¿Quién nos salvará del Defensor del Pueblo?

Las oficinas del Defensor del Pueblo son una forma de vigilancia del gobierno, que investiga y resuelve las quejas de los ciudadanos. Pero ¿qué hacer cuando este tipo de entidad en realidad parece estar más en contra de la ciudadanía?

Está claro que este no es mi tema, pero una boliviana que ha estado observando esta última etapa previa a la elección de un Defensor del Pueblo no puedo más que expresar mi seria preocupación. Realicé una breve revisión fue provechosa para aprender más sobre este tipo de entidad.

La primera oficina de la Defensoría del Pueblo se estableció en Suecia en 1809. En el siglo 20, Finlandia, Noruega y Dinamarca siguieron esta idea. De allí la iniciativa saltó al Reino Unido  y hoy existen más de 80 países con este tipo de entidades.

Una oficina de Defensoría, debería tomar las quejas de los ciudadanos contra las agencias gubernamentales, con la intención de resolver la queja rápidamente y sin costo alguno para el denunciante. Para cumplir con esta tarea, debe tener independencia de la rama administrativa a la que la oficina investiga, poder para obtener datos relevantes y credibilidad tanto con los ciudadanos como con el gobierno. Si bien las oficinas del Defensor del Pueblo tienen un poder considerable, en última instancia solo pueden hacer recomendaciones; no pueden obligar al cumplimiento.

Tampoco tenía idea de que existe un Instituto Internacional de Defensoría (International Ombudsman Institute - IOI). Establecido en 1978, es la única organización global para la cooperación de más de 200 instituciones independientes de Defensoría de más de 100 países en todo el mundo. El IOI apoya a sus miembros de tres formas: formación, investigación y subvenciones regionales para proyectos.

Como habrá adivinado, Bolivia no es miembro de esta instancia internacional, de pronto porque en los últimos años la Defensoría del Pueblo en Bolivia, no ha dado la talla para proteger a las personas contra la violación de los derechos, el abuso de poder, las decisiones injustas y la mala administración.

Se podría argumentar que quizás esto se debe a que fue un cargo con interinato por demasiado tiempo. Luego de 1998, cuando inició sus funciones mediante Ana María Romero de Campero, de los siguientes defensores que hubo, la mayoría solo recordamos dos nombres más y los restantes o tuvieron gestiones cortas o muy cuestionables.

Al terminar este corto repaso sobre cómo debería operar una Defensoría, y al contemplar que varios de los postulantes, no tienen ni un currículo profesional, que demuestre la idoneidad para el cargo y menos que vaya a ser imparcial, debido a su conocida actividad inclinada a favor de un partido, no puedo más que lamentar que una buena intención, hoy esté al filo de no ser más que una mala ejecución y con una grave amenaza para los ciudadanos.

Precisamente, como tutora de un equipo de competencia internacional en temas de biotecnología, que ha tenido muchos obstáculos por parte de aduanas, aún con donaciones que se nos hizo, uno se queda impotente, porque no hay dónde realizar un reclamo que permita mejorar la gestión en estos asuntos, y a la larga, beneficiar el desarrollo de la investigación en el país.

Estoy segura, que hay varias áreas más en tecnología, educación, salud y más que podrían beneficiarse de contar con un verdadero Defensor del Pueblo. Pero luego de ver el desfile de sorpresas, la verdad quedo convencida que estas son algunas de las situaciones que nos estancan en alcanzar una soberanía científica y en lograr desarrollar nuestra propia tecnología.

Cecilia González Paredes M.Sc.

Especialista en Agrobiotecnología