¿Quién defiende las democracias latinoamericanas?

Iniciamos el 2024 con la certeza de que la democracia en América Latina está amenazada. El año que termina nos ha permitido comprobar que la clase política en Bolivia y Ecuador, salvo contadas excepciones, no está capacitada para enfrentar las amenazas y que, por el contrario, es parte de ellas. Con ese panorama, la lucha por la democracia recae sobre la sociedad civil y sus múltiples sectores.

Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán, dos estudiosos sobre Latinoamérica, sostienen que la supervivencia de las democracias depende en gran parte del valor que le otorguen los actores políticos y de su comportamiento moderado o radical. Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter, por su parte, enfatizaron en la importancia del rol de las élites políticas, sus compromisos y decisiones estratégicas, para el fortalecimiento de la democracia. Esto quiere decir que la capacidad de las élites de apreciar el valor intrínseco de la democracia define sus acciones.

En Ecuador, el caso Metástasis impulsado por la fiscal Diana Salazar abre un nuevo capítulo de su historia política en el que los secretos a voces se vuelven una realidad irrefutable: los vínculos entre el crimen organizado y la política existen y marcan el rumbo de la democracia. La clase política se divide entre aquellos que defienden intereses inconfesables, como la impunidad de quienes cuando fueron Gobierno sentaron las bases de la narco-política en el Estado entre 2007 y 2017, y quienes se han convertido en cómplices de aquello mediante supuestos pactos de gobernabilidad. La nueva generación en el poder sostiene un discurso que pretende romper con la polarización entre correísmo y anticorreísmo, pero termina vacío de argumentos e identidad.

En Bolivia, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que determina que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, abre una ventana hacia la recuperación del principio de alternabilidad en el poder, fundamental en los regímenes democráticos. Evo Morales ha reaccionado frente a la imposibilidad de postularse para las elecciones de 2025, afirmando que “tenemos un Lenin Moreno en Bolivia”, refiriéndose a Luis Arce. Su afirmación evidencia la falta de conocimiento al hablar del expresidente Lenin Moreno, quien a pesar de no estar exento de errores, evitó que Ecuador experimente la instauración de un régimen autoritario basado en la narco-política y al que hemos logrado frenar en las urnas desde 2017, pero que nos “respira en la nuca”.

En este escenario, la defensa de la democracia se convierte en un desafío para la sociedad civil. En Ecuador el periodismo de investigación, por ejemplo, ha demostrado su compromiso develando las tramas del crimen organizado y sus vínculos con la política. Se han sumado a esa lucha aquellos que, desde un sistema de justicia destruido, han optado por defender lo poco que queda del Estado de derecho, con la fiscal Diana Salazar a la cabeza. El costo para unos y otros, ha sido el miedo y hasta la muerte. En Bolivia el periodismo ha sufrido los embates de un régimen en donde desde el primer gobierno de Evo Morales, el oficialismo ha construido su propia estructura mediática, dejando en desventaja a los medios independientes. No sabemos qué pasaría si el periodismo cumpliera el rol de investigar y develar las estructuras del poder político y sus vínculos con el narcotráfico, la incógnita permanece abierta. Mientras tanto, la justicia está secuestrada por la ineficiencia y la corrupción, y no existe la voluntad política para sanearla.

La academia en los dos países se mantiene en silencio frente a preguntas que resultan urgentes: ¿Cómo analizar la democracia en Ecuador a la luz de la narco-política? ¿Cómo analizar la democracia en Bolivia más allá de la crisis del MAS? ¿Cuáles son las posturas y las herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas para analizar Ecuador y Bolivia ahora? Se trata de potenciar el análisis académico colectivamente, bajo el compromiso con lo que Mainwaring y Pérez Liñán llamaron preferencias normativas por la democracia.