Responsabilidad compartida en la falta de desarrollo

Este artículo es una invitación a pensar porqué Bolivia no pudo capitalizar la bonanza de los años 2006-2016.

Entre los años 2006-2016, el PIB per cápita en términos de dólares PPA tuvo un buen comportamiento creciendo al 5% anual, llegando a multiplicarse por más de dos entre el año 2000 y el año 2016. Las exportaciones se multiplicaron por más de cuatro veces. Las reservas internacionales crecieron siete veces. La inflación y el desempleo se mantuvieron en niveles moderados ¿Por qué no se aprovechó esta situación para echar bases para el desarrollo futuro?

La priorización de la inversión pública frente a la privada es lo que define al “modelo económico social comunitario productivos” del MAS. Frente a las dificultades económicas actuales, a las cuestionadas decisiones de inversión del sector público y al manejo de las empresas públicas, muchas voces reclaman el cambio de ese orden de prioridades. Hay algunas razones pertinentes para ello, por ejemplo, se menciona algunas pésimas decisiones de inversión del sector público, como la fábrica de urea en Bulo Bulo, la fábrica de azúcar en Buenaventura, el museo de Orinoca, los dos aviones presidenciales, las piscinas para el litio, las plantas “industrializadoras” del gas, etc. Se hizo algunas inversiones para el procesamiento de productos agropecuarios, pero no fueron suficientes para promover el desarrollo agropecuario e industrial.

En los gobiernos de Paz Zamora, con la privatización de las empresas de la CBF y otras estales y de Sánchez de Lozada, con la capitalización y otras medidas, se intentó dar más importancia a la inversión privada frente a la pública, pero no se logró la respuesta que se esperaba del sector privado. En los años 2006-2016, el sector privado tampoco supo aprovechar el auge en el que vivió Bolivia manteniendo su inversión en un nivel histórico de 5,3% del PIB cuando fue razonable esperar que llegue por lo menos al 15%.

En ese contexto, los dólares que provenían de las millonarias exportaciones fueron a alimentar el consumo de bienes importados. Las reservas internacionales no tardaron en mermar. Los productores públicos y privados se vieron afectados y algunos de estos últimos se convirtieron en importadores.

Se esperaba un mayor esfuerzo del sector privado para contribuir a la economía del país. No se trata, como alguna gente plantea, una dicotomía entre inversión pública o inversión privada. Lo razonable es pensar en que las dos deben existir, sin competir y complementándose la una a la otra. Ambos sectores no deben ser vistos ni como rivales ni como sustitutos.

No se puede obligar al sector privado a invertir más, pero es importante identificar los factores que permitan comprender por qué tiene ese comportamiento timorato. Posiblemente, uno de ellos es la deficiente (y corrupta) administración de la justicia, otro es la falta de coordinación con las autoridades estatales para completar los eslabones faltantes en una cadena de producción; un tercer factor puede ser el marco macroeconómico que no protegía la producción nacional; un cuarto factor puede referirse a la debilidad del sector privado de formular proyectos y ejecutarlos eficientemente. Sin duda, hay otros factores más que se requiere identificarlos lo que se hace necesario para diseñar políticas que permitan su fortalecimiento.

Mucha gente tiende a achacar a la corrupción los problemas de mala asignación de las inversiones y de la deficiente administración de las empresas en el sector público. Esto puede ser parcialmente cierto, el resto está explicado por la deficiente formación profesional de los tomadores de decisión, algo que es común al sector privado. La deficiente administración de las empresas públicas se debería, en parte, a la política clientelista de los gobiernos. El espejo del clientelismo en el sector privado está en la contratación de los parientes de los dueños de las empresas. Muchas entidades públicas registran dificultades y también es frecuente que empresas privadas quiebren por su mal diseño original y su deficiente administración.

Las encuestas de hogares del INE muestran sistemáticamente que ninguno de los dos sectores tiene personal mejor capacitado que el otro. El sector público paga mejores salarios que el privado, pero su estabilidad laboral está continuamente en peligro lo que hace huir a los pocos buenos profesionales que tiene Bolivia.

Más allá del discurso político, es necesario preocuparse por las debilidades de formación de los operadores en el sector público y en el privado. Está claro que ambos sectores tienen debilidades importantes.

Rolando Morales es PhD en economía.