Gobernanza criminal, ¿a qué nos enfrentamos?

¿Cómo analizar las relaciones entre el crimen organizado y la política en América Latina? Es una pregunta que no podemos evitar si queremos comprender la deriva autoritaria que nos acecha y que amenaza nuestras frágiles democracias actualmente. El espectro va desde dictaduras competitivas, como se llama actualmente a regímenes como Venezuela y Nicaragua, en donde el autócrata se somete a simulacros electorales para legitimar su permanencia en el poder, hasta Estados que libran batallas internas y resisten al crimen organizado que ha permeado sus instituciones como en Ecuador, permaneciendo en una situación de conflicto constante en donde el Estado de derecho está a punto de ser destruido.

El narco Estado, la narcopolítica, son términos que nos ayudan a delimitar y develar la verdadera gravedad y magnitud de las amenazas a nuestras democracias, porque ya no se trata de analizar fuerzas políticas que cuando asumen el poder practican corrupción simple y llana, a través de la apropiación de dineros públicos para intereses privados, o del tráfico de influencias para conseguir contratos o cargos a dedo. Cuando el crimen organizado y la política se juntan, el Estado de derecho deja de garantizar a sus ciudadanos lo más elemental: la seguridad, la vida. Un Estado permeado por el crimen organizado se transforma para garantizar y encubrir las actividades ilícitas que componen el negocio del narcotráfico, la trata de personas, secuestros, extorsiones y un largo etcétera.

Esta transformación de nuestros Estados puede analizarse a la luz de la noción de “gobernanza criminal”, que es la capacidad de gobernar por fuera del marco legal del Estado, corrompiendo las instituciones y transgrediendo sus límites.

¿Qué implica vivir bajo regímenes de gobernanza criminal? La gobernanza criminal sólo puede existir si el ejercicio legítimo de la fuerza estatal, léase, de políticas de seguridad y coerción a manos de las fuerzas del orden, se va mermando e incluso reemplazando por el crimen organizado y sus ejércitos privados. Para que esto suceda, es necesaria la reconfiguración de reglas y leyes como estrategia de ordenamiento y legitimación. Es decir, las leyes, pasan a ser aplicadas para garantizar el funcionamiento de la gobernanza criminal. En la gobernanza criminal las instituciones pasan a ser controladas por actores violentos que actúan por fuera de la ley y tienen agendas criminales y coercitivas. A nivel territorial, la disputa es por la soberanía a manos de actores armados no estatales. Se da un proceso de transgresión estatal en el que las instituciones forman parte de actividades económicas y políticas ilegales.

Podemos ver que no se trata sólo de gobiernos corruptos, los actores que participan de la gobernanza criminal están por fuera de lo legal y son violentos. La sociedad civil pierde su capacidad de iniciativa democrática y de control social a los poderes del Estado. Con excepción de Nicaragua y Venezuela, los demás países estamos a tiempo de resistir la arremetida autoritaria de la narco-política, pero para eso es necesario reconocer y develar a las fuerzas políticas que trabajan para el crimen organizado, así como sus estrategias para penetrar la institucionalidad estatal. Si bien es fundamental ganarles espacios desde la contienda electoral, no es el único terreno desde el cual debemos luchar. Estamos frente a una batalla ética, en donde las líneas rojas deben marcarse con claridad, y para eso la sociedad civil es un actor fundamental. En Ecuador los casos Metástasis y Purga iniciados por la Fiscal Diana Salazar son el inicio de una depuración que sólo será posible con el apoyo de la sociedad civil y la clase política, aquella que no representa al crimen organizado.