Privilegios de los sobornables del gobierno

Mientras la crisis económica cada vez se agudiza más, sometiendo al pueblo boliviano a un escenario de sobrevivencia, paralelamente esa situación no afecta a los sobornables, comprables y corrompibles a los que acude el régimen para sostenerse políticamente.

La exponencial pérdida del poder adquisitivo de los salarios e ingresos en general de la población, se contradice con los privilegios que el régimen otorga a determinados sectores por ser sus clientes políticos, alcanzando ribetes de inmoralidad e injusticia, incluso de discriminación, porque se transgrede ostensiblemente el principio universal sobre la igualdad de derechos, oportunidades y deberes que tiene que imperar en el país, para todos.

Es importante identificar a estos sectores que podríamos denominarlos los “FALSOS POBRES”, porque se presentan como si se tratara de un sector excluido económica y socialmente, sin embargo, por el tipo de actividad que desarrollan generan millonarias ganancias cuyos ahorros ya no están en un banco, sino a buen recaudo, probablemente en varios colchones o en cuentas bancarias del exterior.

Uno de los casos más emblemáticos es el de los productores de coca, cosechan hasta cuatro veces al año, con bajísima inversión en tierras cultivables que antes estaban destinadas para plantar, cosechar y comercializar otros productos, sin embargo, esas cuantiosas ganancias no le reportan ningún beneficio al Estado, además del antecedente de que el mayor porcentaje de la producción está destinada a la fabricación de cocaína. Empero los gobiernos municipales de las regiones donde impera esta actividad, como el Chapare, funcionan con presupuesto asignado por el Estado. Es decir, los cocaleros se hacen millonarios proporcionando la materia prima para esta ilícita actividad, no aportan con un solo centavo al Estado al estar liberados de toda carga impositiva, a pesar de que, con los impuestos de todos los bolivianos se tiene que solventar la satisfacción de las principales necesidades de esas regiones, como sus centros de salud, infraestructura escolar, saneamiento básico, desarrollo urbano, etc., a través del presupuesto asignado a sus gobiernos municipales.

El otro caso emblemático, es el de los cooperativistas mineros, que se caracterizan por ser clientes políticos del gobierno, los que superan el número de 100.000, representando el 90% del empleo minero nacional. La cantidad de mineral que sale del país para su comercialización externa, no guarda ninguna relación con las míseras regalías que dejan para el Estado (menos del 3% al PIB). Se trata también de un sector privilegiado que todos estos años destruyó el medio ambiente especialmente través de la explotación aurífera utilizando mercurio, con la anuencia y complicidad del Estado. No contribuyen en nada al desarrollo de las regiones donde extraen oro, por el contrario, son los causantes de las inundaciones acontecidas en esos lugares. En lo individual ninguno de ellos paga impuestos. Es más, cuando no les dan lo que piden, no tienen problema en invadir la sede de gobierno, aterrorizando a la gente a plan de dinamitazos. No hay problema, son masitas, no serán detenidos, aunque cometan delitos en su movilización.

El caso que genera similar indignación, se refiere a los dirigentes sindicales, empezando por el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi que dedica gran parte de su tiempo a activar para el gobierno, percibe un sueldo que supera los 15.000 bolivianos (sin contar los ingresos colaterales) sin trabajar un solo día. Es decir, no representa ni defiende intereses de la clase trabajadora, es funcional al régimen que le facilita un sueldo sin concurrir a su fuente de trabajo. Esta anomalía se extiende a muchos sectores donde la famosa “comisión sindical” se convirtió en una forma grosera de percibir un sueldo sin la contraprestación laboral correspondiente. Otro caso indignante es el de los dirigentes sindicales de YPFB. Acaba de publicarse la lista de dirigentes que perciben sueldos por encima de los 40.000 Bs. (casi el doble del sueldo presidencial) sin trabajar.

Lo descrito en el presente artículo es la muestra pequeña de los privilegios que concede el régimen a determinados sectores, a cambio de la subordinación y respaldo político, en desmedro de la economía del Estado, en plena crisis, generando repudiables mecanismos de discriminación, mientras el conjunto de la ciudadanía se ve sometida a un escenario de inestabilidad, alza permanente de los precios de alimentos, inseguridad jurídica, indefensión ciudadana, ausencia de carburantes, tratando de aguantar la crisis, mientras determinados sectores gozan del privilegio de cobrar salarios sin trabajar,  percibiendo  cuantiosos ingresos sin pagar impuestos o dando míseras regalías al Estado.

Estas desigualdades y otro tipo de injusticias deben que acontecieron y aún se suscitan por decisión de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, deben ser extinguidas definitivamente al concluir el oprobioso ciclo político del MAS, en sus dos vertientes.

Waldo Albarracín fue presidente de la APDHB, Defensor del Pueblo y rector de la UMSA.