¿Quieren los jóvenes mejorar su participación política?

Cuando pensamos en los jóvenes lo hacemos como agentes de cambio capaces de desafiar lo establecido para construir un futuro mejor. Y con razón: en Bolivia, el 31% del padrón electoral está compuesto por personas de entre 18 y 30 años y los menores de 40 años representan el 54% del electorado. Y aunque esta cifra sugiere un enorme potencial de renovación política, su presencia numérica no se traduce en una representación equitativa en los espacios de toma de decisión. ¿Por qué?

¿Interesados, pero limitados? La juventud boliviana ha demostrado su capacidad de movilización. En 2019, miles de jóvenes salieron a las calles en defensa de la democracia, mostrando que es posible pensar en tender puentes más allá de la polarización. Sin embargo, su participación sostenida en la política, con los mecanismos establecidos, enfrenta -ahora más que antes- barreras estructurales que dificultan su involucramiento activo.

Uno de los principales obstáculos es el desigual acceso a la educación, sobre todo entre áreas urbanas y rurales, así como las desigualdades socioeconómicas que limitan la capacidad de muchos jóvenes de acceder a una educación de cierta calidad; esto reduce sus oportunidades de formación cívica y política e impide el desarrollo de capacidades para comprender y participar activamente en procesos democráticos.  

Otra barrera importante es la brecha digital. No todos tienen acceso a dispositivos electrónicos, a una conexión estable a internet o no todos saben cómo usar o manejar tecnologías de información (analfabetismo digital), lo que restringe su acceso a la información y a plataformas de participación digital. Además, la proliferación de noticias falsas y la manipulación en redes sociales afectan su confianza en las instituciones democráticas y muchos no cuentan con la formación suficiente (volvemos a los efectos de una educación de baja calidad) para discernir fuentes confiables ni para analizar discursos políticos con un pensamiento crítico.

Por otro lado, la juventud enfrenta varias barreras en su militancia en los partidos políticos. Entre ellas la “instrumentalización” de su participación -se los utiliza para campañas y acciones que requieren movilización, no así en espacios de toma de decisión-, el caudillismo y falta de democracia interna en los partidos políticos; al momento de definir candidaturas se eligen a jóvenes del entorno cercano al caudillo “a dedo”. Y, finalmente, la falta de capacidad económica para aportar o financiar sus campañas.

A esto se suma la percepción de que los partidos políticos son estructuras corruptas, ineficaces o desconectadas de la realidad juvenil desincentiva su participación en elecciones. Prefieren involucrarse en temas como derechos humanos, feminismo, medio ambiente y educación a través de movimientos independientes, ya que sienten que los partidos tradicionales no les ofrecen espacios reales de incidencia.

Y también se debe considerar el impacto de la pobreza y la precariedad laboral. Para muchos jóvenes, la prioridad es encontrar un empleo que garantice su subsistencia, dejando en segundo plano la militancia política o la participación en espacios que les permitan desarrollar sus capacidades. Asimismo, la migración en busca de mejores oportunidades reduce su participación en la política local y debilita los movimientos juveniles en sus comunidades de origen.

A pesar de todo, ¿pueden ser protagonistas del cambio? Sí. La experiencia de la Fundación Jubileo en 2024 lo demostró al reunir a casi 80 organizaciones juveniles para discutir su papel en la política. En un contexto de crisis múltiple y con elecciones generales en el horizonte, los jóvenes identificaron desafíos, pero también plantearon propuestas concretas para fortalecer su participación.

Lo que exigen los jóvenes. En las mesas técnicas realizadas en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, más de 100 jóvenes, mujeres y varones, analizaron el nivel de acceso a información clara y accesible sobre el funcionamiento del sistema político y electoral, y sobre las propuestas programáticas de los partidos; para esto, proponen el uso de aplicaciones móviles, redes sociales y otros canales digitales para difundir esta información. Ligado a esto, vieron la necesidad de tener incidencia en los programas de gobierno de las organizaciones políticas que participaran en las elecciones generales de este año y solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que facilite espacios de diálogo entre partidos y juventudes para que sus demandas sean incluidas en los planes de gobierno.

Para mejorar su representación, pensaron en plantear cuotas generacionales en las candidaturas y plantearon al TSE que recomiende la inclusión de jóvenes en las listas electorales para 2025 y, a largo plazo, que se establezca una cuota generacional del 20% para cargos titulares y 30% para suplentes en todos los niveles del Estado, mediante una reforma a la Ley 026 de Régimen Electoral.

Finalmente, y para tener la posibilidad de emitir recomendaciones al organismo electoral, decidieron sugerir que el reglamento de observación electoral permita la inscripción de misiones juveniles sin la exigencia de personería jurídica -que muchas organizaciones juveniles no tienen- y que incluya criterios con enfoque generacional que sí podrían cumplir.

Un desafío y una oportunidad. Los jóvenes bolivianos enfrentan barreras significativas para su participación política, pero los representantes de organizaciones juveniles también tienen claridad sobre lo que necesitan o se podría hacer para superarlas. Más allá del desencanto con la democracia, con las instituciones y con los partidos tradicionales, entre otras cosas, su interés por incidir en temas clave y su capacidad organizativa demuestran que pueden ser actores fundamentales en la transformación del país.

La pregunta no es si los jóvenes quieren participar en política, sino si las estructuras actuales están dispuestas a abrirles las puertas.

Sandra Verduguez es comunicadora social.