todo su entorno.

Mientras esto no ocurra, las leyes nos mantendrán en ese estado salvaje, desmedido, incoherente e irracional sin perspectivas de superación.

Carlos Armando Cardozo es economista con especialidades en desarrollo sostenible y gestión del riesgo de desastres.